Para algunos expertos, el Consorcio CCCI no podría firmar ningún contrato de prórroga, pues la inhabilidad para contratar con el Estado empezaría a regir en poco tiempo.
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El fallo de segunda instancia de la Controlaría General de la República que deja en firme la condena contra 26 personas naturales y jurídicas por la emergencia de 2018 en Hidroituango es sin duda la decisión más dura y también la más polémica en la historia para Antioquia.
Tiene profundas implicaciones: Impone condenas a personajes reconocidos y admirados en la región, como el exalcalde Alonso Salazar o el exgerente de Empresas Públicas Juan Esteban Calle, por mencionar solo dos nombres. Le pone serios obstáculos a la candidatura a la presidencia de Sergio Fajardo. Y lo más importante: pone en vilo la continuidad de esta megaobra estratégica para el futuro energético del país.
Aunque este fallo va a control automático del Consejo de Estado, allí la Sala Plena ya decidió que esa figura no se aplica. Esto quiere decir que no habrá cambios: el fallo está virtualmente en firme y solo queda esperar que lo devuelvan a la Contraloría.
Lo paradógico es que 24 horas antes de que se conociera el fallo, EPM —socio constructor del proyecto— y el Consorcio CCCI -subcontratista de EPM- estaban llegando a un acuerdo para salvar la obra. Es decir, que el contrato de construcción que se vence el 31 de diciembre próximo, lo prorrogarían once meses más para no provocar ninguna demora y permitir que la central empezara a generar energía a mitad de 2022. El problema con el fallo es que ahora las partes no pueden firmar ninguna prórroga, pues en el momento en que el Consejo de Estado devuelva el fallo sin dictar ningún concepto, CCCI —y las firmas que la conforman— deberá entregar todos los contratos que tienen con el Estado. La inhabilidad regirá hasta que se paguen los 4,3 billones de pesos que se han fijado como detrimento patrimonial.
Es evidente que el plan de EPM para cambiar de contratistas no está montado. A pesar de que el alcalde Daniel Quintero ha anunciado con ahínco que van a cambiar al consorcio, en la práctica no han avanzado mayor cosa, entre otras cosas porque, según supo EL COLOMBIANO, varias de las empresas que fueron invitadas a recibir el contrato han dicho que no lo reciben en las circunstancias de riesgo en que se encuentra el proyecto. A estas alturas no hay tiempo para hacer un empalme, de aquí al 31 de diciembre, y la entrada de una empresa nueva podría tomar meses.
Por eso, pese a la severidad del fallo, tanto Quintero como EPM fueron insistentes ayer en que los contratistas están obligados a continuar con la ejecución del proyecto hasta que la sanción quede en firme. “No pueden abandonar la obra ni dejarla tirada”, dijo el alcalde. Y EPM, en su comunicado, reiteró: “los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”.
Pero más allá de que los contratistas quieran, la ley no les permite firmar una prórroga sabiendo que están incursos en un proceso de inhabilidad prácticamente ya finiquitado. La misma EPM podría incurrir en faltas disciplinarias y penales. “Se podría configurar el delito de falsedad en documento público, porque los contratistas no pueden firmar la prórroga a sabiendas que en unas semanas o en unos meses van a estar inhabilitados”, le dijo un abogado experto en la materia a este diario.
Pero además, miles de familias aguas abajo de la obra siguen estando en incertidumbre porque el riesgo no está aún completamente controlado y en la medida que pasan los días y no se termina la obra se alarga la zozobra.
Ahora bien, en este fallo de segunda instancia, la Contraloría decidió integrar en la condena a la compañía aseguradora Mapfre. Es una jugada interesante porque si la aseguradora paga los 4,3 billones de pesos entonces todos automáticamente quedarían absueltos. Hasta el momento, Mapfre ha pagado 350 millones de dólares —1,4 billones de pesos—. Es decir, quedarían faltando 2,9 billones por pagar. Sin embargo, el pago no es automático, están en lo que se conoce como un proceso de ajuste que se puede tomar meses o incluso años.
Pese a que el panorama no es nada alentador para Hidroituango, parece que todo es muy ambiguo para las partes. Por medio de un comunicado EPM aseguró que “implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro”.
Por su parte, el Consorcio CCCI dijo mediante comunicado: “La decisión de la Contraloría pone en grave riesgo la continuidad de las obras necesarias para que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango pueda entrar en operación en los tiempos previstos y para evitar el riesgo que el uso extendido del vertedero representa para las comunidades aguas abajo, a pesar de los múltiples llamados que desde diferentes sectores se le hicieron de manera oportuna al señor Contralor General de la República”.
El Consorcio trata en su comunicado un asunto que no es menor: la decisión de la Contraloría no habla de dolo ni de corrupción, como hasta hace muy poco señalaba el alcalde Quintero, quien se llevó varias demandas por injuria, pues daba por hecho que eran corruptos.
La Contraloría dice que la condena llega por demoras y errores constructivos, según el consorcio, “que carecen de soporte probatorio y respecto de los cuales no nos dieron oportunidad de ejercer nuestro derecho de defensa”.
Justo Quintero publicó en su cuenta de Twitter un video en el que dice: “Este es un fallo histórico porque por primera vez en la historia de EPM, los responsables de daños y sobrecostos altos en proyectos de la empresa, tienen que pagar por ellos”.
En dicho mensaje, Quintero insiste en que la obra sufrió por el cambio de materiales supuestamente de baja calidad, algo que no aparece en el fallo de la Contraloría, pero quizá la gran pregunta está en cuáles son los planes de EPM, que no se conocen.
Sin duda la decisión de la Contraloría es una victoria del alcalde Quintero, quien durante los últimos meses se ha encargado de remarcar su discurso de buenos y malos en todo el caso. Sin embargo, una de las dudas que tienen expertos es qué pasa con EPM, pues es quien está a cargo del contrato de construcción con la Sociedad Hidroituango y quien ha avalado todas las acciones y cambios en el sitio de obra.
Impacto en otros negocios
A parte de Hidroituango, otras obras que quedarían en suspenso por la decisión de la Contraloría son algunas de las que adelantan los integrantes del Consorcio CCCI (compuesto por Conconcreto, Coninsa y Camargo Corrêa Infra).
Por el lado de Conconcreto, la preocupación central estaría sobre los contratos que adelanta con entidades públicas, que equivalen aproximadamente al 20 % de su banco de proyectos.
Según se lee en su informe de resultados con corte al 1 de marzo de 2021, entre ellos se destacan concesiones como la Vía 40 Express (Entre Bogotá y Girardot) y la Doble Calzada Oriente (entre Sancho Paisa – El Tablazo), que quedarían en vilo a causa de la participación de Conconcreto en ambas (50 % y 25 % respectivamente).
Frente a este escenario, el presidente de la constructora, Juan Luis Arístizábal, ha insistido en que la empresa tiene una situación financiera sólida y viene buscando garantizar los mecanismos para cumplir con los contratos.
Por el lado de Coninsa, que en su portafolio de proyectos en ejecución registra al menos 32 proyectos inmobiliarios, la empresa también ha insistido en que estos no se verían comprometidos.
“Ninguno de los proyectos que adelanta actualmente Coninsa, de forma individual o con otras organizaciones, se verá afectado”, planteó la empresa a mediados de octubre pasado, cuando se acogió a un proceso de reorganización empresarial
CONTEXTO DE LA NOTICIA
ANTECEDENTES
EL FALLO TAMBIÉN ABRE UN FRENTE JUDICIAL
Cuando el Consejo de Estado inaplique el control de legalidad, algunos implicados tomarán el camino judicial con una cascada de tutelas y de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que alegarán es la vulneración del debido proceso, en cuanto al derecho de defensa: a ser oído, a intervenir y a controvertir pruebas, pues consideran que la Contraloría no permitió contestación alguna durante las dos instancias. Este es un proceso largo, de al menos cinco años, aunque con la presentación de la demanda los implicados pueden pedir la suspensión provisional del efecto del fallo.