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Estafadores se lucran con bienes quitados a la mafia

La denuncia sobre las estafas sobre las propiedades que administra la SAE ha generado amenazas a su director, quien alerta que para estas negociaciones no hay intermediarios. FOTO COLPRENSA

POR CAMILO OSORIO SÁNCHEZ

EL COLOMBIANO revela cómo falsos abogados que se hacen pasar por funcionarios de la SAE se quedan con arriendos y venta de propiedades. Alerta desató amenazas.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

Perfil - Juan Carlos Higuita - Violin

Una carta membreteada con el nombre de la firma Abogados Propiedades anunciando la nueva forma de pago del arriendo a los ocupantes de una bodega administrada por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, alertó sobre una red de estafadores que se hace pasar por funcionarios de la entidad para quedarse con los cobros de arriendos y ventas de bienes que han sido arrebatados a narcos y mafiosos.

El documento, conocido por EL COLOMBIANO, dice que la SAE eligió a la mencionada firma para hacerse cargo de la administración activa de sus bienes, y de hacer efectivo el cobro de los arriendos a través de una cuenta de ahorros en Bancolombia, citando una resolución con número 2913 de agosto 30 de 2021, que no existe. La estafa llegó a una bodega de la Carrera 13 con Calle 15, en el centro de Cali, donde un arrendatario desconfiado prefirió comunicarse con la SAE, desatando una alarma en la entidad que administra 23 mil bienes en todo el país, muchos de ellos expropiados a grandes capos del narcotráfico, a bandas criminales, expendedores de microtráfico y hasta a personas condenadas por casos de corrupción.

EL COLOMBIANO buscó información sobre los representantes de la firma de abogados, sin encontrar datos, y los números de contacto a los que los arrendatarios debían enviar los comprombantes de pago de los arriendos, fueron desactivados y eliminados.

Esta red de estafadores también se estaría haciendo pasar por el presidente de la SAE, Andrés Alberto Ávila, para hacer cobros anticipados con la supuesta intención de ser beneficiados con asignación de arriendos de bienes incautados o con la venta de inmuebles y sociedades.

En Medellín, por ejemplo, la SAE tiene en oferta viviendas cuyo arriendo va de los $2.670.000 a los $10.000.000 mensuales, pero que solo son recaudados por el sistema central de la entidad, no por terceros, ni a nombre de una persona natural.

“La SAE realiza los arrendamientos bajo la aplicación de la Metodología de Administración, una vez se valida el cumplimiento de los requisitos, la propuesta de arriendo es presentada a un comité interno para su aprobación y así proceder a la suscripción del contrato”, explicó la entidad.

Caso que vivió en carne propia la medallista olímpica Ingrit Valencia en agosto de este año, al comprar una casa avaluada en $150 millones en la ciudad de Ibagué, a un hombre que se hacía pasar por representante de la SAE y secuestre de juzgados civiles.

Aunque no se ha establecido que el implicado, identificado como Dairo Arias Carvajal – enviado a la cárcel el pasado 3 de octubre -, haga parte de la misma red que envió la carta a los arrendatarios en Cali, la Fiscalía encontró papelería con membretes alusivos a la SAE en el material incautado durante su captura.

El hombre estafó a la medallista caucana, asegurándole que era el secuestre de la vivienda en remate, llevándola a girar un anticipo por $90 millones de los ahorros que tenía de la medalla de bronce que ganó en los Olímpicos de Río 2016. Luego, Valencia le consignó a un tercero la suma restante, y se fue a vivir a la casa en agosto, recibiendo a los pocos días una notificación de desalojo.

La denuncia pública de su caso llevó a la captura de Carvajal y a que recibiera una donación por la misma suma que perdió, para comprar otra casa, suerte que otras personas no habrían tenido. La SAE aún no tiene cuantificadas las denuncias de víctimas de estas estafas, ya que la alerta por esta práctica es reciente.

Alerta desata amenazas
Las denuncias han llevado a que la SAE empiece a halar los hilos para destapar el entramado de los estafadores, pero los delincuentes no tardaron en responder con una fuerte amenaza contra el presidente de la entidad.

EL COLOMBIANO conoció la denuncia que Andrés Alberto Ávila interpuso ante la Fiscalía por la llegada de documentos amenazantes con información relevante sobre sus desplazamientos y el de personas de sus círculos cercanos, por lo que se estima una posible relación con la mencionada red, sumados a los líos de los pasados judiciales de los bienes que administra la SAE, cuyo valor patrimonial es de 1,8 billones de pesos.

La preocupación por las amenazas no han caído en saco roto, pues recuerdan los motivos que llevaron a María Virginia Torres de Cristancho a renunciar a la presidencia de la Sociedad en julio de año pasado, advirtiendo amenazas contra su vida por recuperar bienes en manos de mafias.

Por eso, la SAE enfatizó en que todos los trámites que realizan son gratuitos, sin intermediarios y que no hay personas autorizadas a recibir dineros por el recaudo de arriendos o ventas de los inmuebles que administra.

De hecho, la venta de bienes en extinción de dominio son realizadas a través de la página web de la Central de Inversiones, CISA, y en esos remates puede participar cualquier persona que cumpla con los requisitos administrativos y legales para comprar los inmuebles que el Gobierno arrancó a los ilegales

1,8 billones de pesos es el valor patrimonial de bienes que administra la SAE.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
ESTAFAS QUE SE RECICLAN

Los bienes incautados a narcos y mafias son perseguidos por los delincuentes.En años anteriores, el MInisterio de Hacienda ha alertado de la realización de falsas subastas a nombre de esa cartera pidiendo dineros anticipados. Otra modalidad usada es la alteración de matrícula inmobiliaria, escrituras, falsificación de cédulas, entre otros, para apropiarse de inmuebles que estaban a cargo de la Sociedad de Activos Especiales o tomar posesión de ellos, como lo hacía una banda desmantelada en Cali en 2019. Otra banda capturada en Barranquilla lo hacía con documentos falsos de la Fiscalía.

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