Álvaro Guerrero Arango
En el segundo semestre del 2021, cuando supuestamente no había plata para atender a los habitantes de calle ni a los adultos mayores, desde la Alcaldía hicieron millonarias inversiones en obras y programas plagados de denuncias de presunta corrupción.
En agosto de 2021, las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín estaban a gatas para llegar a fin de mes por cuenta de un mal manejo y planeación de los recursos de todo el año desde la Alpujarra.
Eso lo reveló un audio de una reunión ocurrida en la secretaría de Inclusión Social el 6 de agosto de ese año, y que se conoció el domingo pasado. En él, funcionarios de alto nivel reconocen que secretarías como la de Inclusión Social, Educación y Salud no tenían dinero para llegar a final de año, razón por la cual estaban en la necesidad de suspender programas sociales claves y de despedir a decenas de contratistas.
De acuerdo con Isabel Cristina Cadavid, quien para ese entonces era la asesora jurídica de Juan Pablo Ramírez, el secretario de Inclusión social, en una reunión con el alcalde Quintero y con el secretario de Hacienda Óscar Hurtado les habían dicho que no había plata para atender todas las necesidades de los medellinenses, por lo que tenían que empezar a jugar un “tetris financiero” que consistía en desfinanciar programas de unas dependencias para financiar otros que fueran más importantes o sensibles para la opinión pública, es decir, que generaran menos escándalo.
En la reunión, que también estuvo presidida por Santiago Preciado, quien era el subsecretario técnico de ese despacho, se escucharon frases como: “A hoy no hay flujo de caja en la Alcaldía, lo que nos pasen es porque están quitándoselo a otras secretarías” y “hay secretarías que no alcanzan a llegar a final de agosto, el problema es crítico”.
Pero mientras a los directores de programas sociales dirigidos a las personas más vulnerables de Medellín como los niños, los adultos mayores y los habitantes de calle les apretaban el cinturón, desde la Alcaldía gastaban a manos llenas en computadores y en obras de infraestructura con miles de millones en sobrecostos y que ni siquiera hoy, casi tres años después, están en funcionamiento.
Al revisar la contratación del distrito de Medellín en el segundo semestre de ese año, cuando supuestamente no había plata, o al menos no para atender a los más vulnerables, el primer ítem que aparece es un préstamo por $224.300 millones que la ciudad adquirió con el Banco BBVA en octubre del 2021. Hay que recordar que el presupuesto total de la ciudad para ese año fue de $6,1 billones, un 8,7% más que el del 2020.
En el top de las inversiones en el segundo semestre de ese año están los “computadores futuro”, uno de los proyectos bandera de esa administración, pero también uno de los que tiene más sospecha de corrupción. Hay que recordar que en principio el contrato para los computadores era de $80.000 millones y tenía un plazo de entrega de siete meses. Al final, después de múltiples modificaciones, el valor del contrato fue de $118.365 millones y se extendió durante más de dos años. Esto sumado a que desde la alcaldía le permitieron al contratista cambiar la marca y las referencias de los computadores que habían sido contratados inicialmente.
Pero los problemas con los computadores no terminaron ahí, sino que una vez cambió la administración de la ciudad, se supo que no había un registro detallado y preciso de la entrega de los computadores, por lo cual hay cientos de equipos que no se saben dónde están e incluso algunos de ellos se han revendido por redes sociales o en prenderías.
En diciembre de ese año, la alcaldía también sacó buena parte de su presupuesto para la recuperación de la infraestructura de la Biblioteca España, para la que inicialmente había destinado $28.174 millones, pero por la que, luego de cinco adiciones, terminó pagando $44.876 millones que no alcanzaron ni siquiera para que la alcaldía de Quintero la entregara terminada, como lo prometió varias veces, sino en un 85% de ejecución sin contar la nueva dotación.
La alcaldía también se gastó ese año un billetal en la construcción de la estación de policía de Aranjuez, que parece un deja vú de la biblioteca: con sobrecostos y sin poder utilizarse. En principio había costado $11.500 millones y al final el distrito pagó $17.200, un sobre costo del 49,5%.
Lo anterior parece darle la razón a Isabel Cristina Cadavid que en la reunión de agosto del 2021 le dice a su equipo de trabajo que en la Alcaldía de Daniel Quintero “nos gastamos mal la plata”.
En la parte final de esa reunión, en un fragmento que no se ha difundido por redes sociales, los funcionarios hablan de las necesidades y las preocupaciones de sus respectivos programas y uno de ellos tiene que ver con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector del parque Lleras.
De hecho, Santiago Preciado le hace un llamado de atención al líder de ese programa porque él en días pasados pasó por el parque y vio a “nueve funcionarios sentados en una carpa sin hacer nada”. Pues bien, ese mismo año, el primero de octubre, la alcaldía de Medellín creó un fondo de $10.500 millones para remodelar el Parque Lleras.
Respecto al programa de alimentación escolar que, según los audios, era uno de los que estaba en vilo porque la plata no iba a llegar o iba a llegar “cuando ya no se necesitaba”, por lo cual en un hecho casi que inédito iban a tener que contratarlo por una modalidad diferente a la licitación pública, finalmente sí se hizo un concurso al que le fueron agregando plata y tiempo a cuenta gotas. Inicialmente tenía un valor de $19.800 millones, que solo alcanzaban cubrir 32 días de operación, pero luego se extendieron por un mes y medio más (hasta marzo del 2022) y terminó costando poco más de $30.000 millones.
Una de las principales instrucciones que dieron los directivos de Inclusión Social en la reunión de agosto del 2021 fue priorizar la contratación directa y buscar formar “creativas” para operar en los primeros meses del 2022 cuando la ley de garantías prohíbe firmar contratos por medio de esta modalidad.
“Empiecen a pensar con los abogados como buenas justificaciones, qué modalidades podemos modificar, mirar si de pronto podemos dividir objetos y que nos den para unas cuantías más pequeñas y sean más rápidas las elecciones. Es un ejercicio de alta ingeniería de proyectos y contratos que requiere gastarle tiempito”, se escuchó decir a Cadavid.
Pues bien, al parecer la forma que encontraron en ese despacho fue firmar contratos directos de corta duración hasta el 31 de diciembre de ese año y luego sobre la marcha adicionarles más plata y tiempo.
Por ejemplo, el contrato de los hogares de larga estancia para los adultos mayores se contrató en agosto del 2021 con la empresa Prososerh por $8.115 millones hasta el 31 de diciembre de ese año, pero luego se extendió hasta el 18 de enero siguiente.
Lo mismo pasó con el de atención diurna en los centros gerontológicos, que se entregó de forma directa a la empresa Corpuem por $2.500 millones hasta final de año y luego se movió hasta el 6 de abril siguiente por un valor total de $3.728, un incremento del 49%, justo por debajo del tope del 50% en las adiciones permitidas por la ley.
El convenio para la “atención integral a la población crónica en calle con discapacidad física y/o enfermedad mental”, también se contrató de forma directa hasta el 31 de diciembre y se alargó por un mes mas.
Finalmente, para lo que le alcanzó la plata a la secretaría donde a la directora del programa de niñez, que era la única que tenía la situación financiera resuelta hasta el siguiente año, le dijeron que “tenía que sufrir con los demás”, fue para firmar un contrato por $934 millones (inicialmente era de $634 pero luego tuvo una adición del 47%) con Telemedellín para “desarrollar estrategias de comunicaciones y un plan de medios de la secretaría de Inclusión social, familia y derechos humanos”.