Álvaro Guerrero Arango
Hace un mes, el Domingo de Ramos, cientos de habitantes de Caucasia decidieron irse a vivir a la Hacienda Santa Helena, un inmenso predio vacío apetecido por todos.
Días después, el Presidente dio un discurso y los invasores se multiplicaron.
La invasión de tierra más grande de Colombia en este momento (y en casi todos los momentos) comenzó en Caucasia hace apenas un mes, el 24 de marzo pasado, Domingo de Ramos. Ni el gobierno ni ninguna entidad del Estado la ha calificado así, pero eso no quiere decir que no existan autoridades que la avalen: Manuel, que lleva 30 años tomando fotos por todo el país y recibiendo premios por ellas en todo el mundo, dice que no ha visto nada igual. Jaime, uno de los invasores, ciego desde hace nueve años, dice lo mismo cuando le habla a la cámara. Johan Montes, el alcalde del pueblo, incluso lo sostiene con cierto orgullo, como si eso, tener que lidiar con la invasión de tierras más grande del país, en un país que no ha hecho otra cosa sino pelear por tierras, lo subiera de categoría.
Son al menos 5.000 familias las que llegaron a montar un rancho, un plástico negro o verde, dos palos de madera que sostienen una hamaca, una cobija con un tigre estampado que protege de un sol de 30 grados a la Hacienda Santa Helena, un lote de 378 hectáreas donde cabe casi entera la comuna La América de Medellín, o 530 canchas de fútbol del tamaño del Santiago Bernabéu u ocho veces la Ciudad del Vaticano. Por eso es que cuando Manuel vuela el dron para tomar la foto que abre la portada de este periódico dice que hay una parte que se le queda por fuera.
La Hacienda Santa Helena es desde hace 20 años la tierra prometida de ese pueblo caluroso, ribereño, pobre y violentado: ubicada en una zona residencial, cerca del parque principal y de un centro comercial donde hasta cine hay, da por el frente con la troncal occidente, que recorre todo el país de sur a norte, de Ipiales a Barranquilla. Es un lote casi todo plano y podado con un lago en el medio: casi un campo de golf que los políticos de todos los especímenes han ofrecido como la solución de vivienda definitiva para sus gobernados.
Pero en la Hacienda Santa Helena nada había pasado en dos décadas hasta ese Domingo de Ramos, cuando la gente de todo el pueblo cogió el pedazo de tierra que encontró disponible. Cada lote mide lo mismo: seis metros de frente y doce de fondo. Por la finca se siguió el trazado de las vías del barrio vecino, El Camello, que en su momento fue una invasión más pequeña que esta. Las calles principales tienen ocho metros de ancho y las secundarias, seis. En un pequeño arbusto cerca del lago funciona el acopio de mototaxistas. Sentadas en unas sillas plásticas blancas, un grupo de mujeres venezolanas juega cartas. El case es de $2.000. Los niños, de cuatro o cinco años, ven videos en el celular. Hay gallinas por todas partes: es la escenografía colombiana de una película gringa.
El presidente Gustavo Petro fue a Caucasia el 11 de abril pasado, cuando la noticia de la invasión solo había salido en las redes sociales de Noticias Caucasia, el medio de comunicación más visto del pueblo, y en Teleantioquia apenas había merecido dos minutos de noticiero. Los invasores en ese momento eran 100 o 200, según las cuentas del alcalde Montes. La visita de Petro nada tenía que ver con lo que pasaba en Santa Helena. Fue al pueblo, acompañado del ministro de Minas y Energía, para formalizar a 156 pequeños y medianos mineros de la región. Los invasores aprovecharon para hacer una pequeña manifestación e intentar llamar la atención del Presidente. Se vistieron de blanco y pusieron a unos niños que todavía no están en edad de leer a cargar una cartelera que decía: “Familias en lucha por la vivienda digna”.
El Presidente se enteró. Entonces, en medio de su discurso, siempre improvisado, dio una orden: “Alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas no para que nos engañen, ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas”.
Para la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Presidente también tuvo instrucciones precisas: “¿Dónde hay predios de la SAE?”, le preguntó al director territorial de la entidad, Mauricio Urquijo. “Si hay un predio urbano o cerca de la ciudad, le pediría que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda y el gobierno nacional va a ayudarles por autoconstrucción, o sea, trabajando, a construir las viviendas en un barrio que pueda ser legal”, mandó.
Una semana después de esa orden, en Santa Helena ya no había espacio para nadie más, aunque nadie se quedó por fuera. Alcanzó para Pablo, un obrero que fue de los primeros en llegar y ahora es uno de los 21 líderes que los pobladores han nombrado hasta ahora, uno por cada sector de la finca. También para Marcela, la recepcionista nocturna del hotel donde nos hospedamos. Ernesto, que tiene 45 años y diez hijos, también alcanzó a coger su pedazo y ya no solo vive sino que trabaja en el lote, donde puso un punto de venta de jugo de sandía a $1.000 el vaso. Hay puestos de venta de cervezas, gaseosas, empanadas, papas rellenas, salpicones. Alguien puso ya una ferretería. La basura la sacan en moto hasta el barrio vecino los días que pasa el camión. Hay una señora con una carretilla que pasa lento en la mañana recogiendo el reciclaje. En un fogón de leña improvisado se cocina para dos o tres propietarios. Por lo general son dos comidas: un desayuno tarde y una cena temprana, tampoco es que cuidar un pedazo de tierra del tamaño del establo de un caballo demande mucha energía.
El tiempo parece detenido en un sol de mediodía que sale a las nueve de la mañana y empieza a ceder después de las cuatro de la tarde. A pesar de que todos los lotes están tomados, pareciera que todavía hubiera lugar para los sin casa de otros dos o tres pueblos: en el día los hombres se van a trabajar y las mujeres se quedan cuidando el lote. Que nadie piense que alguien se cansó de esperar la llegada del camión con los materiales de construcción o de las tanquetas de la policía para desalojarlos y se devolvió para su antigua casa, vieja, prestada, arrendada, alejada. Cualquier día parece un primero de enero. No hay gritos ni ladridos, los niños están en el colegio y los perros, fundidos por el sol. No hay peleas ni equipos de sonido que valgan la pena: los hombres son pocos y la energía todavía no ha llegado. Algunos se bañan cada par de días en la casa de algún familiar, otros, como Andrés, que tiene 22 años y sueña con ser soldado profesional, se bañan en el lago del campo de golf.
Hay pobres y ricos, migrantes y desplazados, jóvenes y viejos, perros y gallinas, ciegos y cojos, víctimas y victimarios. Salvo los pocos que cogieron su pedazo para hacer negocio y revenderlo, la mayoría no quiere o no puede seguir pagando arriendo. No importa si es de $300.000 o de $1.000.000. A nadie le alcanza con lo que se gana un mototaxista, un constructor, un albañil, un plomero o un vendedor informal, que es lo que hacen casi todos. Es como si se hubieran puesto de acuerdo a no vivir en un lugar que no fuera propio ni un día más.
En Las intermitencias de la muerte, la famosa novela de Saramago, las personas de un país un día dejan de morir y rápidamente quiebran las funerarias, colapsan los hospitales y entran en crisis las aseguradoras y los bancos. ¿Qué pasa en un pueblo donde un día la gente decide no pagar más el arriendo y toma un pedazo de tierra sin pagarlo y levanta su propia casa? ¿Desaparecen las inmobiliarias? ¿Los propietarios se vuelven tan pobres como sus antiguos inquilinos? ¿Se arma una guerra? ¿Se acaban los créditos hipotecarios y los bancos quiebran? ¿Es el fin del capitalismo?
El problema es que la Hacienda Santa Helena ni se vende, ni se arrienda, ni se hipoteca, ni se permuta —¿saben qué significa permutar? Es un intercambio— o al menos no por ahora por orden del presidente. La razón es que desde 1998 la hacienda es propiedad de Juan Gabriel Úsuga Noreña, un confeso exnarcotraficante que en 2001 fue extraditado a Estados Unidos. De acuerdo con las escrituras de los tres lotes que componen la finca, Úsuga pagó por ellas $1.225 millones y dos años más tarde, el narco pondría las tierras a nombre de una sociedad de su propiedad “Finca Santa Helena S.A.”. En 2003, le vendió a la empresa de transporte de gas y energía, Promigas, una servidumbre por unos $25 millones. En 2004, la Fiscalía le embargó la propiedad con fines de extinción de dominio.
Sin embargo, la tierra, al ser parte de una sociedad no es administrada por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, como casi todos los invasores creen, sino que es administrada por el agente liquidador de la Sociedad, que para este caso es Army Judith Escandón.
Como la propiedad es administrada por la sociedad, esta funciona como un privado que es quien decide a quién le vende, le arrienda, le hipoteca o le permuta. Además, en un fallo de primera instancia, el proceso de extinción de dominio salió a favor de Úsuga. Y aunque ese fallo puede dar un giro en segunda instancia y la SAE podría disponer del predio como quisiera, hasta que eso no pase, no puede hacer nada con él. De hecho, Úsuga, a través de Escandón ya ha puesto un par de querellas policiales y hasta una tutela para ordenar el desalojo del predio.
Pero esa solicitud no es solo improbable porque difícilmente exista una fuerza policial capaz de sacar a las más de 5.000 personas que hay en el predio sin que el desalojo se convierta en una batalla campal, sino porque ya la dirección nacional de la SAE desautorizó la querella de Escandón.
“La depositaria y algunas autoridades quieren aprovechar la querella para el desalojo por la fuerza y sin garantías, de la finca Santa Helena en Caucasia, Antioquia. Ya solicitamos formalmente a las autoridades locales, suspender cualquier acción al respecto. En este gobierno no se utiliza la fuerza con el pueblo, nos reuniremos con las familias que hoy ocupan el predio para consensuar alternativas a través del diálogo. A las comunidades les reiteramos que no es la ocupación la vía para acceder a bienes de la SAE”, escribieron en su cuenta de X.
Pero el lío de la tierra no termina ahí. Úsuga fue cuñado y socio de Carlos Ramón Zapata, un exparamilitar y narco que en los 80, según se dice, mandó más de 170 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El alias de Zapata es “Anestesia”, por la telenovela del Cartel de los Sapos donde quedó muy bien representado, casi inmortalizado para una generación de colombianos, por Andrés Parra.
A pesar de que “Anestesia” ya cumplió su condena por los delitos del narcotráfico, ahora está enredado otra vez con la justicia porque la Fiscalía lo acusa de hacer parte de una red de corrupción con la exfiscal de extinción de dominio de la era de Néstor Humberto Martínez, Ana Catalina Noguera. Al parecer, “Anestesia” y otros narcos negociaban con la fiscal para que no los extraditaran o para resolver casos de extinción de dominio a su favor. En octubre pasado, Noguera se allanó a los cargos de violación ilícita de comunicaciones, violación a datos personales y fraude procesal.
En una de las pruebas de la Fiscalía en ese caso de interceptaciones ilegales y presuntos favorecimientos a narcos, hay un chat del 2 de junio del 2020 entre “Anestesia” y Diego Rafael Patiño Campos, un reconocido empresario bogotano, en el que el exnarco habla de Santa Helena como “la finca nuestra”. El mensaje dice lo siguiente: “el nuevo testaferro de José Bayron Piedrahíta —alias el Árabe o el Patrón de Caucasia— se llama Faryd Vélez, dueño del Politécnico del Cauca y ficha de Army Judith Escandón. Ya le prometieron la finca nuestra, Santa Helena”.
José Bayron Piedrahíta, del que hablan en el chat, fue un poderoso capo de la Oficina de Envigado que de tanto “colaborar” con la justicia solo ha pagado una condena de seis meses de cárcel en Estados Unidos y en 2022 fue condenado a seis años de cárcel en Colombia por lavado de activos, pues la justicia determinó que “este hombre constituyó empresas en Colombia, Argentina y Panamá, entre 1998 y mayo de 2016, con el propósito de ocultar recursos del narcotráfico”.
Pues bien, en mayo del 2020, días antes de que ocurriera la conversación entre “Anestesia” y Patiño en la que hablan de “la finca nuestra”, la sociedad Finca Santa Helena S.A. firmó un contrato de arrendamiento por cinco años por un valor, en ese entonces, de $6.000.000 al mes más IVA. Un precio ridículamente bajo dadas las características del lote. Los arrendatarios son Marisela del Carmen Cossio Jaramillo y Farid Segundo Vélez Henao, esposos y propietarios del Politécnico Centro de Investigación y Capacitación Odontológica, Ciandco, de Caucasia.
Según Escandón, el propósito del arriendo era tener ganado allí, aunque los vecinos y ahora invasores digan que el lote llevaba años desocupado. Por cuenta de la ocupación, Cossio y Vélez pidieron que se pusiera fin al contrato de arrendamiento, pero Escandón no les ha querido firmar la terminación del contrato.
“A nosotros nos dicen que esto es de un privado, ¿pero dónde está?, ¿quién es? ¡que venga el dueño o el representante del dueño y nos diga que esto es de él, o que nos muestren al menos un papel donde nos digan eso y nosotros nos vamos!”, dice la líder de una de las manzanas de la invasión. Como ella, vehemente, combativa, convencida de que el pedazo de tierra donde recoge el agua lluvia del plástico del techo para bañarse ya es suyo, hay pocos testimonios. La mayoría de las mujeres que pasan el día entre una silla plástica y una hamaca, hablan pasito, pero no como confesando un pecado, sino como pidiendo un milagro: “que el Señor por fin nos permita tener nuestra vivienda digna y propia”, “que el alcalde y el presidente encuentren una solución”, “que el presidente cumpla lo que nos prometió”.
“Míreme la cara para que se acuerde de mí, alcalde, yo voté por usted. Yo no tengo casa y tengo dos niños pero no me fui para la invasión porque hay personas más necesitadas que yo. Pero para que me tenga en cuenta, ¿oyó?”, le dice una mujer muy joven y muy delgada al alcalde Montes, que está sentado afuera del edificio de la alcaldía porque es tanta la gente que lo saluda y le entrega sobres de manila que no alcanza a subir al edificio, y ya resignado en una banca incómoda de cemento al sol, aparece un embolador de zapatos que le ruega lo deje limpiarle otra vez los tenis que ya están limpios. Así atiende la entrevista: “la gente malinterpretó lo que dijo el Presidente. Tanto que hicieron una caravana dándole las gracias. Ellos quieren escuchar que se pueden quedar aquí, pues no. Mañana se va hacer una mesa con la gente de la SAE y los líderes de la invasión para buscar soluciones”.
La reunión ocurrió el pasado 18 de abril, los funcionarios de la SAE se hospedaron en el mismo hotel nuestro: “¿cierto que ustedes nos van a dar buenas noticias?”, les preguntó la recepcionista antes de que salieran. “Es que solo traemos buenas noticias”, le respondió el que parecía el líder del equipo. Las buenas noticias era una presentación con seis lotes que son propiedad de la SAE y en los que se podrían reubicar. El problema es que ninguno es tan grande ni se parece a un campo de golf ni está tan bien ubicado como Santa Helena. De los siete, cinco están en Caucasia, pero en área solo suman 21.174 metros cuadrados, eso es el 0,5% del área de la finca de Úsuga. Hay un terreno grande, de 572 hectáreas, disponible, pero en zona rural del municipio de Ayapel, y otro más pequeño en Cáceres. Por ahora nadie se mueve.
Sobre el uso y la tenencia de la tierra en Colombia se han escrito decenas de libros y artículos, se han librado guerras, se han asesinado miles y se han desplazado millones. La reforma agraria, la solución a tanta guerra, asesinato y desplazamientos ha sido la piedra que carga Sísifo, la leyenda del Dorado, la promesa que algún día se va a cumplir y acabará para siempre y de una vez por todas con el conflicto en Colombia. La prometieron, solo por poner los ejemplos más significativos, Lleras en el 60, y Santos y las Farc en el 2016 y, por supuesto Petro. Según un estudio de la Ong Oxfam en 2017, el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupaban el 81% de la tierra disponible, mientras que el 99% restante se repartía el 19% que quedaba. Los predios grandes, que tienen más de 500 hectáreas, pasaron de ocupar cinco millones de hectáreas a 47 millones entre 1970 y 2014.
La promesa de este gobierno ha sido repetida hasta el cansancio: entregarles tierra a los campesinos y a las víctimas del conflicto para que las trabajen y acabar con los grandes latifundios “los dueños del capital” improductivos.
De acuerdo con la Ong Forjando Futuros, el Presidente va colgado en esa tarea, por lo menos en lo que tiene que ver con resarcir a las víctimas: en los últimos 17 meses del gobierno Duque se restituyeron 161.000 hectáreas, mientras que en los primeros 17 meses de Petro la cifra bajó a menos de la mitad: 71.000. A ese ritmo, dice la organización, se necesitarían 109 años para que la Unidad de Restitución de Tierras, surgida del Acuerdo de Paz con las Farc, cumpla con la meta de entregar 6,5 millones hectáreas a las víctimas.
También en ese acuerdo quedó la promesa de entregar tres millones de hectáreas improductivas, otra que, como si se tratara de la ilusión de ver al DIM dar una vuelta olímpica, también deberá aplazarse. “No tenemos la audacia suficiente de lograr números que sobrepasen el millón de hectáreas, al menos en este Gobierno, y le podamos entregar al próximo gobierno, ojalá progresista, una sabiduría sobre cómo hacer con eficacia la reforma agraria”, dijo con pesar el mandatario en diciembre del año pasado en la entrega de un predio que antes fue de los paramilitares en Buenos Aires, Cauca. El Ministerio de Agricultura publicó un “contador de la reforma agraria” para que la gente pudiera ver qué tan cerca está de conseguir ese hito que por fin nos traerá la paz: 1.107.420 “hectáreas gestionadas” en el gobierno de Gustavo Petro, dice el marcador. ¿En cuál número es que nadie más tiene que invadir?
Según el gobierno, en el país hay 15 millones de tierras fértiles. “El propósito con la reforma agraria es llegar a 10 millones de tierra fértil”, dijo hace poco más de un mes el presidente en un encuentro con la población de San Pablo, Nariño. Así, tal cual: 10 millones de tierras fértiles. Una nueva unidad de medida: metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, millones de tierra fértil que se deberán entregar en los poco más de dos años que quedan de gobierno. Si la medida de millones de tierra fértil hace referencia al número de tierras, entonces los 3.780.000 metros cuadrados de Santa Helena apenas cuentan como una y quedarían faltando otros 9.999.999.