En el departamento, autoridades adelantan investigaciones para esclarecer caso. Gremios dieron a conocer varias afectaciones a causa de la comisión de este delito.
En el Atlántico, la invasión de predios se ha convertido en una problemática que “crece a pasos agigantados”. A pesar de que las autoridades han puesto en marcha una cruzada para reducir su impacto, en las últimas semanas se han reportado nuevos casos.
Uno de los más recientes corresponde a un predio ubicado en el municipio de Galapa, en el cual se asentaron alrededor de 50 familias que se han rehusado a abandonarlo.
Esta situación ha vuelto a generar una preocupación entre los ciudadanos, los gremios y las autoridades debido a las implicaciones que esta situación podría generar.
El Comité Intergremial del Atlántico puso de presente que, en reiteradas oportunidades, se ha denunciado el robo de tierras en el departamento: “Hemos coordinado con las autoridades acciones para que se combatan a las organizaciones criminales dedicadas a este delito contra la propiedad privada, que promueve la informalidad y afecta diversos sectores de la economía como a constructores, ganaderos e industriales, pero también a las familias que compran un lote para edificar una vivienda y terminan siendo víctimas de este flagelo o porque les invaden el predio o porque se los vendieron ilegalmente”.
Agregó que existe “mucho trabajo por hacer”, así como respaldó las decisiones que las autoridades han tomado con el fin de “acabar con la ocupación ilegal de tierras y que han venido dando resultados concretos”.
Desde la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico (CEO) se expuso que la invasión de predios se ha convertido en un “dolor de cabeza” para los ciudadanos en todo el departamento.
“Esto demanda tiempo y dinero por parte de los propietarios de lotes, quienes invierten recursos en vigilancia privada y en trámites relacionados a defender su propiedad privada”, expuso el gremio.
CEO del Atlántico fue enfático al sostener que “aquí todos estamos siendo afectados: empresarios de sector industrial, constructores, comerciantes, ganaderos y muchos más que han visto esta amenaza como cada vez más crece” en el departamento”.
Cabe destacar que, recientemente, la Procuraduría General de la Nación indicó que avanzan en 10 investigaciones por robo y ocupación de tierras en el departamento del Atlántico y la capital de Bolívar.
La Policía Metropolitana de Barranquilla sostuvo a EL HERALDO que no se ha podido establecer que los grupos delincuenciales financien sus actividades a través de la “usurpación de inmuebles”.
Empero, la Mebar indicó que se han identificado a actores delincuenciales que “han dinamizado a cuenta propia” esta problemática en la ciudad y su área metropolitana: “En muchos casos se han hecho pasar como miembros de grupos delictivos como manera de ejercer presión o intimidación a propietarios de predios”.
Asimismo, la Policía evidenció que algunos miembros de grupos delincuenciales han incurrido en este delito para beneficio propio y “no como modus operandi de la organización criminal”.
Esta situación, de acuerdo con las autoridades, ha generado “enfrentamientos” entre los integrantes de estas organizaciones.
También indicó que la forma más común de usurpación de tierras es mediante el “aprovechamiento del factor de oportunidad”. Es decir, “se aprovechan de que haya predios privados porque no cuentan con cerramientos y los ocupan de manera irregular”.
Dichas invasiones, por lo general se llevan a cabo, según los resultados de investigaciones y acciones de inteligencia, en horas de la noche para “no causar alerta a las autoridades o los propietarios”.
La autoridad puso de presente, además, que “en ocasiones se instrumentalizan ciudadanos, principalmente extranjeros o población vulnerable para tal fin”.
La Mebar indicó que en Barranquilla se han registrado casos de este delito en barrios como Carrizal, Las Américas y El Edén, así como en los corregimientos de La Playa y Juan Mina.
En Soledad, por su parte, la problemática se ha evidenciado en zonas como Nueva Esperanza, Ciudad Salitre, Villa Muvdi, Cachimbero, Ciudadela Metropolitana, entre otros. Asimismo, se han registrado casos en Galapa y Malambo.
La Policía Metropolitana de Barranquilla expuso que tienen una “comunicación permanente” con las autoridades administrativas de Barranquilla y los municipios del área metropolitana con la finalidad de analizar los hechos de usurpación de tierras. De esta manera se busca responder a este tipo de situaciones y de acuerdo con las disposiciones de las autoridades judiciales.
Samir Serret, secretario de Gobierno, expuso que se ha evidenciado una gran afectación en la zona del suroccidente del municipio, situación que es motivo de una investigación.
“Es una problemática compleja. Detrás de todo esto hay bandas criminales, por lo que la competencia es de la Fiscalía y de jueces penales. Los inspectores de policía conocen de procesos de perturbación a la posesión”, expuso el funcionario.
Agregó que en el municipio se han presentado “situaciones contrarias” y por ende han brindado respaldo a varios casos de manera “inmediata” y el traslado a la autoridad competente.
“Las personas afectadas tienen que presentar las denuncias, porque esto es un delito. En el marco de sus competencias, el alcalde solo puede conocer en una segunda instancia. Por eso no puede extralimitarse en sus funciones”, cerró.
Los ministerios de Defensa y Agricultura dieron un ultimátum para que invasores de tierras desalojen los predios. Iván Velásquez, quien lidera la cartera de Defensa, sostuvo que la ley indica que las fuerzas policiales tienen las facultades de desalojar los predios en un plazo de 48 horas.
Mientras que Cecilia López sostuvo que ese tipo de actuaciones le quitan al Gobierno el espacio necesario para tramitar la gran reforma para el sector rural. El Gobierno recalcó estar dispuesto a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieran acceder, mediante el diálogo, pero no con la violencia, a este proceso de democratización de la propiedad.
En ese sentido, la vicepresidenta Francia Márquez indicó que ese tipo de prácticas no se pueden tolerar en el territorio colombiano.