PERÚ:
ASALTO DE PELÍCULA. Pataz sigue siendo tierra de nadie. Con piedras y palos turba de ronderos impide que delincuentes sean llevados a la comisaría.
Efectivos los habían capturado tras extraer de manera ilegal material aurífero en bocamina Marleny, ubicada en Valle de Vijus.
Esta película es repetida. El largometraje policial está basado en hechos de la vida real. Ambientada en esa tierra de nadie que es la peligrosa Pataz —un distrito liberteño dominado por la minería criminal—, la característica principal de este filme es que ganan siempre los malos. Los villanos, los ladrones, los asesinos, logran salirse con la suya al final.
Como la madrugada del último domingo, a la altura del Caserío Huamanmarca, cuando una turba de unas 100 personas interceptó un convoy policial que trasladaba hacia la comisaría de Trujillo a cinco detenidos.
Con palos y piedras los vándalos —que la Policía reconoció como ronderos campesinos— atacaron a los agentes en su intento por liberar a quienes, minutos antes y kilómetros atrás, ingresaron a robar oro en la bocamina Marleny, ubicada en el centro poblado Valle de Vijus, allá en Pataz, en esa misma jurisdicción donde hace poco más de un mes, la minería criminal asesinó a nueve trabajadores de la mina Poderosa, obligando a este Gobierno a instalar una base policial para resguardar a la población.
Así, a punta de palos y piedras del centenar de personas convertidas en cómplices, cuatro de estos delincuentes —Elvis Ríos Arce, Eduardo Tumbajulca Gonzales, Coco Ortiz Vásquez y Jean Pool Ramírez Vera—, integrantes de la banda Los Parqueros de Vijus, lograron liberarse de los nueve policías, que tras la emboscada decidieron regresar a Vijus solo con uno de los detenidos: Eusebio Castillo Neyra, quien no pudo escapar, pues resultó herido de bala durante el enfrentamiento con los efectivos en la bocamina.
EL ATAQUE
Según el parte policial, los delincuentes fueron capturados en ese centro poblado la tarde del domingo, luego de un enfrentamiento en la bocamina en la que habían irrumpido para robar mineral.
Luego de ser sometidos por los efectivos se les incautó armas de fuego, municiones y un automóvil. En la tolva del vehículo se encontró tres sacos que contenían oro, que extrajeron de manera ilegal tras tomar como rehén al vigilante del socavón, rescatado por los agentes minutos después. Los criminales, incluso, dispararon contra los policías sin causarles daño, según confirmó el general José Zavala, jefe policial de La Libertad.
El comandante general de la Policía, Jorge Angulo, explicó que los agentes decidieron liberar a los cuatro hampones para que permanezcan en su comunidad, pero que estos “están plenamente identificados”.
De película también fue la respuesta del ministro del Interior, Víctor Torres, sobre este nuevo asalto a una minera y el ataque a los policías. Al parecer el titular del Mininter apenas si tenía conocimiento del caso. Solo recordó la implementación de la base en Pataz y el incremento de efectivos en ese puesto policial para un mejor resguardo antes de lanzar una frase que resume lo enterado que estaba de la situación en esa parte del país: “De lo que se trata es de dar tranquilidad a la zona, que es lo que estamos obteniendo”. Muy pobre para un ministro que debía tener un papel protagónico en este reparto.
OPINIÓN
“El problema no solo es de la PNP, es sistémico”
Ricardo Valdés *
“Le puedo decir que la PNP está sobrepasada en una proporción de 20 a 1. Entonces, el problema aquí es la urgencia de mayor concentración de investigación para poder encontrar a los cabecillas y dirigentes de la minería informal que trae delincuencia. Hay dos elementos centrales: la cadena de financiamiento que permite que mineros desarrollen sus actividades y establecer procesos en paralelo relacionados con lavado de activos. Lo segundo es: ¿Qué se hace con ese mineral extraído? Sabemos que va a plantas procesadoras que tienen que ser materia de investigación.
El problema no es solo de la PNP, es sistémico, va más allá. Lo que demuestra que el Estado no está en capacidad de combatir este tipo de minería. Por eso, la respuesta del Estado es tan lenta e incipiente donde medio millón de personas cuenta con el favor político de congresistas para tener este registro de mineros. Un registro que se extiende año a año, entonces, hay una serie de aristas para enfrentar la minería ilegal e informal en el Perú”.
*Exviceministro del Interior