EL SALVADOR:
Por Claudia Espinoza
El régimen, los vicios procedimentales y la falta de gobernanza, entre otros factores, son claro signo del desmantelamiento de contrapesos que identifica ese ente.
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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un informe donde asegura que el gobierno salvadoreño y «sus aliados en la Asamblea Legislativa han desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos».
Entre estas acciones de desmantelamiento, una de las que recoge la mayor parte de víctimas y que es de las más recientes, son las capturas arbitrarias, torturas y muertes de las personas capturadas durante el régimen de excepción que se implementó desde el 27 de marzo de 2022, aprobado por la Asamblea Legislativa y que recién acaban de aprobar su décima prórroga.
«Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal y Human Rights Watch, han documentado graves abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos durante la detención, así como violaciones del debido proceso», detalla el informe.
En el análisis presentado por Human Rights Watch se destaca que varias de las detenciones que realizan los policías y militares son por «la apariencia física o el lugar de residencia de las personas». Y en muchos casos, las organizaciones que están registrando las capturas arbitrarias, han identificado que las personas capturadas no tienen ninguna relación con las pandillas; que es el argumento emblema de las autoridades adjudicándoles el delito de «asociaciones ilícitas».
Como resultado de estas capturas, a más de 54,000 personas se les decretó detención provisional permaneciendo seis meses como mínimo en un centro penitenciario. Human Rights Watch denunció que esto provoca el aumento del hacinamiento carcelario, llegando a un aproximado de 97, 000 personas en los distintos centros penitenciarios.
«Las condiciones carcelarias, que ya eran deficientes —incluyendo hacinamiento, violencia y acceso limitado a servicios básicos como alimentación y agua potable—, se han agravado», enfatizó.
Otro de los puntos graves que destacó Human Rights Watch fueron las muertes de reos bajo la custodia del Estado. Según los datos que maneja la institución, hay 90 muertos en los centros penales desde que se implementó el régimen de excepción. Aclaró que a estas personas no se les ha realizado autopsias ni se les ha respetado estándares internacionales ni la práctica médica que es aceptada para investigar este tipo de muertes.
Human Rights Watch también habló de que la administración puso fin al funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que ya había remitido 12 casos de corrupción, varios de ellos cometidos durante la pandemia, para ser investigados en su oportunidad.
Además, la entidad internacional de defensa de derechos humanos acusa al gobierno de debilitar al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con las reformas aprobadas por la Asamblea, y que reducen la autonomía de la institución.
Durante 2022, Human Rights Watch también asegura que desde que Gana entró al poder ha «cooptado a las instituciones democráticas» con las medidas que ha tomado, en especial con la destitución de los magistrados constitucionales, en mayo de 2021; y en agosto, la aprobación por parte de la Asamblea de reformas a la Ley Orgánica Judicial, que obligó en septiembre el cese de sus cargos a más de 300 jueces y magistrados.
Y no menos importante, el aval de la Sala de lo Constitucional a la reelección presidencial, a pesar de que hay suficiente jurisprudencia contra esta idea.
Otro de los desmantelamientos identificados en el gobierno es la amenaza a la libertad de expresión.
Al respecto, Human Rights Watch citó a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que dijo tener registrados los casos de nueve periodistas que tuvieron que huir del país «por temor al hostigamiento y a detenciones arbitrarias».
También mencionó la aprobaciónde reformas que realizó la Asamblea Legislativa al Código Penal que establecieron nuevas penas de prisión de hasta 15 años para periodistas que «reproduzcan mensajes de las pandillas».