Álvaro Guerrero Arango
En cuatrienio de Quintero se entregaron miles de permisos para ocupar el espacio público y las autoridades se hicieron las de la vista gorda a cambio de votos.
Debe ser el lugar con más gorras por metro cuadrado del mundo. En el Paseo de Bolívar hasta en las paredes de los baños se exhiben gorras de todos los colores, de todas las formas y con los logos de todos los equipos de todos los deportes de Estados Unidos.
También en ese lugar, apenas terminado en diciembre de 2018 con la promesa de convertirse en un espacio público amplio, fresco, seguro y lleno de turistas, se consiguen cualquier variedad de buzos, camisetas, zapatos, vestidos, medias, cobijas y calzoncillos. Todo en puestos ambulantes e informales, basta con tener un perchero en acero o en madera y una decena de ganchos de ropa para sentarse ahí, bajo la sombra de los rieles del Metro, a vender.
El Paseo de Bolívar, que va entre la Calle San Juan y la Plaza de Botero, fue una de las principales intervenciones urbanísticas durante la primera administración de Federico Gutiérrez. La obra consistió en la intervención de 56.000 metros cuadrados en los cuales se le quitó un carril a los carros para dárselo a los peatones y a los ciclistas. Se plantaron 388 árboles y se invirtieron más de $33.000 millones. “El nuevo paseo del Centro que no tiene nada que envidiar a una calle europea”, fue el titular de la noticia de su apertura en este diario.
Pero la realidad en el Paseo Bolívar hoy, a poco más de cinco años de su inauguración, dista considerablemente de un paseo peatonal europeo, o si quiera de un paseo peatonal a secas. Caminar por ahí es zigzaguear en medio de un ruido sin principio ni final entre venteros informales y decenas de carretilleros que nadie sabe de dónde salen ni para dónde van
De acuerdo con Jorge Mario Puerta, el director de Corpocentro, el problema de los venteros informales y de la ocupación irregular del espacio público está desde antes de la puesta en marcha del proyecto de renovación urbanística y fue un error desde la concepción del mismo que se invirtiera tanto dinero en infraestructura sin antes intervenir o darle solución a los muchos problemas sociales del sector.
Sin embargo, hay que aclarar que no todos los venteros ambulantes son informales. De hecho, muchos de los que estaban allí cuando empezó la construcción fueron reubicados en otras calles aledañas y una vez terminada la intervención volvieron a sus puestos originales con toda la reglamentación de espacio público en orden.
Pero la ocupación del espacio público y la llegada de nuevos vendedores informales llegó a niveles desmesurados durante los últimos cuatro años, con la excepción del tiempo que duró el encierro por la pandemia. Esto, asegura Puerta, porque los funcionarios de espacio público, siguiendo una directriz de la administración de la ciudad a cargo de Daniel Quintero, no hicieron ningún control del espacio público con fines electorales. La dinámica, asegura, era simple: cambiar permisos de ocupación del espacio público por votos.
Esta opinión la comparte también Daniel Manzano, el director ejecutivo de Asoguayaquil, quien también asegura que durante el cuatrienio de Quintero “no hubo ninguna voluntad de control o acompañamiento, por el contrario se enviaron mensajes de no persecución, de no control, legitimó la invasión del espacio público”.
Ambos señalan a los subsecretarios de la dependencia de espacio público, Yomar Andrés Benítez y Wilson Buitrago, de hacerse los de la vista gorda con la ocupación del espacio que debería ser para los transeúntes a cambio de votos para las pasadas elecciones regionales, en las cuales incluso Benítez fue candidato al Concejo por el partido Verde y sacó 3.664 votos que no le alcanzaron para ocupar la curul.
Una buena prueba de que no tomar acciones sobre la ocupación irregular en el espacio público del centro ni en ninguna parte de la ciudad venía desde arriba la dio el ex alcalde Quintero en campaña. Cuando ya habiendo renunciado a su cargo y haciéndole campaña a Juan Carlos Upegui generó tremenda polémica después de que pusiera a una vendedora ambulante de empanadas a decir que “Fico” los perseguía y los trataba como delincuentes.
El reporte que da Puerta sobre la desidia e inoperancia de la autoridad es dramático: según él, el año pasado la secretaría de Espacio Público entregó al rededor de 9.000 permisos, con lo cual en el centro pasaron de tener aproximadamente 17.000 venteros informales en 2017 a casi 35.000 el año pasado. Y mientras las gorras exhibidas (no vendidas) llegaban a niveles récord, los funcionarios de espacio público disponibles caían en picada. “En el mejor momento del centro llegamos a tener 750 funcionarios en la calle, el año pasado terminamos apenas con 200”, asegura Puerta.
Además de la ocupación de un espacio que debería ser para caminar o montar en bicicleta, para pasear, que es lo que se esperaría de un paseo, Manzano advierte que este surgimiento desmesurado de venteros informales también tiene que ver con el fortalecimiento de las estructuras ilegales de la zona. Pues entre más venteros haya sin permiso de las autoridades, más rentas pueden captar estas organizaciones a través de la extorsión. Esto sumado a que algunos hacen negocio bajo cuerda con los permisos y los venden o los alquilan a otros que no están ahí “vendiendo” para subsistir sino para enriquecerse.
La actual administración de Federico Gutiérrez se puso como una de sus prioridades la intervención en el espacio público y uno de los primeros lugares a intervenir es precisamente el centro de la ciudad. Sobre esto, tanto Puerta como Manzano coinciden en que una de las primeras acciones debería ser censar a las venteros y revisar los permisos que se expidieron en la pasada administración, pues ambos aseguran que no todos quienes están allí lo hacen porque sea un medio de subsistencia, pues hay familias que pueden tener hasta cinco o seis puestos en la misma cuadra, o hasta puestos informales con cinco o seis empleados.