Oferente que puntea en licitación del bono alimentario asegura que la llamaron y amenazaron.
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La representante legal de la firma Jaramillo Pérez y Consultores Asociados está en una sin salida: por un lado, va punteando en la licitación por 35.000 millones de pesos para encargarse de la entrega de un bono alimentario a las familias más pobres de Medellín para lo que resta del año, por cuenta del presupuesto municipal, pero ya no quiere ganársela porque sospecha que el desarrollo del contrato le traerá más problemas que beneficios económicos.
Las suspicacias al respecto comenzaron hace casi dos semanas, cuando una voz joven la llamó a su celular indicándole que el proceso iba bien pero que se necesitaba que hiciera un aporte económico. En palabras castizas, le estaba cobrando una comisión, coima o soborno.
La señora Sonia Cuero —así se llama— admite que se puso muy brava e insultó a su interlocutor, advirtiéndole además que era imposible que le quitaran el contrato porque en la evaluación, entre los cinco oferentes que se presentaron, su empresa era la del mejor puntaje, obteniendo una calificación impecable de mil puntos sobre mil.
Ahí vino un contraataque que la dejó pasmada de momento pero no le quitó la determinación de no ceder ante el chantaje.
—Es posible que no le podamos quitar el contrato, pero sí le podemos retrasar los pagos—, le dijeron desde el otro lado de la línea, antes de que ella cortara, tras unos cuatro o cinco minutos de una conversación tensa.
“Yo no puedo asegurar que haya sido un funcionario de la administración de Medellín”, aclara la señora Cuero refiriéndose a quien le hizo la exigencia.
Lo cierto es que la contundencia de esta última advertencia y otros hechos la motivaron a solicitarle a la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, que le haga seguimiento al proceso de adjudicación de dicho contrato. “Con el debido respeto me dirijo a Usted para solicitar se sirva designar a un funcionario de esa entidad para BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO al proceso asunto, el cual se encuentra en proceso de Adjudicación en audiencia programada para el día agosto 26 de 2022 a las 9 am.”, dice la carta.
Algo que la llevó a acrecentar las sospechas han sido los aplazamientos de la audiencia de adjudicación del contrato, mediante cuatro adendas firmadas por la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado, como encargada de este tipo de contratos, aunque la supervisión corre por cuenta del equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que depende del secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Santiago Preciado. EL COLOMBIANO buscó la versión de los dos funcionarios pero al cierre de esta edición no habían contestado los mensajes.
El contrato publicado el 10 de junio pone como fecha para la audiencia el 4 de agosto y posteriormente ha habido cuatro modificaciones al cronograma. Según la cuarta adenda, del jueves pasado a las 5:30 p.m., ahora está para el próximo martes 30 de agosto.
“Las adendas empiezan a generar mayor sospecha, por qué para qué esta dilación?, dice la señora Cuero.
La explicación que aparece en los documentos firmados por Delgado hablan de la necesidad de ampliar el plazo para poder responder a las “observaciones y subsanaciones” hechas por las empresas participantes.
Pero ahí no paran los motivos de la señora Cuero, pues asegura que a otros dos directivos de las firmas que están pujando en esta licitación también los llamaron haciéndole la misma propuesta “indecente”. Específicamente a uno de ellos le explicaron lo que no le pudieron decir a ella antes de que colgara el teléfono. Que la cuota consistía en un 10 % del valor total que debe destinar a la entrega de alimentos, pues existe otro componente del presupuesto que se va en el pago del recurso humano necesario para acometer la misión encomendada.
Si así es como están adjudicando el contrato, el contratista tiene que dar carne de caballo o burro para cumplir con el compromiso y generar alguna utilidad”, añade.
En un laberinto
Asegura que los tres se pusieron de acuerdo en que no van a acceder a las pretensiones. Sin embargo, como los demás tienen contratos que se podrían malograr con la administración de Daniel Quintero, prefirieron no exponerse públicamente y que ella llevara la vocería por dos motivos adicionales: que no la atan hoy día más contratos con la Alcaldía y la credibilidad que le da el estar marcando la punta entre las ofertas presentadas.
Jaramillo Pérez y Consultores Asociados ya había sido ejecutor de este programa el año pasado y asegura que jamás le pidieron comisión por lo cual no dudó en presentarse de nuevo. No obstante, en este momento asegura que se encuentra en un parangón: ya no quiere ejecutar el contrato si se lo gana porque siente que no goza de las garantías. Sin embargo, tampoco podría negarse debido a que suscribió una póliza que le impide retractarse y le tendría que pagar una costosa indemnización al Municipio de Medellín por perjuicios, además de que quedaría inhabilitada para contratar con el Estado.
“En la audiencia voy a dejar constancia de todo lo que ha pasado”, puntualizó.