Con nuevas revelaciones en el escándalo por el mantenimiento del Parque de las Aguas, el ente acusador concluyó una serie de audiencias que tienen contra las cuerdas a once exfuncionarios y contratistas.
La Fiscalía General de la Nación terminó de destapar anoche sus cartas en los procesos judiciales que tienen contra las cuerdas a cinco altos exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero y otros seis contratistas señalados de haberse embolsillado millonarios recursos de las arcas de Medellín durante el cuatrienio anterior.
En una audiencia que duró más de tres horas, el ente acusador reveló los últimos avances de su investigación en el escándalo por una serie de contratos entregados por Metroparques a por lo menos tres empresas de dudosa procedencia para el mantenimiento del Parque de las Aguas, sumido en una crisis de infraestructura que lo tiene funcionando a media máquina.
Este caso se suma a las audiencias que ya se realizaron por los contratos de mantenimiento de zonas verdes, otro contrato de logística también a cargo de Metroparques y a las presuntas irregularidades en el caso Buen Comienzo, por el que es procesada la exsecretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo.
Aunque desde noviembre pasado la Fiscalía ya había presentado a la opinión pública algunos avances generales de sus pesquisas, anticipando que a los implicados en el caso del Parque de las Aguas les imputaría los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, el caso terminó creciéndose este miércoles, cuando a esos delitos se sumaron los de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación y uso de documento falso.
A lo largo de su exposición, la Fiscalía comenzó narrando que a través de un grupo de empresas de papel y movidas contractuales impulsadas desde Metroparques, desde esa entidad de la Alcaldía de Medellín se habría armado un entramado para conducir los recursos de Medellín a manos particulares.
Tal cómo habría ocurrido en otros casos, el ente sostuvo que dicho plan habría sentado sus bases en por lo menos tres convenios interadministrativos que firmó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con Metroparques, que le habrían dado margen a esa última institución para evadir los principios que rigen la contratación pública y entregar de forma directa los contratos.
Como prueba de esta situación, la Fiscalía recordó que en años anteriores los contratos de mantenimiento solían hacerse bajo la figura de licitaciones públicas e invitaciones públicas, que dejaron de usarse en reemplazo de la invitación privada.
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De acuerdo con la investigación, esos contratos habrían terminado concentrados en al menos tres empresas, identificadas como Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S., cuyos representantes legales aparecen identificados como Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestra Espitia, respectivamente.
Mientras la Comercializadora Jpino recibió contratos por $2.415 millones, 1 Soluciones contratos por $1.313 millones, Estructuras Zafiro recibió contratos por $848 millones.
Para repartir esos más de $4.500 millones, la Fiscalía aseveró que esas tres empresas habrían actuado de forma coordinada para quedarse o perder los procesos de contratación a los que eran invitadas de forma privada por Metroparques.
Uno de los ejes de ese señalamiento radicaría en múltiples vasos comunicantes entre esas organizaciones, que van desde personas que tenía participación simultánea en varias de ellas y hasta movidas como la certificación de experiencias para cumplir con los requisitos de contratación.
Dentro de las conexiones más relevantes presentadas por la Fiscalía estaría por ejemplo el caso de 1 Soluciones, que habría sido creada por una hermana Juan Alexander Pino en mayo de 2021 y luego habría sido vendida a su actual representante legal, Yamileth Galindez Chilito, que su vez habría estado vinculada en el pasado con la empresa Jpino, según constaría en documentos de seguridad social en poder de las autoridades.
De igual forma, la Fiscalía sostuvo que la familia Pino también tendría incidencia en el funcionamiento de la empresa Estructuras Zafiro, por cuenta de una mujer que habría manejado la parte contable y del personal.
Además de estas presuntas acciones coordinadas, la Fiscalía señaló que Metroparques también habría avalado entregar esos contratos de mantenimiento a pesar de que las empresas no tendrían la experiencia requerida.
En este punto uno de los señalamientos más gruesos recayó sobre la empresa Jpino S.A.S., que además de ser señalada de presentar certificaciones fraudulentas, llamó la atención del ente acusador por haberse creado en 2019 como una sociedad para la comercialización de productos textiles.
Aunque en sus propias redes sociales esta última empresa promocionaría incluso su experiencia en la comercialización de tejidos y telas, terminó siendo escogida por Metroparques para comprar herramientas e insumos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, una tarea completamente diferente.
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La Fiscalía también sostuvo haber detectado que las firmas implicadas presentaron facturas con sobrecostos en insumos como el cloro, reflectores, elementos de bioseguridad, entre muchos otros, para así quedarse con los recursos públicos.
Por su parte, para los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez Castañeda, la Fiscalía los señaló de no solo haber avalado esos sobrecostos y faltar al rigor técnico, sino de haber permitido que esa entidad le negara a los ciudadanos el derecho a disfrutar del espacio público y no garantizar la ejecución de mantenimientos de calidad.
Pese a la exposición hecha por la Fiscalía, ninguno de los implicados decidió aceptar los cargos.
Otros casos en el tintero
La audiencia de ayer se suma a otras dos audiencias que también se realizaron esta semana y en las que la Fiscalía imputó a otros alfiles de Quintero por los escándalos del mantenimiento de zonas verdes y un contrato de logística a cargo de Metroparques.
En la primera de ellas, realizada el pasado lunes 15 de enero, la Fiscalía imputó a la exsecretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego Arias, el exdirector de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y la representante legal de la Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao.
Este caso, cabe recordar, salió a la luz pública a comienzos de 2021, cuando en plena pandemia la Alcaldía de Medellín decidió quitar al Jardín Botánico un convenio interadministrativo para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.
A pesar de que Metroparques nunca había asumido esa tarea, la Fiscalía resaltó que el gobierno local decidió ampliar su objeto social y le abrió la puerta para asumir el mantenimiento de los jardines.
No obstante, Metroparques aprovechó esa puerta para subcontratar esa tarea de forma directa con una empresa con sede en el municipio de Andes, identificada como la Reforestadora El Líbano, cuyas directivas, a su vez, tenían cercanía con políticos liberales, tal como lo denunció entonces el concejal Daniel Duque.
Durante la audiencia del lunes, la Fiscalía sostuvo ante un juez que uno de los hechos irregulares que rodearon esa contratación consistió en que Metroparques envió invitaciones privadas a tres empresas, en las que también se incluyen dos Mascampo S.A.S. y Construido, todas vinculadas a una misma familia.
Para sustentar este señalamiento, la Fiscalía presentó en la audiencia varias pruebas que demostrarían la proximidad y la afinidad política entre la familia Henao y varios políticos liberales de esa subregión, a su vez presuntamente cercanos al gobierno del exalcalde Daniel Quintero.
Bajo ese contexto, el ente imputó los delitos de asociación para cometer delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En este caso, los implicados también se declararon inocentes.
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En la audiencia restante, en la que se abordó el escándalo por un contrato de apoyo logístico para eventos recreativos, la Fiscalía también imputó al exgerente de Metroparques Jorge Liévano y al representante Legal de la empresa Cyan, por presuntamente haber transgredido los principios de contratación pública y haber ocasionado al Distrito un detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones.
#ATENCIÓN | Imputan cargos contra exfuncionario de la Alcaldía de Medellín y un particular por presunto peculado superior a los 3 mil millones de pesos. pic.twitter.com/QvNXI8IFNm
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 17, 2024
Todos estos tres casos, se suman también al avance del proceso de Buen Comienzo, cuyo expediente igualmente se engrosó a finales de noviembre pasado, en la que fueron imputadas la exsecretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo, la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata y el exrepresante legal de Colombia Avanza, Henry Paulinson Gómez Montoya.
En este último caso, esos tres implicados son señalados de haber incurrido en irregularidades en contratos para la atención de niños, como el registro de servicios que no se harían prestado y participar de un peculado que ascendería a los $1.400 millones.
Otra de las novedades relevantes que se produjo esta semana estuvo en la lista de funcionarios imputados.
Y es que aunque en noviembre pasado la Fiscalía había anticipado tener también en la mira al exrepresentante legal del Área Metropolitana Álvaro Alonso Villada García y la exdirectora del Inder Medellín, Diana Paola Toro Zuleta, ambos exfuncionarios no fueron imputados por ahora.
Concluida la audiencia en la que se imputaron los cargos, se espera que se programen nuevas sesiones para que los abogados defensores puedan controvertir los delitos señalados por la Fiscalía y posteriormente se decida si los implicados podrán afrontar el juicio en libertad o deberán ser enviados a prisión bajo medida de aseguramiento.
