Los inversionistas de una estación de servicio abierta hace casi tres décadas están enfrentados a transportadores de la misma terminal, que tienen su propia bomba lista para abrir.
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Los casi 4.000 buses que a diario entran y salen de la Terminal del Norte de Medellín de pronto se convirtieron en un “activo” valioso para los dueños de la estación de gasolina que hasta ahora había sido la reina en los alrededores y para los propietarios de otra que acaban de construir, considerada por los anteriores como advenediza.
Los empresarios de ambas protagonizan un choque legal para hacer valer los que consideran sus derechos y evitar que se les salgan de sus bolsillos los cientos de millones de pesos que gastan los mencionados vehículos en combustible.
Uno de los enfrentados es el Grupo EDS Autogas SAS, titular del punto de venta antiguo, que cuenta con 40 estaciones propias y 28 aliadas en todo el país en las que provee gasolina y gas natural vehicular. El otro es el Grupo 580, un conglomerado que conforman un puñado de empresas de transportes con asiento en la Terminal del Norte.
El tema acumula ya varios derechos de petición, una acción popular, una demanda de nulidad de la licencia de construcción de la estación nueva y hasta un llamado para que se investigue al curador urbano que expidió ese documento.
Una persona ligada con Autogas cuenta que por los alrededores de la terminal todo marchaba en orden y de pronto vieron cómo entraban materiales de construcción hacia uno de los parqueaderos de buses de este complejo en el que la mayor atención se la llevan esas máquinas inmensas que llevan y traen pasajeros, y que sólo comenzaron a sospechar de algo extraño que los podía afectar cuando observaron que estaban instalando unos surtidores similares a los que ellos emplean para su labor diaria. Lo extraño fue que, según dicen, nunca pusieron los avisos que deben exhibir como evidencia que las obras cuentan con permiso legal y para darle pie a que actúe quien se sienta afectado.
Todo se hizo mucho más evidente en el momento en que sus virtuales competidores levantaron una columna inmensa, como la de ellos mismos, coronada con el aviso luminoso de Terpel.
La licencia de construcción había sido solicitada por Richard Alberto Serna, el gerente de Terminales Medellín, la razón social que administra las terminales del sur y del norte, el 28 de septiembre de 2021 y le fue otorgada el 8 de junio de 2022.
El primero de diciembre de 2022, en respuesta a un derecho de petición de Autogas, la Subdirección de Control Urbanístico de la Alcaldía les indicó que esa licencia no era coherente con el Plan de Ordenamiento Territorial de 2006, según el cual la distancia mínima entre dos estaciones de servicio debe ser de 500 metros.
En este caso apenas se acerca a 50 metros, teniendo en cuenta que la nueva estación adscrita al Grupo 580 queda dentro del parqueadero de buses de la terminal que da a la Autopista Norte y la otra está a un golpe de vista, justo después de la puerta de ingreso, del costado suroccidental.
Luego vino la petición, igualmente de la oficina de Control Urbanístico, para que se revocara la licencia de construcción y la petición a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de que investigue al Curador Primero, Marco Antonio Jaramillo Ospina, por otorgar ese documento sin que se llenaran requisitos legales.
Una acción popular instaurada por una ONG de Bogotá, denominada Corporación Anticorrupción Internacional (Coraci), también se opuso a la instalación de la nueva gasolinera con argumentos similares a los de Autogas. Criticó la actuación del curador Jaramillo y denunció que la Alcaldía de Medellín no había actuado como debía. A los argumentos le agregó además que la proximidad entre las estaciones puede ser contraproducente para la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta que estos montajes implican la instalación de tanques subterráneos de gran dimensión para líquidos inflamables y de ocurrir algún incidente se podría desatar una reacción en cadena. Adicionalmente, se quejaron de que habría un cambio en el uso del suelo al poner una venta de combustible en un sitio habilitado legalmente como parqueadero. Según los quejosos, tampoco se conoce un estudio de impacto ambiental.
“Resulta evidente que la construcción de la Estación de Servicio en el Predio, es fruto de la acción u omisión del Terminal de Medellín, la Alcaldía, el Curador y el Ministerio de Minas y Energía”, asegura la ONG accionante.
La acción popular pone en cuestión además el mecanismo que se empleó para otorgar el contrato de la nueva gasolinera al Grupo 580, pues siendo la terminal un bien público, aparentemente no existió ningún concurso.
En una proyección de las respuestas a ese recurso legal, en un documento que busca demostrar que la administración sí hizo lo que le tocaba, el subsecretario de Control Urabanístico, Juan Guillermo Aguirre, le endilgó a la vez la responsabilidad al Curador Primero al indicar que las “licencias fueron otorgadas sin el lleno de los requisitos legales desde las normas urbanísticas aplicables”. Fue por ese motivo que la misma dependencia le solicitó a Planeación Distrital que revoque la licencia de construcción y le pidió a la Supernotariado que verifique si la actuación del curador Jaramillo se ajustó a los lineamientos legales.
“Estas actuaciones irregulares afectan a nuestra compañía, pues generan competencia que estimamos desleal e ilegal”, expresó Autogas. Un vistazo a la operación de su gasolinera da una idea de lo que ven venir, pues se nota que aproximadamente la mitad de su clientela proviene de la misma terminal y corre el riesgo de perderla por cuenta de los nuevos vecinos y competidores.
Del tema hay además suspicacias de lado y lado que tienen que ver con un presunto trasfondo político (ver “¿Existe algún trasfondo político?”).
EL COLOMBIANO buscó la versión del gerente de Terminales Medellín, Richard Alberto Serna Maya, pero miembros de su equipo contestaron que está en vacaciones, fuera del país, y es el único vocero autorizado para hablar sobre este asunto.
Por su parte, Mario Varela, uno de los fundadores de Grupo 580, y el abogado Eugenio David Prieto, quien representa a ese grupo empresarial, rechazaron los argumentos de Autogas, que en su concepto sólo está reaccionando porque no quiere perder parte de su mercado.
Según Prieto, la acción de nulidad tiene una base errónea, pues el POT que rige en la actualidad no es el de 2006 que restringe la distancia entre estaciones, sino el de 2014 que no contendría ninguna limitante al respecto.
Frente a lo también esbozado por la contraparte, de que, en todo caso, la nueva estación debió salir a concurso, dijo que no es así debido a que la terminal se rige por el derecho privado.
“Hay más de 150 locales y todos arrendados, más o menos con el mismo procedimiento. Es una sociedad industrial y comercial del Estado y por eso a veces se comporta como si fuera un particular”, afirmó.
Los accionistas del Grupo 580 son Rápido Ochoa, Transportes Titiribí Amagá Medellín, Operador Logístico de Transporte del Suroeste y seis personas naturales ligadas con el gremio, entre ellos Varela. Parte de ellos conforman también otro grupo de inversionistas que opera una estación de gasolina en la Terminal del Sur hace 12 años. La del norte ya está concluida y solo estarían finiquitando algunas autorizaciones para comenzar a bombear y vender los combustibles.
Negocio para superar crisis
Varela, su vocero, defendió esta como una posibilidad para hacer sostenible un negocio que quedó en crisis después de la pandemia por la covid-19 y de paso evitar las esperas prolongadas que les hacen perder tiempo a sus buses y las congestiones que se hacen con frecuencia en la autopista por la alta demanda de la estación actual.
Fue enfático en que su mercado natural son casi 500 buses de las empresas asociadas y por extensión las demás que funcionan en la Terminal del Norte, pero no tendrían otros clientes.
Adelantó que están pensando también en montar un lavadero ecológico avalado por el Área Metropolitana, y sentenció: “No estamos haciendo nada por debajo de la norma ni nada ilegal, es una cosa de los transportadores; que no se extrañen en el momento en que empecemos a hacer carrocerías”.
Según los representantes de Grupo 580, aunque la polémica apenas aparece, el contrato de la estación de gasolina se firmó desde 2015 pero no se había podido hacer efectivo porque la Alcaldía no había tramitado los permisos y porque “los poderosos no dejaban realizar el proyecto, era como si todos los días le echaran una volquetada de arena”.
Curiosamente en el año mencionado por ellos, tras quejarse de presuntos intereses políticos o económicos de por medio, fungía como gerente de Terminales Medellín Carlos Alberto Molina Gómez, un dirigente liberal del Suroeste, justo la misma zona de donde son varios de los accionistas de Grupo 580.