Estos clientes protegidos constitucionalmente adeudan un total de 159.661 millones de pesos.
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No sólo los usuarios son los que están en mora y no pagan el servicio de energía a Afinia, también lo hacen algunas entidades públicas.
Así lo dio a conocer la filial del Grupo EPM, que detalló que ante la falta de pago iniciará la terminación de contratos para la prestación del servicio de energía eléctrica a varias entidades estatales.
El gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, explicó que la medida obedece a que la mayor deuda del segmento de los grandes consumidores, un total de 175.000 millones de pesos, se concentra en los clientes oficiales protegidos constitucionalmente, cifra que asciende a 159.661 millones de pesos y corresponde al 91% de estos clientes.
Lastra hizo un llamado al Gobierno nacional y al ministerio de Minas y Energía para que coadyuven en la formulación y adopción de políticas acorde a las realidades y necesidades de los sectores en los territorios, mientras que pide al Congreso de la República que en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo queden incluidos los recursos para el pago de esta cuantiosa deuda y se prevean los mecanismos que garanticen la destinación de los rubros presupuestales para el pago de la energía de los clientes oficiales.
Los ‘morosos’
Las entidades con mayores cuantías de deuda son Empresas Públicas de El Paso (Cesar) con 8.084 millones; municipio de Ariguaní, Magdalena, con $7.132 millones; Empobosconia, con $6.807; Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos de Bolívar con $$5.27 millones; Empal de Sucre, con $4.956 millones.
En el sector salud el de mayor deuda es el Hospital Clina de Maternidad de Bolívar con $1.971 millones; Hospital Universitario de Sincelejo, Sucre con $1.746 millones; Hospital San José de Tierralta, Córdoba, con $1.703 millones y Hospital San Nicolás en Córdoba con $961 millones.
Lastra Fuscaldo también solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que activen los medios que permitan mantener vigilancia estricta a estas entidades en el cumplimiento de las obligaciones de Ley de presupuestar y pagar los servicios públicos a su cargo.
Finalmente, el gerente de Afinia insistió en que “todas estas entidades están constitucionalmente protegidas por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía; sin embargo, la terminación del contrato del servicio es un mecanismo legal ante los incumplimientos del pago. Lo anterior, debido a la negativa de la cancelación de la deuda o acuerdos, a pesar de los distintos esfuerzos realizados ante los representantes de estas entidades”.
