POR MATEO ISAZA GIRALDO
Se Bia, Kirincha Bia y Bianibaita son las tres apuestas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas que habitan en los 56 resguardos dentro del perímetro de las fronteras antioqueñas.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
Los tres conceptos, traducidos a la lengua embera porque representanz la mayor cantidad de indígenas en Antioquia, traducen en su orden nociones claves para conseguir vidas dignas: Buen corazón, Buen pensar y Buen vivir.
Esto, a pesar de que el cálculo oficial da cuenta de que los cerca de 40.000 indígenas censados en Antioquia representan el 0,6 de la población y cuentan con el 5,5 % del área geográfica total, territorio distribuido en 56 resguardos y 212 comunidades indígenas protegidas por el Ministerio del Interior.
El texto Antioquia Indígena, de la Gobernación, explica que en el departamento coexisten comunidades en siete de las nueve subregiones del departamento y la de mayor población es la etnia Emberá, clasificada por sus diversas adaptaciones como Eyábidas (gente de montaña), Chamíes (de cordillera) y Dóbidas (de río). En su orden le sigue la etnia Senú, ubicada en el Bajo Cauca y el norte de Urabá y los Guna Dule (gente de oro) afincado también en el Urabá antioqueño.
Males comunes
Que los pueblos indígenas habiten mayoritariamente en la zona rural dispersa, en ocasiones a dos y tres días de camino del centro poblado más cercano, empeora las condiciones por esa brecha entre lo urbano y lo rural que el índice de pobreza multidimensional en Antioquia ubica en un 25,0%.
El plan de desarrollo lo diagnostica y habla de cómo ese dato ilustra “el aumento en las diferencias en las condiciones educativas, el trabajo infantil e informal, las barreras de acceso a servicios de salud y, en general, las condiciones de habitabilidad de la población rural. Situaciones que reflejan la precariedad en la garantía de sus derechos y las privaciones a las que se ven sometidos y que no les permiten disfrutar de la vida en dignidad”, enuncia. En gran parte por eso requiere del enfoque étnico diferencial.
A eso se suma que en muchas ocasiones sufren el flagelo del conflicto armado y ven cómo sus territorios son ocupados por grupos al margen de la ley que utilizan esos espacios como corredores estratégicos, tal como lo cuenta Richar Sierra Alquerque, quien pertenece a la etnia Senú y en la actualidad está a cargo de la Gerencia Indígena de Antioquia.
“El conflicto es transversal a todos los otros factores de vulnerabilidad y sigue siendo un tema de atención urgente. La presencia de actores armados ilegales en territorios indígenas tiene en jaque la vida de las personas. Muchos de estos actores del conflicto lo que han hecho es usar los resguardos de trinchera y eso hay que denunciarlo porque se han ensañado con nuestra gente y nos tienen confinados”, dijo.
Desde la Organización Indígena de Antioquia, por ejemplo, han lanzado diversas alarmas sobre confinamientos de comunidades enteras en municipios como Murindó o Frontino, alejados de los cascos urbanos.
En octubre de 2019, por ejemplo, EL COLOMBIANO documentó el confinamiento que padecían 2.122 indígenas de la etnia emberá que estuvieron más de un mes sin poder salir a cazar, pescar o cosechar sus cultivos. Las víctimas de los hostigamientos integraban 11 comunidades pertenecientes a los resguardos Chajeradó y Murindó, ubicados a una distancia de tres y siete horas por agua desde el casco urbano de la localidad y estaban en medio de un conflicto ajeno entre el Eln y gaitanistas.
O los dos menores de edad de la comunidad indígena Emberá Eyábida, una niña de 12 años y un adolescente de 17, que murieron en marzo pasado en el resguardo Murrí Pantano, en Frontino, por la detonación de una mina antipersonal.
Datos de la Unidad de Víctimas totalizan que el 27 % de la población indígena se encuentra registrada como víctima del conflicto armado (9.989 víctimas con pertenencia étnica indígena). “El hecho victimizante más presentando corresponde al desplazamiento forzado con un total de 8.938 registros, seguido del homicidio con 403 casos, las amenazas con 378 eventos y la desaparición forzada con 115 casos”, indicaron.
La salud en pandemia
Si pese a la cobertura en salud (92 %) ya era compleja en los resguardos de Antioquia, por la dispersión y la falta de conectividad de los territorios, desde marzo pasado se sumó un ingrediente adicional que reveló los problemas de salud pública de buena parte del territorio: el nuevo coronavirus.
Luego de cuatro meses ya se registraron casos positivos por covid-19 en algunas comunidades indígenas, tal como lo reportó Gustavo Vélez, consejero de Salud y líder de la IPS de la OIA que atiende a la población indígena en el departamento.
Por ahora la estrategia ha girado en torno a campañas educativas en lenguas propias para hacer pedagogía sobre la pandemia y la importancia de los factores de prevención y la distribución de kits de prevención a la guardia indígena.
“Ya hay casos positivos en comunidades y la preocupación es por la distancia de los cascos urbanos y la imposibilidad de hacer un control efectivo y cercos epidemiológicos oportunos. Tenemos comunidades en el Bajo Cauca y Urabá sin agua y eso complica que los protocolos de bioseguridad se cumplan”, explicó.
La Gobernación reportó que la suma de esfuerzos permitió la entrega de 8.000 paquetes alimentarios en la pandemia, pero todo esfuerzo se queda corto ante el peso de la realidad .
CONTEXTO DE LA NOTICIA
COBERTURA DEL 92 % EN SALUD
Otro de los retos importantes que debe encarar esta administración tiene que ver con acompañar y dotar de herramientas técnicas de gobernanza a los indígenas que tienen poder político y toman decisiones para la comunidad. Desde la posibilidad de acceder a formación de lo público hasta la adecuación de espacios físicos como sedes de gobierno y la formación en resolución de conflictos sin romper con la autonomía y las tradiciones propias de la cosmogonía de cada etnia.
