Los mineros señalan incumplimientos por parte del Gobierno y provocaciones con las directrices de la Procuraduría.
Señor presidente @petrogustavo ya sabe que a raíz de la muerte del minero que fue vilmente asesinado por la @PoliciaColombia en Caucasia Antioquia y por la persecución absurda que tienen en contra de los mineros del bajo Cauca comienza otro paro minero el día jueves 4 de abril? pic.twitter.com/mAgGK1Dkxw
— Heidi Betancur (@HeidiBeta) April 3, 2024
Los mineros informales en el Bajo Cauca convocaron este jueves 4 de abril una masiva manifestación en Caucasia, la respuesta a un malestar que se venía cocinando desde hace varias semanas y que terminó detonando con el asesinato el pasado 24 de marzo de Darío Arnulfo Ospina en medio de un operativo de la policía en el municipio de El Bagre.
La manifestación se llevará a cabo en el coliseo de Caucasia y convocó a mineros y personas del gremio de todos los municipios de la subregión. Por eso las autoridades municipales decidieron decretar ley seca.
En Cáreces y Zaragoza, por ejemplo, ordenaron la ley seca entre las 6:00 p.m. de este miércoles y hasta la madrugada de este viernes 5 de abril. Tarazá decidió extenderlo hasta el próximo sábado 6 de abril a las 10:00 a.m. y también determinó el cierre del comercio.
Caucasia, por su parte, también decretó ley seca hasta este viernes, anunció estrictos controles para evitar el porte de armas y prohibió la circulación de vehículos de carga pesada por el casco urbano.
En medio de los preparativos para la protesta, varios comerciantes han señalado que los organizadores de la manifestación están solicitando “aportes” de hasta $3.000.000, sobre todo a compraventas de oro, propietarios de maquinaria amarilla y cualquier otro negocio relacionado con la cadena de explotación de oro en la región.
Los organizadores del paro señalaron que la gota que rebosó la copa fue el asesinato del minero en El Bagre en medio de un operativo que ya se encuentra bajo investigación. Según la versión de los mineros, un helicóptero descendió mientras se encontraban haciendo labores de minería informal y sin mediar palabra los uniformados abrieron fuego contra los presentes, disparando por la espalda a Arnulfo, quien además no habría sido trasladado a tiempo por parte de los mismos uniformados para recibir atención médica.
Pero antes de este suceso los diálogos entre mineros y autoridades ya languidecían. Y es que si bien tras el paro de mediados de 2022, que paralizó por varios días a la región, dejó decenas de heridos, maquinaria incautada y problemas de orden público, el Gobierno había logrado establecer unos diálogos que durante los meses siguientes avanzaron de manera satisfactoria en los procesos de formalización de mineros informales y artesanales, y el compromiso por parte del Gobierno de suspender en los operativos policiales la incautación de pequeña maquinaria como motobombas. En la región aseguran que la formalización no avanza cómo es debido y que los operativos y la criminalización se reanudaron a finales del año pasado.
La Procuraduría también atizó la situación con una circular en la que ordenó arreciar con los operativos sin discriminar minería ilegal, la de los grandes dragones que devoran ríos y quebradas, y la del pequeño minero informal y artesanal que busca su sustento.
Ya en los últimos días se han presentado bloqueos intermitentes en la vía hacia la costa Atlántica como preámbulo de lo que puede ser otro gran caos social y de orden público como los ocurridos a mediados de 2022 y comienzos de 2023, estos últimos, según la Gobernación de Antioquia, fuertemente infiltrados por el Clan del Golfo. Los habitantes temen que la manifestación, convocada inicialmente de manera pacífica, decante en algunos enfrentamientos y bloqueos.