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Tras nueve años de la tragedia de Space, los dueños del lote siguen encartados para vender

El predio de Space comprende 13.000 m2 y está actualmente abandonado. FOTO Carlos Velásquez

El predio cuesta $16.000 millones y la Alcaldía, que es dueña y además una de las responsables de la tragedia, no compra. Afectados no pierden la esperanza.

TOMADO DE: elcolombiano.com

Como un par de “culebreros”, con acento paisa y un manojo de papeles bajo el brazo, Javier Díaz y Álvaro Giraldo tratan de vender un lote. Pregonan características incomparables: terreno, ubicación y precio. Sin rodeos ponen la oferta sobre la mesa: buscan $16.000 millones por un predio de 13.000 metros cuadrados, cuyo avalúo catastral solo está $1.000 millones por debajo. Pero el negocio, como todo en la vida, tiene su pero: es la tierra donde se desplomó Space hace nueve años.

“Hemos estado con el liquidador, que es uno de los dueños, visitando constructoras por todos lados”, dice Álvaro. “Sí, es que es un lote bueno: está muy bien ubicado, de lo poquito disponible en esa zona, con licencia de construcción vigente y, según nos dicen, totalmente urbanizable”, agrega Javier. Hace un año, él y su familia estaban embarcados en una empresa: obtener un certificado de notariado y registro que les permitiera vender a los 58 propietarios.

Aunque el negocio no ha cuajado, los vientos soplan distinto nueve años después del colapso de la torre seis del complejo. El episodio se llevó la vida de doce personas el 12 de octubre de 2013, además de 200 apartamentos que fueron implosionados en 25 milésimas de segundo el 23 de septiembre del año siguiente. Los dueños ya tienen el papeleo en regla para vender, cosa que solo fue posible hasta la adjudicación del predio.

Ahora el encarte, piensan algunos, es salir de esa tierra siniestrada, que ni el Distrito se decide a comprar. La Alcaldía es dueña del 26% del terreno —asumió el costo por la implosión en 2014—, además un fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia la declaró responsable de la tragedia por su inexistente control y vigilancia de la obra. Eso fue el 14 de septiembre, cuando el órgano también hizo extensiva la condena a los representantes de la constructora Lérida CDO.

“Vamos a sentarnos con los propietarios del antiguo Space, que fue implosionado. Vamos a ver qué podemos hacer, trabajar con ellos, pero digamos que no hay un interés particular”, expresó hace dos días sobre una posible compra el alcalde Daniel Quintero. En paralelo, exhausto de buscar clientes, Javier dice: “Ellos salieron culpables, son solidarios, deben respondernos a las familias que seguimos sin casa”. El camino pinta enrevesado.

Vender: ¿una odisea?

Para Álvaro concretar la venta no luce como algo traumático. Las bondades del predio, dice, se sostienen por sí mismas. Eso sí, ir de un lado a otro, ofreciendo un lote que de inmediato revive una tragedia, requiere persistencia. Veámos, dice Álvaro: el de Space es un terreno que puede costar $25.000 millones. Pero como fue parte de la reparación, agrega Javier, tiene su quiebre: queda en $18.000 millones. Ahí está el negocio, empata Álvaro: “Lo estamos dando en 16.000, porque el avalúo es de 15.000 largos”. Lo que reste, dice Javier, “es para cubrir registros o comisionistas”.

Los dos terminaron en las ventas de bienes raíces no por la tragedia, sino por lo que vino después: la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de CDO y a los propietarios que no llegaron a ningún acuerdo se les asignó un pedazo del lote, según el tamaño de su apartamento. El 71,5%, otrora propiedad de CDO, se repartió entre cinco dueños, entre los que la Alcaldía de Medellín tiene mayoría. El 28,5% restante es propiedad de 15 personas jurídicas y 35 naturales, que nunca negociaron. Pese a la repartija, dicen Javier y Álvaro, todos los propietarios quieren vender.

“Eso es urbanizable: ahí se puede hacer un centro comercial, una universidad, un parque para la ciudad”, dice Álvaro. “Llevamos nueve años viviendo por fuera. Las 58 partes quieren vender. Si el Municipio es solidario, que se quede con el lote o que nos vamos de venta, que lo estamos dando a mitad de precio”, agrega Javier.

La Alcaldía no quiere…

En su salida a medios esta semana, el alcalde Quintero agregó: “No tenemos un proyecto puntual en esa zona en nuestro plan de desarrollo. Sin embargo, si hay ideas por parte de los propietarios, podríamos explorarlas de modo que se conviertan, eventualmente, en una salida para ellos”.

Dice Álvaro que, de hecho, ya hubo un primer acercamiento con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a cargo de Carlos Mario Montoya. “Pero nos dijeron que el municipio no tenía la plata”. Una versión similar le compartió hace un año el funcionario a EL COLOMBIANO, quien sostuvo que la titularidad del terreno entre varios propietarios era problemática.

“El lote es una sola masa sobre la que hay que decidir. No se puede dividir en pedazos, según el número de propietarios (…) Tampoco nos podemos comprometer, porque hay que buscar los recursos para hacerle frente a una posible compra”, dijo. Hace un año, insisten Javier y Álvaro, no estaba de por medio el fallo que hizo extensiva la responsabilidad a la Alcaldía y CDO, declarándolos subsidiariamente responsables de pagar $30.891 millones por los perjuicios materiales y morales.

“Somos familias que no hemos sido resarcidas. No logramos salir del túnel en el que estamos. Estrés, otras enfermedades, hasta cáncer me ha dado esto”, dice Javier. “Y no lo podemos vender por menos: lo estamos dando a mitad de precio”, acota Álvaro.

Lo que dicen los gremios inmobiliarios, como la Lonja de Propiedad Raíz, es que las condiciones del terreno son favorables, además de tener un costo razonable. No ven como única salida la compra de la Alcaldía y creen que el negocio de Javier y Álvaro, a quienes una tragedia los convirtió en “culebreros”, llegue a buen término.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia sobre el proceso luego de conocer una previa que determinó que solo eran responsables la constructora y el curador Carlos Alberto Ruiz. En su fallo extendió la condena a los representantes de CDO y al Municipio por las fallas en su deber de supervisión. Esta fue la conclusión del fallo: “(El Municipio) pudo haber evitado el colapso y no lo hizo, lo cual lo hace responsable de los daños causados con tal suceso (…)”.

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