Álvaro Guerrero Arango
Aunque las autoridades han hecho anuncios recientes sobre el avance de investigaciones, la mayoría de las denuncias siguen archivadas. Estos son algunos de esos escándalos engavetados.
En los últimos meses, los ciudadanos de Medellín han recibido noticias que llevaban años esperando: la Fiscalía imputó a siete exfuncionarios y a seis mega contratistas de la Alcaldía por casos de supuesta corrupción en Metroparques, la secretaría de Infraestructura y el Área Metropolitana. Por su parte, la Procuraduría sancionó e inhabilitó por ocho años a la ex secretaria de Educación por irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo. La Personería Distrital anunció en las últimas semanas que le formulará pliego de cargos a la ex secretaria de Servicios y Suministros, Karen Delgado, por presuntas irregularidades. Al exdirector de Buen Comienzo, Hugo Díaz Marín, le formularán pliegos también al considerar que estaba presuntamente inhabilitado para posesionarse en el cargo.
Y aunque estos anuncios le han dado a la ciudadanía cierta esperanza de que tanta denuncia algún día terminará en verdad y justicia, estos son apenas una porción muy pequeña de la torta de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que han salido a la luz desde que inició la administración del exalcalde Daniel Quintero.
Prueba de ello es que se puede hacer un top 10 con los escándalos de presunta corrupción que todavía parece que no han llegado a oídos de las autoridades y todavía hay decenas de denuncias serias que se quedan por fuera. De manera que el hecho de que la recopilación sea solo de 10 casos y no de 13, 15 o 19 tiene que ver con cuestiones de espacio.
Estos 10 casos tienen en común que fueron expuestos, cada uno en su momento, por el concejal Alfredo Ramos, quien fue uno de los más duros opositores durante esta administración.
Gracias a las denuncias de Ramos, por ejemplo, se logró en un hecho histórico que el Concejo de la ciudad le aplicara la moción de censura a un secretario de despacho, como le ocurrió al ex secretario Privado, Juan David Duque, por el escándalo de la caja menor de la Alcaldía.
Ese caso es uno en los que no hay anuncios duros de las autoridades y tampoco entra en este escalafón. La moción de censura fue un castigo político, pero no tiene que ver con ningún proceso administrativo ni penal.
Tampoco entraron aquí las presuntas irregularidades en el contrato que la secretaría de Comunicaciones firmó con la Universidad Nacional en el que esta, al parecer, terminó usando recursos públicos para hacerle campaña política a los amigos de Quintero, ni las denuncias por supuestos contratos corbata en Telemedellín y en el Dagrd, ni ninguna de las muchas quejas soportadas que hay sobre el manejo de Ruta N, que van desde despedir a los funcionarios técnicos para pagar favores políticos, hasta expedir documentos falsos para participar en licitaciones. Incluso se podría hacer un recuento de 10 casos de presunta corrupción solo en la administración del Hospital General de Medellín.
Además de ser expuestos y recopilados por Ramos, estos 10 casos muestran un patrón y es que esta Alcaldía ha sido alérgica a las licitaciones públicas, y ha hecho todas las volteretas posibles para saltarse los concursos de mérito y entregar miles de millones de pesos a privados seleccionados a dedo.
En la mayoría de los casos la estrategia es la misma: la Alcaldía a través de alguna de sus Secretarías necesita contratar algo: el arreglo de los colegios públicos, la vigilancia para las instituciones oficiales, los estudios sobre el aeropuerto Olaya Herrera, un documental sobre Hidroituango, la publicidad oficial de la Alcaldía, etc.
Lo esperado sería que entonces esa dependencia abriera una licitación, pusiera unas condiciones, y todas las empresas que quisieran participar y cumplieran con las exigencias entraran a concursar, para que luego desde la Alcaldía se escogiera la mejor propuesta. Pero eso en esta administración al parecer fue pecado. Lo que pasó en todos estos casos fue que la dependencia de la Alcaldía firmaba un contrato interadministrativo con alguna otra entidad del conglomerado público como Metroparques, el Inder, Telemedellín, la EDU o la ESU, aunque estas no pudieran cumplir con el objeto del contrato.
Eso no era inconveniente, pues el objetivo de estos convenios interadministrativos era poder contratar con otras reglas, pues estas entidades no tienen las mismas normas de contratación que tiene la Alcaldía. De manera que para entregar un contrato este tenía que pasar por el filtro de alguna de estas entidades que a su vez subcontrataba de manera directa a un privado que, como pasó algunas veces, también subcontrataba a otro y así, como si fuera unas muñecas rusas, entre subcontrato y subcontrato, la plata para hacer lo que se necesitaba en la ciudad se iba haciendo más pequeña.
Pero el problema de estos casos no es solo que se entregaron a dedo mediante invitaciones privadas, sino que en estas invitaciones se convocaron además a empresas que no tenían ni la experiencia ni la capacidad para cumplir con el objeto del contrato entregado.
Es el caso por ejemplo de la Agencia Público Privada de Medellín, que contrató a una empresa de minería para hacer un documental sobre Hidroituango; o el del Dagrd, que para atender la emergencia climática del 2021 y 2022 contrató a dos consorcios con sede en Quibdó que habían sido creados apenas una semana antes de que se les entregara el contrato. Este par de casos fueron denunciados ya hace más de un año y las autoridades todavía no han hecho nada significativo al respecto.
Hace también más de un año salió a la luz en diferentes medios de comunicación que Telemedellín se había gastado cientos de millones de pesos en pauta de la Alcaldía en medios de comunicación digitales piratas, que o eran recién creados o que no los leía nadie. Además de esas características, los portales tenían en común que eran propiedad de personas del Pacto Histórico o de Independientes, el partido político de Quintero.
Desde esa denuncia, sobre el mal manejo del canal público de la ciudad han llovido decenas más, e igual número de veces entidades como la Personería Distrital ha anunciado el inicio de indagaciones que todavía no se han resuelto.
Ante la falta de resultados concretos, el concejal Ramos ha sido contundente en calificar tanto a la Personería Distrital como a la Contraloría de ser “cómplices de la corrupción de Medellín”. Para Ramos, recordar estas denuncias que se hicieron durante los primeros meses y años de la administración de Quintero es importante porque los últimos anuncios de las autoridades están relacionados con hechos recientes, mientras estas denuncias siguen “durmiendo en los anaqueles de la Procuraduría y la Fiscalía”. Por último, Ramos, que durante este cuatrienio ha puesto 25 denuncias de supuesta corrupción en manos de la Fiscalía, dice que espera que todas estas quejas resulten en investigaciones que a su vez terminen por sancionar a los corruptos que son los responsables de que hoy la ciudad no tenga plata ni para terminar este año.
Las adecuaciones inconclusas de la clínica de saludcoop de la 80
Para aumentar la capacidad de atención durante la pandemia, la Alcaldía contrató, a través de la EDU, unas adecuaciones de más de más de $16.000 millones para la Clínica Saludcoop de la 80. El presupuesto inicial era de apenas $7.000 millones, pero en menos de un mes la EDU la adicionó más del 130% del valor inicial. El contrato para estas mejoras se le entregó a un privado que no tendría la idoneidad para cumplirlo. La Clínica no era propiedad del Estado sino de Saludcoop que se encontraba en liquidación, y firmó un comodato con la Alcaldía para que esta pudiera usarla sin pagar un alquiler, pero asumiendo el costo de las reparaciones necesarias para ponerla en marcha. El ex alcalde Quintero prometió que allí se instalarían 170 camas UCI, pero al final no se instaló ninguna.
En el Dagrd contrataron con empresas creadas
Con el fin de atender las emergencias que se presentaron en la ciudad a raíz de las fuertes lluvias del 2021 y 2022, el Dagrd, la entidad donde contrataron a los amigos del congresista Álex Flórez, firmó dos contratos bajo la modalidad de urgencia manifiesta (sin licitación). Uno de ellos para ejecutar obras de mitigación del riesgo en diferentes puntos de la ciudad, y otro para la interventoría de estos trabajos. Lo llamativo es que para ambos casos se contrataron a dos consorcios originarios del Chocó sin experiencia en la ciudad. Además, el consorcio al que se le entregaron las obras fue creado apenas una semana antes de que se le entregara el contrato de $5.000 millones.
La cuestionada empresa que trabajó en la agencia APP
La polémica que en diciembre de 2022 tuvo en el ojo del huracán a Telemedellín, por cuenta un contrato para hacer un documental sobre Hidroituango (que fue firmado con una empresa antes dedicada a la minería y luego cambio su objeto social al desarrollo de software y otras actividades), tendría otro capítulo en la Agencia APP, entidad encargada de la gestión del patrimonio y las alianzas público privadas. Y es que pese a los cuestionamientos de dicha empresa, identificada como Global Mining Solutions, además de Telemedellín, la misma también ha contratado, por montos mucho mayores, con la Agencia APP, ofreciendo sus servicios para el “acompañamiento en la operación de las plataformas tecnológicas”.
El Isvimed se fue para el Hueco y terminó comprando oficinas
En 2020, otro caso que fue denunciado pero que aún no ha derivado en acciones de los organismos de control, tuvo bajo la lupa al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), por la compra de unas oficinas en el sector de El Hueco, en el Centro de Medellín. Según denunció el concejal Alfredo Ramos, la entidad habría incurrido en un sobrecosto de $1.993 millones luego de comprar dos pisos en un centro comercial, que en los avalúos contemplaban unas zonas comunes y terrazas que al final no habría terminado en las escrituras. Asimismo, dichas oficinas fueron adecuadas con un contrato firmado con Metroparques, entidad que no podría hacer dichos trabajos por su objeto social.
El bloque de la Mayorista que se volvió un lucrativo negocio
En febrero de 2022 terminó saliendo a flote un lucrativo negocio alrededor de los locales del bloque 27 de la Central Mayorista de Antioquia, también conocido como Las Malvinas y que es propiedad del Distrito de Medellín. Según trascendió entonces, el arrendamiento de esos locales terminó indirectamente en manos de un privado. Mientras La Mayorista le pagaba a Medellín $196 millones por dichos locales, a su vez recibía ese mismo valor parte de la una empresa identificada como Arrendamientos La Mota, que entonces recibía $564 millones por los mismos locales, por parte de los comerciantes. El dueño de dicha agencia es el suegro de Ana Camila Salazar, secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía de Medellín entre enero de 2020 y agosto de 2021.
Los contratos de vigilancia de entidades públicas
Anualmente, la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín, gasta aproximadamente $150.000 millones en los servicios de seguridad de todas las entidades del conglomerado público: desde los edificios de La Alpujarra, hasta los colegios públicos, las Universidades o las bibliotecas.
Para ese fin, la Alcaldía tenía unos procesos de proveedores establecidos desde hace varios años. Sin embargo, en 2021, la ESU dio un timonazo en el pliego de requisitos y empezó a pedirles a los oferentes condiciones que dan a pensar que querían direccionar los procesos. Por ejemplo, pidieron que el representante legal de las empresas debía llevar al menos 13 años con ese título en la empresa. La ESU pasó de tener 13 proveedores a tener solo cinco.
La plata para arreglar colegios a dedo
Este caso también involucra a la Empresa de Desarrollo Urbano, que en el 2021 hizo un cambio drástico en su manual de contratación: antes de ese año cualquier contrato por encima de 500 salarios mínimos mensuales debía entregarse por medio de una licitación. Con el cambio, ese tope pasó a 10.000. Antes de esa suma, la entidad puede contratar directamente por medio de invitaciones privadas.
Para saltarse las licitaciones, la EDU dividió los más de $319.000 millones que el Concejo le aprobó para arreglar los colegios públicos en pequeños contratos, de manera que ninguno supere el tope de los 10.000 salarios mínimos y puedan ser entregados directamente a contratistas amigos.
¿Terminales de Medellín ahora sabe de aeropuertos?
En octubre de 2022, otro escándalo que terminó pasando de agache tuvo que ver con un convenio interadministrativo firmado entre el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y Terminales Medellín, la entidad a cargo de las terminales de buses en Medellín. Pese al objeto de esta última, el Olaya Herrera firmó un convenio por $6.496 millones para que esta escogiera a una firma que se encargara de hacer un estudio con miras a encontrar un lugar al que el aeropuerto pudiera trasladarse en el futuro. Si bien entonces el Olaya Herrera argumentó que dicho convenio era una solución ante algunas restricciones normativas, desde la oposición en el Concejo se vio como una ventana para saltarse los principios contratación pública.
Hasta la alimentación se volvió un lío en Hidroituango
En julio de 2022, los empleados de EPM denunciaron problemas en el servicio de alimentación en los campamentos de esa compañía que hacen parte del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Según se conoció entonces, dicho servicio fue entregado en un contrato de $39.561 millones, por un plazo de dos años, a una empresa identificada como Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, que en su experiencia contractual registraba principalmente servicios de alimentación para hospitales y una investigación de la Contraloría General de la República por presuntos sobrecostos en un contrato de alimentación firmado con la UNGRD durante la pandemia del coronavirus.
La piñata de contratos de Telemedellín con medios piratas
En el segundo semestre del 2022 se destapó el primero de una seguidilla de escándalos de presunta corrupción que han acompañado hasta ahora al canal pública de la ciudad. En ese momento se reveló que en el cumplimiento de su labor como central de medios, es decir, de contratar la pauta de la Alcaldía con diferentes medios de comunicación, firmó más de un centenar de contratos de pequeños montos con medios de comunicación digitales que, o estaban inactivos, o tenían un alcance de difusión mínimo. Entre los beneficiarios de esos contratos se encontraron figuras del Pacto Histórico y del partido político del ex alcalde Quintero, Independientes. Algunos de esos medios además tenían solo alcance en otras regiones como Cali o Ibagué.