Más de 30 personas raptadas la semana anterior y comunidades completas aisladas y desabastecidas son los calvarios de un conflicto que las autoridades buscan menguar con su presencia.
Santiago Olivares Tobón
En el extremo lejano de Segovia, en el Nordeste antioqueño, las comunidades tienen que convivir con el cruce de disparos, con una alianza poco común entre dos grupos guerrilleros y viviendo de la voluntad de estas estructuras, que solo cuando lo permiten pueden ingresar vehículos con víveres, elementos de aseo y otros que, bajo su consideración, no les represente ningún riesgo.
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Si bien este conflicto, en el que el ELN y el frente 4 de las disidencias de las Farc están unidas para enfrentar al Clan del Golfo en un territorio que considera propio, en la última semana se agudizó cuando se reportó que al menos 30 personas estaban confinadas bajo el control de una de estas estructuras, aunque con el paso de las horas quedaron en libertad. Se estima que 3.500 personas viven encerradas en estos territorios.
“Un enfrentamiento que ha venido sosteniéndose ya por meses, en un tema de disputa por territorio”, manifestó el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, quien ha pedido la intervención de los gobiernos nacional y departamental, ya que para él, tanto los que viven a pocos metros de su sede administrativa como aquellos de la lejanía limítrofe con el sur de Bolívar tienen la misma importancia ante las situaciones que se vienen registrando.
Esta confrontación solo afecta a la zona urbana de este municipio cuando los buses escalera proveniente de las veredas, ubicadas a más de cinco horas por camino de trocha del parque principal, llegan colmadas de personas pidiendo ayuda y con la ropa que llevan puesta. En las últimas horas, según las denuncias de las autoridades, 25 familias llegaron a la centralidad y recibieron apoyo por parte de la Alcaldía de Segovia, que dispuso de sus recursos el dinero para pagar hospedaje en hoteles en ese municipio y en Remedios.
¿Por qué quieren este territorio?
La problemática se empezó a generar cuando en este sector rural se descubrió, en medio de las labores de minería, una gran veta de oro que podría generar miles de millones de pesos durante su explotación. Cuando integrantes del Clan del Golfo, a través de sus subestructuras Yeison Leudo Echeverri y Ulder Cardona, se enteraron de la noticia, empezaron una incursión a sangre y fuego para controlar este territorio, históricamente controlado por el frente José Antonio Galán del ELN.
Tan delicada ha sido la disputa que este grupo guerrillero tuvo que pedir apoyo de una estructura a la que históricamente se ha enfrentado en otras regiones del país, las disidencias de las Farc. Este vínculo con el frente 4 de las disidencias, de acuerdo con expertos en el conflicto armado, es muy poco común en el territorio nacional, pero el afán por defender esta riqueza los llevó a unirse.
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Ya como valor agregado de esta sangrienta disputa se busca también tener el control de las rentas criminales, las extorsiones y los corredores estratégicos para el tráfico de armas y estupefacientes, rubro no menos importante en la economía de estas organizaciones.
En total, las autoridades hablan de nueve sectores afectados por esta situación, pero los que viven la situación más delicada son Altos de Manila, Cancha Manila, Mina Nueva y el sector de Rancho Quemado.
Estuve hoy en Segovia y comprobé, en primera persona, el engaño de la llamada paz total.
Criminales de distinta pelambre posando de insurgentes y contrainsurgentes -ELN y EMC, los primeros; Clan del Golfo, los segundos- enfrentados entre ellos por el control de rentas… pic.twitter.com/w7Gji9IRO5
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 11, 2024
En estos sectores hay confinamiento y desabastecimiento de algunos productos de la canasta básica rural, puesto que en el camino, los buses escalera son interceptados por los criminales para verificar qué transportan, impidiendo el ingreso de algunos alimentos, pipetas de gas y gasolina.
“Dicen que no permiten el ingreso de algunas cosas porque lo consideran peligroso al momento de una confrontación, principalmente con las pipetas de gas, sin saber que en estos momentos nos están dejando sin con qué cocinar”, manifestó un habitante de una de estas veredas.
Dificultades para ingresar
Al ser estos unos territorios que son de complejas trochas y, en algunos casos, en los que solo se puede acceder a pie o en bestia, tanto los organismos de derechos humanos como las mismas autoridades han tenido dificultades para llegar, aunque con el paso de los días y la agudización del conflicto, cada vez hay más presencia institucional.
Sin embargo, luego de un consejo de gobierno, en el cual estuvo presente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, además de la Policía y el Ejército, se hizo el despliegue de 200 tropas militares para tratar de restablecer el orden público y, de paso, controlar el fuerte accionar de estos grupos armados ilegales.
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“Nosotros desde la Gobernación vamos a atender a todas las personas que, infortunadamente, como consecuencia de este enfrentamiento entre grupos armados ilegales han tenido que desplazarse a la cabecera municipal de Segovia”, expresó el mandatario departamental, después del consejo de seguridad de este fin de semana.
Este cuerpo de seguridad se suma a las unidades que han hecho siempre presencia en la zona urbana y rural de la Policía Antioquia y que se ha reforzado por cuenta de los conflictos recientes.
El comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Andrés Martínez, expresó que “tenemos una fuerte presencia policial en el territorio para velar por la seguridad de las comunidades afectadas por esta disputa”.
Adicional a esta situación, el alcalde de Segovia solicitó a las autoridades y a los organismos internacionales que le brinden apoyo en la creación de un corredor humanitario para poder transportar los víveres necesarios para que las comunidades afectadas puedan subsistir.
Muertos que no se contabilizan
Una de las particularidades de este conflicto radica en la cifra de muertos, puesto que según los registros oficiales de la Policía Nacional, este año solo se ha contabilizando un homicidio en Segovia. Sin embargo, por cuenta de la disputa registrada en los últimos días se rumora que de bando y bando la cantidad de fallecidos se cuenta por decenas, sin que ninguna autoridad certifique la cifra exacta.
En muchos de los casos, el subregistro que se presenta con los muertos en este conflicto se debe a la dificultad de los investigadores de Policía Judicial, bien sea de la Sijín o del CTI de la Fiscalía, para acceder a la zona y hacer la inspección al cadáver y porque los integrantes de estos grupos armados los recogen y los llevan a sus propias fosas, sin que haya mayores pistas sobre su paradero.
Además, en medio de este conflicto, los criminales hicieron llegar amenazas en contra de la secretaria de Gobierno de Segovia, Ana María Espinosa, y el propio alcalde del municipio, por medio de un panfleto, razón por la cual decidieron fortalecerles las medidas de seguridad.
“Se toma una serie de medidas, desde luego hay un Servicio Integral de Policía y unas medidas adicionales siempre en pro de garantizar la seguridad de los funcionarios particularmente y pues la dignidad que ella representa en función de su cargo, pues necesita y demanda una serie de medidas especiales”, dijo el coronel Martínez.