MÉXICO:
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pide al instituto de la igualdad “hacer más con menos”.
El Instituto Nacional de las Mujeres de México (Inmujeres) verá recortados sus recursos en 151 millones de pesos (6,7 millones de dólares) como ordena el decreto de austeridad que aprobó el presidente López Obrador en abril y que este miércoles ha votado la Junta de Gobierno del organismo para la igualdad, compuesto en su mayoría por los representantes del Gobierno federal.
Esta votación no es vinculante, pero pone de manifiesto el sentir del consejo, donde están representadas las secretarías de Gobernación, Exteriores, Hacienda, Salud, Educación y Bienestar, entre otras. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha pedido un esfuerzo: “Con menos [hay que hacer] más o con menos [hay que] hacer por lo menos, lo que hacíamos”. Y ha agregado: “Espero que sean comprensivas con esta situación de crisis sanitaria y crisis económica que vivimos en este país”. Aunque ha reconocido que “la violencia que se ejerce contra las mujeres en esta situación” las convierte en “el sector más vulnerable dentro de los vulnerables”. El Consejo de Gobierno del Inmujeres, donde también están representadas las responsable de este organismo en los distintos Estados, aprobó con 13 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el recorte presupuestario.
La aprobación por parte de la Junta de Inmujeres llega un día después de que el Gobierno diera marcha atrás al recorte del presupuesto que recibían los Estados para declarar la Alerta de Violencia de Género, algo que ha afectado severamente a varios de los territorios con más feminicidios del país. Según la orden del Gobierno, todas las dependencias deben ajustar su presupuesto un 75% debido a la emergencia sanitaria por la covid-19. En el caso del Inmujeres, el recorte se aplicará en gastos administrativos.
A principios de abril, la Secretaría de Hacienda retuvo otros 463 millones de pesos del presupuesto para el Instituto de las Mujeres, de los 826 millones aprobados en el Presupuesto de Egresos para este 2020. Esta partida congelada afecta al desarrollo de políticas de igualdad en Estados y municipios, un ingreso del que dependen los programas de muchos institutos locales y estatales, ya que son los únicos recursos con los que cuentan estas Administraciones para luchar contra la violencia de género. La congelación de este monto asesta, pues, un golpe terrible a muchos de estos organismos. “Muchas instancias de las mujeres operaban con psicólogas y abogadas que se costeaban con esos presupuestos, dice Jaquelina Escamilla, exdirectora del Instituto municipal de las Mujeres de Oaxaca. “El año pasado recibimos 200.000 pesos (8.900 dólares) que se invirtieron para comprar equipos de cómputo”, recuerda Escamilla.
Con el nuevo recorte y la retención de abril, Inmujeres solo dispone del 18% de su presupuesto para pagar los salarios a sus trabajadores y poco más. Queda en el aire el quehacer de la institución, sin capacidad de acción en un momento en el que la pandemia ha causado un incremento de la violencia machista. Se han incrementado un 80% las llamadas de las mujeres a los teléfono de auxilio, según la Red Nacional de Refugios, en un país que registra una cifra de 10 feminicidios al día. “Recortar en este rubro es un desmantelamiento innecesario de la política de igualdad porque los recursos en juego son demasiado pequeños para impactar otras áreas”, dice la experta en presupuesto Magdalena García, integrante de MIRA- Pensadoras urbanas. “Este decreto de austeridad es inconstitucional, no se pueden reducir los gastos dedicados a Igualdad, según indica la Ley Presupuestaria. Además, es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad de aprobar cualquier modificación al presupuesto, no el Gobierno”, agrega García.
Pese a la insistencia por parte del Gobierno en que no se van a recortar programas que tengan que ver con la lucha contra la violencia machista, algunos proyectos para la igualdad y contra la discriminación quedarían prácticamente parados. Este mes de julio, México debe presentar su informe a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que mandata que los Estados miembros deben fortalecer los recursos para eliminar la violencia machista. En un momento en el que México intenta destacar en el ámbito internacional por sus políticas feministas, sus recortes dicen todo lo contrario.
