A un ‘Plan Pistola’ contra la Fuerza Pública, atribuye el ministro de Defensa, Diego Molano, la arremetida del ‘Clan del Golfo’ que ha dejado varios policías muertos, en especial en la costa Atlántica y Antioquia.
En Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, 27 policías han perdido la vida en el último mes. La situación ha empeorado en la última semana, teniendo en cuenta que en solo 6 días, cuatro uniformados fueron asesinados y dos más heridos en ataques en el Caribe, en atentados que dejaron, además, ocho civiles heridos.
En tal sentido, el ministro de Defensa de Colombia, denunció este martes que el Clan del Golfo estaría ofreciendo hasta 4,5 millones de dólares a quien atente contra la vida de los miembros de la Fuerzas Armadas.
Paralelo a esta violencia, se conoció una carta con fecha del 19 de julio, dirigida al presidente electo Gustavo Petro, su vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva, en la que el ‘Clan del Golfo’ y un grupo de exparamilitares plantean la posibilidad de dialogar con el Gobierno electo e incluso le proponen un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto.
“Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuesto a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”, se lee en el comunicado.
Los proponentes del cese al fuego son: Autodefensas Gaitanistas de Colombia; Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos); Grupo Los Rastrojos; Grupo Los Shottas de Buenaventura; Grupo la Inmaculada de Tuluá; Grupos Mexicanos de Quibdó, entre otros.
Piden el diálogo enmarcados en el acuerdo nacional propuesto por Gustavo Petro. Y aseguran que, a partir de sus compromisos, “el país se debe de reconciliar y en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado, es una ‘universidad del crimen’ que no cumple con los fines de la resocialización”.
En la carta se piden «garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles que han participado activamente en el conflicto nacional».
«Hemos aprendido la lección que hoy en día por las armas no se llega al poder, que a este se debe llegar de manera democrática, así como lo hizo el presidente Gustavo Petro. Le decimos al país que estamos dispuesto a emprender este mismo camino», concluye el comunicado.