POR: NELSON MATTA COLORADO
En Medellín hay 27 casos registrados, entre producidos por bandas y cónyuges, pero el subregistro es enorme.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
882 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín en 2021.
123 es la Línea de Emergencia para activar un Código Fucsia en Medellín y Antioquia.
No supo cómo ni en qué momento, pero esa noche en el billar le pusieron una droga en la bebida. Dalia* cayó en una terrible laguna mental, y al siguiente parpadeo tenía a un desconocido encima, en su propia cama, mientras otros cuatro esperaban su turno alrededor.
La ultrajaron, se burlaron y le robaron a la mujer de 39 años, aprovechando que no había nadie más en la casa. Horas después, aún temblorosa, salió a pedir ayuda y en la calle reconoció a dos de los violadores. Eran integrantes de un combo delincuencial, y en aquel barrio del Oriente de Medellín ellos gobiernan a sus anchas. Así que al repudio y dolor por su tragedia, se sumó una carga de miedo que tres años después, no desaparece.
En lo corrido de 2021 (con corte a octubre 31), la Personería ha documentado 1.689 desplazamientos forzados intraurbanos, de los cuales la mayoría de las víctimas han sido mujeres (882).
Entre las principales causas están las acciones de las bandas ilegales, traducidas en amenazas, extorsiones, asesinatos o reclutamientos. Y hay una en particular que el Ministerio Público alertó: la violencia sexual, no solo a manos de cónyuges o exparejas, sino de los criminales que se creen dueños de vastos territorios de la ciudad, en un área metropolitana que alberga a 350 de estos grupos armados.
El informe de la Personería indicó que este delito ha producido 27 desplazamientos intraurbanos; el año pasado, a esta misma fecha, iban 30. Entre los desarraigados no solo están las víctimas, sino parte de su núcleo familiar que huye con ellas.
En un universo de 1.689 desplazamientos en general, esta cifra parece pequeña, “pero hay un subregistro muy grande. Nosotros tomamos las declaraciones de las afectadas, aunque no todas hacen la denuncia porque desconfían en las instituciones, les da temor o sienten vergüenza”, señaló el personero William Vivas.
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, este año (corte a septiembre 30) se han registrado 1.343 víctimas de delitos sexuales, de las cuales 1.151 son mujeres y 179 hombres (en 13 casos no hay dato de género).
Los delitos que imperan son los actos sexuales con menor de 14 años (499 denuncias), acceso carnal abusivo con menor de 14 años (152) y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir (121). En la mayoría de hechos, los verdugos son “desconocidos” (439).
¿Cuántos de esos episodios no habrán provocado desplazamientos? Es difícil saberlo.
Wilson Córdoba, director de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas en Antioquia (Uariv), comentó que “para nadie es un secreto que los combos se han apropiado de sectores en los que violentan a las mujeres de forma sistemática. El 90% de ellas no denuncia y convive con el miedo”.
Violencia tatuada
Cuando el escándalo se regó en el vecindario de Dalia, el jefe de la banda llegó a su casa. “Me dijo que eso me había pasado por borracha. Que me iban a devolver los objetos robados, pero que no podía denunciar a los abusadores, porque eran buenos muchachos que cuidaban el barrio. A pesar de que yo los reconocía, me dio temor poner sus nombres en la denuncia, porque mi familia sigue viviendo allá”, explicó la víctima a EL COLOMBIANO.
Según el personero Vivas, este año todas las denunciantes de desplazamiento intraurbano por violaciones han sido mujeres, muchas de ellas cabezas de familia, que escapan con su descendencia. Para Dalia, el dolor también está en tener que separarse de sus hijos, que están en otro lugar.
Dora Elcy Muñoz, delegada de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, y de las afectadas por delitos contra la integridad sexual, expresó que en lo referente a esa conducta de los actores armados, “el conflicto del campo se trasladó a las selvas de cemento”.
Ella, que hace décadas padeció en carne propia estos ultrajes, detalló que a los combos no solo les interesan las rentas ilegales, como narcotráfico y extorsión, sino también el control social demostrando su poder, “y una forma de hacerlo es tatuando su violencia en nuestros cuerpos”.
A Dalia, las amigas de una ONG le ayudaron a activar el Código Fucsia llamando a la Línea 123 Mujer. Así comenzó un proceso que, más allá de las promesas institucionales, ha estado plagado de pasos en falso y revictimización.
“Me dijeron que fuera a un hospital, donde no me atendió una mujer, sino un médico hombre que no sabía mucho del problema. Para rematar, por descuido o ignorancia, en el diagnóstico puso que yo había ido a urgencias por un aborto. Ese documento no le servía a la fiscal, así que tuve que regresar al hospital, y otra vez pusieron en la historia clínica que había acudido por planificación familiar. Es como si no hubieran visto que tenía la boca reventada y moretones en los senos y nalgas”, recordó Dalia, pidiendo un momento para frenar la entrevista y tomar agua.
Dora Elcy afirmó que “en muchas ocasiones activar la ruta de atención es un caos, el primer paso que ponen es un médico, en vez del servicio psicosocial, y en comisarías de familia hay otros hombres o mujeres sin conocimiento de causa que hacen interrogatorios que revictimizan”.
Amparo Mejía, presidenta de la corporación Madres de la Candelaria Línea Fundadora, opinó que “en Medellín hay programas e instituciones que, al menos en el papel, se deben encargar de la atención y el acompañamiento, pero cuentan con muy poquito personal especializado, hacen faltan más abogados y psicólogos que entiendan el problema con enfoque de género”.
Viacrucis institucional
A medida que pasaban los días, Dalia sufría el asedio del combo. No conformes con la humillación sexual, comenzaron a seguirla. “Me robaron los bombillos del balcón, unas sillas, me cortaron las flores del jardín… No pude más, y tuve que irme de la casa”, contó.
“Como Personería, procuramos que las agencias de seguridad y el Municipio atiendan este tipo de situaciones. Buscamos un albergue temporal y tratamos de que la Unidad de Víctimas analice las declaraciones, para ver si estas personas se pueden incluir en los beneficios”, dijo Vivas, añadiendo que frente a la gobernanza de las bandas lo que se requiere es una mayor presencia institucional en los barrios, “con programas sociales”.
Si ser desplazado por cualquier motivo ya es un drama, serlo como víctima de violencia sexual es una odisea mayor. Sin dinero para pagar un techo, porque trabajaba en la vivienda que abandonó, deambuló entre una y otra institución, poniendo tutelas, repitiendo su historia “enemil veces”, para ver quién le brindaba apoyo.
La Unidad Nacional de Protección le asignó un chaleco antibalas y un celular, dinero para pagar comida y arrendar una pieza por 20 días. La Gobernación le proporcionó un auxilio y refugio en un pueblo cercano durante tres meses; y amistades le dieron la “dormida” unas semanas.
Vagó por varias residencias, hasta que llegó a un albergue de la Alcaldía de Medellín en Laureles. “Es un sitio difícil, porque no solo hay víctimas de violación. Ahí mezclan migrantes extranjeros, testigos protegidos de la Fiscalía y miembros de combos que son informantes de la Policía. Incluso había dos hombres que mataron a un niño en Villatina, y que después fueron capturados, y otros que espiaban a las mujeres de noche; yo dormía con la puerta trancada y abrazando la maleta”, recordó Dalia.
Esta aglomeración de gente de distintas problemáticas es frecuente, según Lina Palacio, representante de la organización femenina Ave Fénix: “En los albergues mezclan diversidad de víctimas, no solo mujeres”. Agregó que la Línea 123 Mujer es de gran ayuda, sin embargo, “la cantidad de funcionarios se queda corta”.
La concejala de Medellín, Dora Saldarriaga, convocó a un debate de control a las políticas de atención a las mujeres victimizadas. A su juicio, “hay un presupuesto deficiente y fracturas en el acompañamiento. Aquí falta más voluntad política”.
Añadió que “hay desarticulación entre las entidades que intervienen en el Código Fucsia, a veces pasan horas y días antes de la intervención, y el acompañamiento es pobre. En los hogares de protección, a veces les niegan estadía a las víctimas de grupos armados, y ese limbo institucional pone en riesgo a las personas”.
Políticas ausentes
Uno de los momentos más críticos de la estadía de Dalia en el albergue sucedió a finales de 2020. Un feminicida confesó a las autoridades que había asesinado a su exnovia Yuly Daniela Patiño, de 25 años y residente en Manrique, y que había arrojado su cadáver al río Medellín.
La Policía lo llevó a ese refugio temporal, mientras avanzaba la causa penal. El pasado 30 de diciembre, usando unas cuchillas, el criminal se quitó la vida en un cuarto, en un hecho que fue ampliamente difundido por la prensa.
“Eso fue terrible, con sangre por todas partes. Aunque trataron de limpiarla, las manchas seguían ahí”, indicó Dalia.
En enero los administradores del albergue le dijeron que no había más subsidio para mantenerla, “y me echaron. Sin más a dónde ir, volví a mi casa por unos días, me voy otros días por ahí y regreso, y así me mantengo”.
Para Saldarriaga, “no ha habido un solo gobierno que se tome en serio las políticas para las mujeres, que somos el 52% de la población”.
Palacio estimó que se requiere construir una política pública para la mujer, municipal y departamental, que incluya a las organizaciones que promueven sus derechos.
Sobre el asunto también consultamos a la Secretaría de las Mujeres de Medellín, aunque al cierre de esta edición no llegaron sus respuestas.
“Nos estamos quedando en los diagnósticos, es un tema que hemos tratado en los comités de justicia transicional. Sigue faltando decisión para que los albergues, por ejemplo, se manejen con enfoque de género”, precisó Córdoba, de la Uariv.
La ayuda psicosocial que pregonan las autoridades, poco le ha servido a Dalia. Incluso la Fiscalía archivó su expediente.
Sus hijos y familiares han sido el bastión que la mantiene en pie, aunque este pensamiento no deja de taladrarle la mente: “Quisiera cerrar los ojos y despertar en otro lugar. A veces quiero quitarme la vida, pero soy católica y temo condenarme. Me pregunto una y otra vez si no es mejor morir, que vivir huyendo”.
*Identidad protegida.
ONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
UN FLAGELO HISTÓRICO EN ANTIOQUIA
Wilson Córdoba, director de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas en Antioquia (Uariv), señaló que en el departamento hay registradas 34.000 víctimas de delitos contra la integridad sexual, en el marco del conflicto armado; de ellas, 31.000 son mujeres.
En la actualidad, 4.500 de ellas reciben apoyo psicosocial y a 2.000 les han dado indemnizaciones valoradas en $170.000 millones.
