Por Gustavo Ospina Zapata
En el sitio se procesan residuos sólidos de demolición y cuenta con licencia y permisos de la alcaldía y Corantioquia. La empresa defiende su gestión.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
Muy inconforme se encuentra la comunidad de varios sectores de Belén Aguas Frías con el funcionamiento de un centro de transformación y aprovechamiento de escombros y residuos de construcción que viene operando allí desde 2020, en una zona conocida como La Margarita y donde años atrás hubo una escombrera, la cual fue cerrada por Corantioquia por incumplimientos a la normatividad.
Pero el lote o predio tiene otra historia que data de años más atrás (2005), cuando la Dirección de Estupefacientes (hoy SAE o Sociedad de Activos Especiales) lo involucró en un proceso de extinción de dominio que hasta hoy no se ha resuelto totalmente. El lote, donde operaba una ladrillera que fue cerrada, quedó ocupado por algunas familias que simplemente laboraban para los dueños y que siguieron allí porque no recibieron indemnización ni pagos por sus servicios, dicen los afectados.
Pese a todo esto, la Alcaldía de Medellín otorgó licencia para una planta de Sinesco (Sin Escombros), una instalación a la que la comunidad llama genéricamente escombrera. El proyecto de Sinesco se ajustaba, en su momento, a los requerimientos del POT municipal para este tipo de industrias y por esto se les permitió el montaje.
Los problemas llegaron después, porque la comunidad empezó a sentir el efecto o impacto de las volquetas transitando por la vía, el polvo y material particulado penetrando en las casas y causando problemas de salud en las personas, presuntas afectaciones ambientales a las fuentes hídricas en afluentes como La Picacha y otros de la zona y supuestos riesgos de deslizamiento por la aparente saturación de los suelos y de la montaña, ubicada en la ladera suroccidental de la ciudad.
La copa se llenó tanto, que el jueves 21 la comunidad bloqueó la vía de acceso al corregimiento y salió con pancartas pidiendo que Sinesco se vaya de la zona, pues los moradores no sienten que haya una compensación hacia ellos por vivir en carne propia los impactos “negativos” de una planta que está operando en su sector.
A la par, la protesta la apoyan también las familias, en total ocho, que habitan el predio en extinción, pues hace apenas una semana recibieron una notificación de la SAE en la que les anuncia que el próximo miércoles 28 de julio les adelantará un proceso de desalojo, al cual están dispuestos a oponerse, pues aseguran que tienen derecho a permanecer allí a pesar del proceso de extinción.
Razones de la protesta
Olga Lucía Echeverri, una de las líderes de la protesta, da cuenta de unas 61 quejas recibidas sobre el particular de parte de las familias afectadas, que incluyen, según, dice, los barrios Aguas Frías, Las Violetas, La Pradera y Las Mercedes.
“Los problemas son muy claros: hay afectaciones a la salud por la emisión de CO2 debido al alto flujo vehicular, están afectadas las vías, no hay andenes, están afectadas las microcuencas, ya hay nacimientos de agua tapados por escombros y la montaña está cediendo y tiene fisuras de más de un metro, hay riesgo de una avalancha”, enumera Olga. El pasado 10 de julio la comunidad interpuso 41 tutelas ante Corantioquia, que ya respondió 30.
“Aparentemente, Sinesco cumple con todos los permisos pero no cumple los requerimientos, las volquetas pasan por encima de la quebrada, no tienen un puente de paso y esta semana un tractor se volcó y mató 2.800 peces de una familia”, añade Olga.
Daniela Montoya, otra residente vecina, señala que la afectación es tanta, “que hace dos años estoy bregando a vender la casa y no he podido, se desvalorizó, acá no se puede respirar, en las casas vibran las ventanas y puertas y las paredes tienen grietas”. Daniela tiene una colección de fotografías que documentan el problema: la vía saturada de volquetas, volcamientos y calles llenas de polvo y tierra.
La comunidad ha hecho derechos de petición a distintas dependencias de la Alcaldía, como Planeación, Gestión Territorial, Movilidad y el Dagrd, pero aunque les han respondido, ninguna ha dado soluciones de fondo, pues el problema sigue.
Sinesco se defiende
Al respecto, Julián Arboleda Zuleta, coordinador CTA (Centro de Transformación y Aprovechamiento) de Sinesco, precisa que su empresa cumple con los compromisos adquiridos cuando obtuvo la licencia para la planta. Expone que la escombrera desarrolla dos fases: una encaminada a la economía circular para el aprovechamiento de los residuos de demolición y construcción, como madera drywall y hasta residuos orgánicos.
“Hay un proceso de transformación y otro de disposición final: con los escombros se hacen unas plataformas para disposición final y encima de ellas hacemos las unidades productivas de transformación de los materiales como agregados, ecoagregados y transformación de la madera”. Es decir, del material que llega al predio parte se utiliza para elaborar terrazas sobre las que funcionan las plantas de fabricación aglomerados y parte para fabricar derivados y nuevos productos.
“A la gente siempre se le dijo que el tema de la disposición final (las terrazas) era temporal y eso se sostiene, estamos un 75% con tres terrazas listas y cuando se termine la última solo seguiríamos en la parte de la transformación”, explica Arboleda.
Sobre las afectaciones por la actividad, señala que no son la única empresa: “Toda esta zona de Aguas Frías y Las Violetas es industrial, hay aproximadamente 30 industrias, hemos tocado las puertas del resto de las industrias para hacer mesas de trabajo a ver cómo podemos ayudar a mitigar los impactos”. En la zona hay también ladrilleras, canteras, gravilleras y alfarerías e incluso chimeneas que, asegura Arboleda, también afectan a la comunidad.
En días pasados la comunidad sostuvo una reunión con el Dagrd y Sinesco en la que cada quien expuso las problemáticas. De la cita salieron algunas conclusiones y acciones por ejecutar, según el acta de la entidad de gestión del riesgo de Medellín a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO. Estas se resumen en la necesidad y compromiso de reactivar un comité de seguimiento que antes funcionaba en el sector; establecer controles más rigurosos, monitorear los temas de movilidad, de emisión de material particulado, del flujo de volquetas y sus cargas y la inspección del riesgo en la zona.
No fue posible hablar con la SAE para este informe sobre lo que viene en la orden de desalojo por parte de las familias que ocupan el predio.