La Alcaldía de Neiva y el Ministerio de Defensa, deberán indemnizar a familiares de un policía muerto en un trágico percance ocasionado por un hueco. La patrulla llena de policías perdió el control al coger un ‘bache’, chocó contra el sardinel y se volcó.
RICARDO AREIZA
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Cuatro enormes huecos en serie, localizados en la congestionada vía al barrio Alberto Galindo, en el norte de Neiva, causaron un estrepitoso accidente que dejó dos policías de las fuerzas especiales muertos y nueve más heridos.
Un mes antes, los uniformados habían llegado a Neiva, para enfrentar la ola de atentados terroristas que venían sacudiendo a la capital huilense. Entre ellos, los ataques a la alcaldesa de Neiva, Cielo González y a varios establecimientos comerciales.
Los uniformados hacían parte la Fuerza de Control Urbano (Fucur), conformada para combatir delitos de alto impacto en zonas críticas. Neiva era una de ellas.
Cuando se disponían a atender una supuesta balacera entre pandillas armadas en el norte de Neiva la camioneta se accidentó de manera estrepitosa en la carrera 7 con calle 73 de Neiva. El siniestro dejó como resultado la muerte de dos uniformados, Daniel Alberto Corredor Reyes y Eduar Ramiro Bahamón Cárdenas y con graves lesiones los demás ocupantes del vehículo.
El grupo especializado en operaciones urbanas había llegado en octubre a Neiva. El percance ocurrió el 17 de noviembre de 2008 en momentos en que la capital huilense padecía una impresionante ola terrorista.
Meses antes habían perecido el capitán Carlos Cardona, director de la Sijín, y los agentes antiexplosivos Alexánder Peralta, Robinson Londoño y John Jairo Valdivia Torres, después de haber frustrado un nuevo ataque dinamitero.
La alcaldesa de la época, Cielo González Villa, había salido ilesa de cuatro atentados. En octubre de 2008, los hoteles Neiva Plaza y Sulicam, ubicados en pleno centro de Neiva, también habían sido blanco de dos bombazos simultáneos que dejaron un muerto, ocho heridos y cuantiosos daños materiales. Otro artefacto explotó en la estación El Bote dejando a oscuras a medio Neiva.
Alerta
El día del accidente, una llamada telefónica alertó a la Policía sobre un supuesto enfrentamiento armado al parecer entre pandilleros.
El mayor César Morales, comandante del Primer Distrito de Policía, impartió la orden de trabajo. El capitán José Vicente Castro, coordinó y activó la misión poco antes de las seis de la tarde. No había tiempo que perder.
La patrulla, al mando del subintendente Luis Quintero Mena, abordó el vehículo y emprendió la operación. A los pocos minutos se produjo el inesperado percance.
El percance
El vehículo alcanzó un tremendo hueco, perdió el control, chocó con el sardinel derecho y se volcó lateralmente.
El patrullero Corredor Reyes viajaba en el volcó (platón) de la camioneta sin ningún tipo de seguridad y, por ello, sufrió graves lesiones que hicieron necesario su traslado urgente a la clínica Medilaser, lugar donde falleció cuatro días después.
Según el parte médico el joven patrullero perdió la vida por “traumatismo craneoencefálico severo sufrido en accidente de tránsito”.
La Alcaldía de Neiva, vinculada en la demanda, negó en principio su responsabilidad por el gigantesco bache en una vía de alta circulación por ser ruta de buses.
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional insistieron en que el accidente se causó por el mal estado de la vía, pues, en un rango de 200 metros había cuatro huecos, “los cuales provocaron que el conductor de la camioneta perdiera el control; por tanto, en este caso, se constituyó como causa eficiente del daño la inoperancia de la administración municipal”.
El accidente, según la Policía, se concretó por fallas atribuibles al Municipio de Neiva y no a la institución pues se probó que la vía donde ocurrió el siniestro se encontraba en mal estado y sin señalizar. “Era obligación del ente territorial garantizar la adecuada construcción, visibilidad, mantenimiento y señalización” de sus vías y, por tanto, era dable concluir que la Policía Nacional no intervino causalmente en la producción del daño”, alegó.
“Por acción del impacto el vehículo No. 1 inicia una maniobra de inclinación sobre su lado derecho que, posteriormente, finaliza en volcamiento lateral derecho pos-impacto”, describió la Dirección de Tránsito de la institución.
En su criterio, el conductor excedió los límites de velocidad y no tuvo precaución al intentar evadir el obstáculo que presentaba la vía. Pero fue factor contribuyente las fallas en la malla vial por huecos en la vía.
Los agentes de tránsito, pagados por la Alcaldía, también consignaron en su reporte el grave deterioro de la vía. “En la camioneta de la Policía Nacional viajaban once policías y que seis de ellos iban en el volco. La vía donde ocurrió el accidente, por ser residencial, permitía un máximo de 60 km/h. El accidente ocurrió por las imperfecciones de la calle –huecos”.
El fallo
Sin embargo, el Consejo de Estado, estimó que hubo una responsabilidad compartida.
“En criterio de la Sala, la muerte del patrullero Daniel Alberto Corredor Reyes sí es atribuible a la entidad demandada, pues del material probatorio que se relacionó anteriormente, es posible concluir que al momento de realizar el desplazamiento de los uniformados a la comuna nueve se incurrió en un exceso de velocidad el cual fue determinante para la concreción del daño”, precisó la magistrada María Adriana Marín.
“A lo largo del proceso, dijo, la Policía Nacional indicó que fueron tales huecos los que provocaron que el conductor de la camioneta perdiera el control y chocara; pero, en este caso, el exceso de velocidad con el que transitaba la patrulla se constituyó como una de las causas del accidente.
Para el Consejo de Estado “no se probó que su desplazamiento se diera por alguna labor o situación de urgencia que ameritara su presencia inmediata en la comuna nueve, de ahí que sea posible concluir que el conductor de la camioneta se encontraba obligado a cumplir las normas de tránsito antes mencionadas”.
Por tanto, para los magistrados resultó claro que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al transitar en una vía urbana y residencial a una “velocidad mínima de 101 Km/h”, y que dicha infracción, tal como se concluyó en el informe técnico No. 003, resultó ser determinante para la concreción del accidente, pues provocó que la camioneta, al caer en un hueco, perdiera su curso y se volcara.
No se salvó
La Alcaldía no se salvó. Las pruebas aportadas al proceso confirmaron que el accidente ocurrió en una de las calles de la comuna nueve del municipio de Neiva, la cual tenía un total de 4 huecos. Asimismo, se probó que las irregularidades de la calle antes mencionada no contaban con señalización alguna o demarcación que advirtiera de su existencia. “De modo que la vía representaba un riesgo inminente para quienes transitaran por allí, el cual, de hecho, se concretó con el accidente de la camioneta No. 30-0060 de la Policía Nacional.
En los documentos se demostró que los huecos se encontraban ubicados en ambos carriles de la vía y que uno de estos contribuyó en la causación del siniestro.
“Así las cosas, la Sala encuentra probado que el Municipio de Neiva incurrió en una falla del servicio por omisión, por la falta de mantenimiento y señalización de la vía en la cual ocurrió el siniestro, y que dicha inobservancia, como se vio, resultó, igualmente, ser determinante para la concreción del accidente”.
Como consecuencia, la Sala declarará la responsabilidad del municipio de Neiva, toda vez que se demostró que existió un vínculo causal entre su omisión y el accidente.
En efecto, así lo hizo. El alto tribunal declaró administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y al Municipio de Neiva por los perjuicios que sufrieron los demandantes como consecuencia de la muerte del patrullero Daniel Alberto Corredor Reyes, ocurrida el 21 de noviembre de 2008.
Las dos instituciones cancelarán a los padres, hermanos y abuelos del agente fallecido los perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante.
El Tribunal Administrativo del Huila, acatando la providencia, modificó la sentencia, ordenando las condenas para las dos instituciones.