Los predios serán devueltos a 14 familias del corregimiento Palmira, en el municipio de San Onofre.
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ha emitido una sentencia que ordena a la empresa forestal Tekia S.A.S., filial de Argos, devolver 20 predios que suman 490 hectáreas a 14 familias que vendieron sus tierras debido a las afectaciones sufridas durante la disputa territorial entre la guerrilla de las Farc y paramilitares en la zona rural de San Onofre, Sucre. La sentencia, que reconoce a las familias como víctimas de despojo, ampara sus derechos sobre los predios ubicados en el corregimiento Palmira.
Los inmuebles restituidos son colindantes y estaban destinados a actividades altamente productivas, como la ganadería y el cultivo de alimentos. Sin embargo, debido a la presencia de grupos armados ilegales y los hechos victimizantes que ocurrieron en la región, las familias se vieron obligadas a vender sus tierras a la empresa Tekia S.A.S.
Según el análisis de contexto reseñado en la sentencia, los predios eran fincas altamente productivas, dedicadas por las familias a la ganadería y al cultivo de alimentos, actividades que se fueron interrumpidas por la presencia de grupos armados ilegales que cometieron hechos victimizantes en contra de la población.
En los hechos que sustentaron la demanda por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se estableció que el 3 de enero de 2003 el frente Montes de María de las AUC y la guerrilla de las Farc sostuvieron un combate que dejó a los habitantes de Palmira en medio del fuego cruzado, lo que desató el desplazamiento forzado y la venta masiva de tierras en la zona.
Cuando la empresa Tekia S.A.S. entró al territorio las víctimas no tuvieron mejor opción que negociar su patrimonio y abandonar sus proyectos de vida. En el fallo el Tribunal determinó que las ventas estaban motivadas por la imposibilidad de acceder y explotar libremente los fundos debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, hostigamientos, asesinatos, siembra de minas antipersona, robó de animales e imposición de vacunas.
En este fallo el Tribunal reconoce la condición de víctimas de despojo de las 14 familias representadas por la Unidad de Restitución de Tierras y ampara sus derechos sobre los predios en el corregimiento Palmira. Así mismo, dicta la nulidad de los negocios de compraventa celebrados sobre los fundos y ordena su desenglobe.
En su pronunciamiento, el operador judicial también declaró no acreditada la buena fe exenta de culpa declarada por la empresa Tekia S.A.S. en su alegato de oposición a la restitución de los predios. El Tribunal precisó que la reforestadora no puede argumentar en su defensa la buena fe y el desconocimiento de las circunstancias del conflicto armado que motivaron la compraventa, dado que los hechos de violencia propiciados por grupos al margen de la ley en los corregimientos de San Onofre eran una situación de público conocimiento.
Así mismo, la providencia determina que, aun cuando las sociedades opositoras adujeran en su defensa la normalización del orden público de la zona en las fechas de las compraventas, “lo cierto es que la administración pública advertía otro fenómeno de alteración y alerta frente al cambio de las dinámicas y actores del conflicto armado, que igualmente suponía la imposibilidad de retorno de la población desplazada en condiciones de seguridad y estabilización socioeconómica”.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar y Sucre, Mauricio Martínez Rivillas, celebró el fallo y destacó que esta sentencia “devuelve tierras que tenían una vocación para producir alimentos en la región Montes de María”. Además, se ordena la entrega del proyecto productivo de teca en los predios restituidos a la Unidad de Restitución de Tierras para que lo explote y destine su producción a programas de reparación colectiva de víctimas.
Esta sentencia es un paso importante hacia la reparación de las víctimas de despojo en Sucre y demuestra que el acaparamiento de tierras para proyectos agroindustriales también puede ser considerado una forma de despojo. La decisión del tribunal busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en la región.