Las autoridades judiciales y los órganos de control tratan de establecer quiénes están detrás de este suceso. Las directivas de la institución dicen que la tesorera cayó en los engaños de los delincuentes.
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No deja de causar preocupación la denuncia de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), según la cual un ataque informático del que fue víctima en marzo pasado habría ocasionado la pérdida de por lo menos $4.300 millones. El tema, ya en conocimiento de la Fiscalía y los órganos de control, fue tratado esta semana en una sesión del concejo municipal, donde la rectora Blanca Echeverri explicó lo sucedido.
De acuerdo con su relato, este problema se remonta al 22 de marzo, cuando la tesorera de la institución recibió un correo electrónico, supuestamente enviado desde el correo institucional de la rectora. En el mensaje se le decía a la tesorera que debía transferir un dinero a una empresa china como parte de un convenio con la universidad. Llama la atención que en el correo también decía que no se podía hablar con nadie de este tema y que los siguientes mensajes debían enviarse desde correos personales, uno de ellos era supuestamente de la rectora.
Echeverri continuó diciendo que en medio del cruce de mensajes se le envió a la tesorera una factura para un primer pago que, a su vez, fue remitida al banco donde la universidad tenía dinero. Desde esta entidad devolvieron la factura porque estaba mal elaborada, lo cual comunicó la tesorera a la persona con la que estaba conversando, al parecer, sin saber que era un delincuente.
Al final, al banco le llegaron tres facturas distintas, pero al final fue aprobado el desembolso. “No comprendo por qué ella hace caso, todavía creo que no tiene nada que ver en el acto de corrupción”, dijo la rectora sobre la tesorera.
El caso es que el primer desembolso se hizo el 24 de marzo, tras la supuesta orden de la rectora, a través de los correos fraudulentos. Ese mismo día, la tesorera buscó a la rectora en la institución y le dijo que era necesario hacer un pago en dólares, algo que es habitual con trámites en el exterior. Por ello, la rectora firmó un documento para avalar el trámite, según ella, sin tener ninguna sospecha de irregularidades.
Para el 27 de marzo, la supuesta entidad internacional solicitó un segundo desembolso, pero como en el banco ya no había dinero de la universidad, se tuvo que recurrir a dos cooperativas donde tenían más cuentas, para hacer un traslado de recursos. Para este trámite se falsificaron las firmas de la rectora y del vicerrector.
Es una de las cooperativas la que hace la alerta a la universidad de que algo no estaba bien y ahí se dieron cuenta de que ya se había hecho un primer desembolso. Entonces, se buscó apoyo de la Secretaría de Seguridad de Envigado para acelerar el trámite con la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía que atiende los delitos informáticos.
El caso también se llevó ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, la Contraloría, la Personería de Envigado, el Departamento de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, la Oficina de Control Interno y la Unidad de Control Interno Disciplinario.
La rectora manifestó que también se están haciendo los trámites de la denuncia ante las autoridades de Hong Kong, desde donde se dijo que es la supuesta empresa con la que la universidad tenía el convenio. La rectora añadió que la Fiscalía tipificó lo sucedido bajo el delito de transferencia no consentida de activos, con lo cual la funcionaria ratificó que la institución no tenía ninguna intención de hacer esos pagos. Además, se busca establecer si el banco habría incurrido en omisiones con este trámite, pues habría fallas en temas como la revisión de firmas.
“Esta situación no coloca en riesgo la estabilidad financiera y administrativa de la entidad”, indicaron desde la institución en un comunicado. Los representantes de los órganos de control que estuvieron en la sesión del Concejo afirmaron que están adelantando los procesos correspondientes desde sus competencias para esclarecer lo sucedido.
En dicha sesión, algunos concejales también pusieron de manifiesto su postura y hubo quienes criticaron el proceder ante la grave situación.
El concejal Sergio Molina cuestionó que ni la institución universitaria ni los organismos de control informaron a tiempo sobre lo sucedido, aunque dijo que entiende la reserva del sumario ante la investigación, sostuvo que era necesario que se comunicara a la opinión pública y al Concejo sobre lo que pasó. También sostuvo que es posible proyectar que con la investigación “no va a pasar nada, pero es válido tener conversaciones sobre este caso”.
Molina también dijo que es responsable y prudente que los funcionarios que están involucrados en este caso se aparten de sus cargos, mientras que la justicia ratifique la inocencia que hasta el momento se presume.
Por su lado, el concejal Juan Uribe mostró también su crítica porque no se conoció la información a tiempo, pese a que sucedió desde marzo, y reiteró que como concejo municipal estaba en el derecho de que no se ocultara la información. Con esto coincidieron otros corporados, quienes manifestaron que este no es un tema menor, toda vez que se trata de recursos públicos de los que no se tiene razón.
Por su lado, David Londoño sostuvo que es preocupante el hecho y calificó de víctimas a todas las personas de la institución, incluidos la rectora, los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, así como la ciudadanía en general. “Ella (la rectora) también fue declarada como una víctima” en este caso, sostuvo el corporado, pero también estuvo de acuerdo con que al Concejo se le debió informar a tiempo.
Leo Alzate fue otro de los concejales que se pronunció al respecto, al decir que es un despropósito haberse guardado la información del presunto delito. También sostuvo que es importante que las instituciones públicas tengan acciones de mayor protección ante los delitos cibernéticos.
Pero que aparezca la plata viejo
— 1 9 1 3 (@Julianmesa__) June 6, 2023
