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Comunidad pide que se cumplan acuerdos pactados para las obras del Canal del Dique

Comunidad pide que se cumplan acuerdos pactados para las obras del Canal del Dique

Erix Montoya Bustos

En sesión del Concejo de Cartagena se realizó debate de control político sobre el proyecto.

En la sesión, se dio paso al debate de control político sobre la mega obra de reconstrucción de ecosistemas del Canal del Dique, en esta se encontraban citados EPA, representantes empresas Ecosistemas del Dique y Sacyr e invitados Cardique, Ministerio de Ambiente, representante ANI, ANLA, Procuraduría Regional y 3 judicial para asuntos ambientales, representantes del fondo de adaptación, Cormagdalena y consejos comunitarios con incidencia en la zona del Canal del Dique.

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Al confirmar la asistencia, solo estaban presentes en el debate; Ecosistemas del Dique y Sacyr, y representantes de la ANI, del fondo de adaptación y consejos comunitarios. Inicialmente, el concejal citante Armando Córdoba (Alianza Verde) reconoció la importancia de este proyecto para la protección del medio ambiente y la bahía de Cartagena. Mencionó que el Concejo quiere convertirse en un espacio de acompañamiento a la obra y que todo salga lo mejor posible.

Por su parte, el representante de la empresa Ecosistemas del Dique, German de la Torre, explicó que la Concesionaria Ecosistemas del Dique hace parte de Sacyr Concesiones. Sobre las obras, explicó que desde junio de 2023 están en etapa de pre-construcción que se extiende por 18 meses y están enfocadas a hacer estudios y diseños, gestión previa para desarrollo del proyecto, plano hidro-sedimentológico y las actividades del plan de gestión social.

Dio también contexto geográfico del canal, explicando que es un canal artificial que va desde el municipio de Calamar hasta la bahía de Cartagena impactando a 1.5 millones de personas en 435 mil hectáreas. Indicó que la siguiente etapa es la de construcción, que demora 4 años y 3 meses y contempla:

Dos esclusas en Calamar y Puerto Badel para el control del caudal de agua y sedimento.

Mejoramiento de los complejos cenagosos: 1. Complejo Calamar, que son compuertas para el control del caudal e inundaciones; 2. Complejo Puerto Badel: control de entrada de sedimentos a la Bahía de Cartagena.

La última etapa corresponde a la de operación y mantenimiento que dura 9 años y 1 mes, para un total de 15 años de concesión. También se harán actividades de mantenimiento de la infraestructura existente como diques, jarillones, vías, dragados. Indicó que el control de inundaciones sucederá al finalizar la construcción de las compuertas del Complejo de Calamar en 2028.

En total, se harán 36 obras, siendo 2 obras principales que son los complejos y las esclusas. Las otras obras corresponden a 4 de protección, 22 de interconexión, 3 diques, 2 canales de aprovisionamiento, 2 de control de flujo y 1 realce de vía.

Enumeró los beneficios, siendo el control de la intrusión salina, control de tránsito de sedimentos, restauración de los ecosistemas y adaptación al cambio climático. En la inversión social se generará empleos, capacitaciones, proyectos productivos, infraestructura comunitaria, mantenimiento de la navegabilidad, apoyo a requerimientos de la JEP. Informó que la inversión total del proyecto sería de $3.2 billones.

Por parte de la ciudadanía, Neiser Elles lamentó la ausencia de Cardique y ANLA, señalando que el mantenimiento de las obras no fue socializado con las comunidades y que dichas actividades solían ser realizadas por Cardique. Destacó la falta de actualización de las líneas de bases económicas, del estudio sedimentológico y de un estudio sobre el impacto social.

Luis Julio, representante de agricultores, expresó su preocupación por que el nombre del proyecto no refleja su verdadero impacto, ya que la obra resultaría en la destrucción de comunidades debido a la entrada de agua salada en zonas de cultivo y a la afectación de la fauna de agua dulce.

John Castro, de la comunidad de Bocachica, rechazó la posibilidad de que pase una draga por la zona y que se disponga la sedimentación en áreas de pesca, lo cual afectaría a toda la comunidad que depende de esta actividad económica. Norberto Carmona, de la comunidad de Pasacaballos, advirtió sobre los represamientos que provocaría la construcción de las esclusas, lo que resultaría en la inundación de Pasacaballos.

Delia Aguilar, de la comunidad de Gambote, refutó la afirmación del Ministerio del Interior sobre acuerdos parciales con la población, señalando que no es cierto. Mirla Aaron destacó que el nombre del proyecto sugiere una recuperación de áreas ambientales, pero ahora parece más relacionado con hidrovías. Pidió que se incluyan a las comunidades de Caño del Oro y Tierra Bomba en las discusiones.

Jorge González señaló que el proyecto comenzó sin consulta previa a las comunidades y cuestionó cómo navegarían por el canal sin las esclusas. Willman Herrera resaltó la importancia de preservar las consultas y acuerdos con las comunidades y proteger sus actividades económicas.

Laura Cantillo cuestionó la ausencia de la presidenta de la gestión contractual de la ANI y mencionó que el plan de restauración sigue bajo la responsabilidad de Cormagdalena, ya que la ANLA no se ha pronunciado sobre los planes solicitados, lo que podría constituir una usurpación de funciones.

El concejal citante Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó conocer si el cronograma, con la entrada de la licencia ambiental, se modificará. En cabeza de quién está realizar la licencia ambiental, cómo se garantizará la mano de obra local, cómo se protegerá la bahía de Cartagena, calidad del mantenimiento, caracterización y la licencia ambiental, la cual es garantía de derechos con las comunidades.

El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) mencionó que como concejales estarán acompañando el avance de este proyecto y que este no solo beneficia a la bahía de Cartagena, sino el bienestar de habitantes de Cartagena. Pidió también la protección de todas las comunidades aledañas al Canal del Dique.

El concejal Lewis Montero (La U) sugirió que se suspenda el debate para que pueda continuar en otra sesión, escuchar al resto de funcionarios e invitar nuevamente a quienes no asistieron. La concejal Luz Marina Paria (ASI) mencionó que se debe garantizar a las comunidades que no se ven afectados por el agua salada.

Atendiendo la solicitud del concejal Montero, el presidente David Caballero suspendió del debate. Al no haber proposiciones ni intervenciones de los concejales, se dio por terminada la sesión.

 

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