La cadena abrió 107 tiendas en el Valle de Aburrá. Hoy están rayadas y esperando nuevos inquilinos.
En los barrios de Medellín quedaron los restos de una empresa muerta. En esquinas, junto a parques o avenidas, están los esqueletos: locales vacíos, fríos, con las persianas rayadas. Solo eso quedó de Justo & Bueno, la que en su momento fue una firma prometedora. Los 5.000 trabajadores, los arrendatarios y los vecinos son los que más han lamentado su muerte.
En su mejor momento, Justo & Bueno llegó a abrir unas 107 tiendas en el Valle de Aburrá. La primera tienda se estrenó en febrero de 2016 en el barrio Restrepo, de Bogotá. En octubre de ese año, como lo señaló el diario La República, ya tenía 175 tiendas en el país. Pero, llegada la pandemia, la empresa empezó a retroceder y pasó de vender 3,2 billones de pesos a tener deudas por 1,2 billones de pesos. Finalmente, después de mucho luchar, el pasado 5 de agosto se sentenció su futuro, la liquidación.
Las tiendas que quedaban en Medellín cerraron definitivamente sus persianas, pero las heridas quedaron abiertas. Basta con hacer un recorrido para dimensionar lo que pasa. En la 10, en todo el Parque del Poblado, quedó el esqueleto de una de las tiendas. Como muchas, tiene toda la fachada rayada, llena de grafitis. En San Javier, cerca a la unidad intermedia, hay una que se convirtió en refugio de habitantes de calle. Los que bajan por allí en la mañana, camino al trabajo, ven todos los días a hombres ruinosos que, cuando están despiertos, consumen drogas.
Algunas tiendas se han convertido, pues, en foco de inseguridad, como lo que pasa en San Javier. Pero un drama aparte viven los arrendadores de los locales. El proceso de liquidación, como es habitual, es aparatoso, lento, y más cuando se trata de una empresa del tamaño de Justo & Bueno.
En Cristo Rey hay un buen ejemplo. Fabián Guasca es dueño de una tienda de frutas y verduras en ese barrio. Al lado de su negocio, en una propiedad que es suya, funcionaba un Justo & Bueno. Él le arrendaba el local a la empresa por 13 millones de pesos mensuales. Pero, como la compañía comenzó con los aprietos en la pandemia, se vieron en líos para pagar el canon. A hoy, dice, le deben 18 meses. Es decir, 234 millones de pesos.
Por otro lado, por la lentitud del proceso, no ha podido arrendar el local. Aunque la tienda cerró hace unos tres meses, todavía hay estanterías que no han recogido. “No han venido a recogerlas. Es como tener el local secuestrado, porque no podemos hacer nada con él”, comenta el empresario. Las persianas, como las de tantos otros locales, están rayadas. “Nosotros creemos que esa plata se perdió. El contrato original era a 10 años. Imagínese lo que dejamos de ganar”, complementa.
Y el proceso de liquidación contempla primero salir de las deudas con los acreedores, los proveedores, y después está la deuda con los arrendatarios. Por eso la falta de fe de Fabián frente al pago de la deuda. Una situación similar ha vivido Andrés Posada, el arrendador de un Justo & Bueno en Itagüí, en el barrio San Gabriel. Hoy el local está en arriendo y, como a muchos otros, ya lo están cotizando otras cadenas como D1, Olímpica y Ara. Pero, como Fabián, lamenta los daños colaterales de la quiebra: “Afortunadamente, el local estaba arrendado por agencia. A ellos les quedaron debiendo 16 meses. A mí, afortunadamente, me pagó el seguro”.
Andrés comenta que apenas se llevaron las estanterías hace ocho días y que le dejaron los pisos tallados, con marcas. En San Gabriel, como en otros barrios, lamentan el cierre del Justo & Bueno. “Eso movía mucha gente. Parqueo carros y me iba muy bien. La esperanza es que llegue otro supermercado”, dice Francisca, una vecina de San Gabriel, sintetizando el vacío que quedó tras la quiebra de la cadena de supermercados