EL SALVADOR:
Por Saraí Alas
Según expertos en formulación de presupuestos, es una práctica recurrente que las instituciones del Estado no reporten todas sus plazas.
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Las actas de la junta directiva de la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA) revelan que la institución podría necesitar, en 2023, hasta $3.2 millones más de lo establecido en el anteproyecto de presupuesto que se presentó a la Asamblea Legislativa a finales de septiembre.
Según el acta número 2, emitida el 12 de agosto pasado y publicada en el portal de Transparencia de la autónoma el 28 de octubre, la planilla costaría $6,913,066 de enero a diciembre de 2023.
Pero el anteproyecto que estudia la Comisión de Hacienda contempla $3,689,914 para las remuneraciones de la ASA. Es decir, el próximo año, la institución necesitaría $3,223,914 adicionales, 87.4 % más, para pagar a sus empleados.
La discrepancia entre las cifras tiene a la base la cantidad de plazas que la ASA pretende contratar en 2023. Mientras a la Asamblea le reportó un equipo de 113 personas a tiempo completo, el acta de junta directiva revela que en realidad requerirá un centenar más: 213 plazas.
Esta semana, LA PRENSA GRÁFICA solicitó al presidente de la ASA, Jorge Castaneda, una explicación sobre las diferencias entre los datos consignados en el acta y lo que se llevó a la Asamblea. El funcionario dijo que el acta número dos contiene, efectivamente, lo que proyectan contratar el próximo año.
«Cuando se hace un presupuesto inicial se hace una proyección, en esta proyección habíamos estimado que en función de la cantidad de recursos que podía llegar, se podía tener que íbamos a crecer de manera gradual (…). Es la proyección de lo que se espera crecer», dijo Castaneda a la salida de una entrevista televisiva. Agregó que actualmente tienen 80 personas contratadas.
El acta número dos de la ASA también contiene la información que la institución no incluyó en el anteproyecto de Ley de Salarios 2023: el sueldo que devengará cada una de las personas contratadas, incluyendo funcionarios y sus asesores, así como los cargos gerenciales internos y sus gastos de representación.
Según el acta, la institución pagará entre $500 y $8,000 mensuales a sus empleados. En el proyecto de Ley de Salarios, en cambio, solo hay un párrafo donde se informa que la dieta que recibirán los miembros de la junta cada vez que se reunan será de $200, sin que supere los $800 al mes.
LA PRENSA GRÁFICA también consultó a Castaneda por qué la información del acta número dos no se incluyó en la Ley de Salarios. El funcionario sostuvo que la normativa «no aplica» para la institución que dirige porque es una autónoma. «Somos una autónoma, es decir, la Ley de Salarios no aplica (…) y esa información (la del acta de junta), dado que no es Ley de Salarios, nosotros tenemos aprobado internamente lo que es (sic) la política salarial, somos una autónoma», dijo.
Este periódico quiso consultarle cómo planean cubrir la brecha en el gasto en salarios, pero los comunicadores institucionales de la ASA interrumpieron la ronda de preguntas y retiraron al funcionario del lugar.
Autónomas deben cumplir ley de salarios, afirman expertos
Este periódico consultó a especialistas en materia fiscal, con experiencia en la elaboración de presupuestos públicos, si para las autónomas no aplica la Ley de Salarios, como sostuvo el presidente de la ASA, y si existe una justificación para que una institución no declare en el anteproyecto de presupuesto la cantidad total de plazas a contratar y el gasto en remuneraciones.
Uno de los expertos, bajo anonimato, refutó las declaraciones del funcionario. Afirmó que todas las instituciones del Estado «deben enviar a aprobación sus salarios a la Asamblea Legislativa» y, además, las cifras declaradas en la Ley de Salarios deben coincidir con las del presupuesto porque ambas son complementarias. Para el caso, el proyecto de Ley de Salarios 2023 sí reporta las plazas y rangos salariales de otras instituciones que, al igual que la ASA, son autónomas, como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
El economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, coincidió y explicó que esta obligación está contemplada en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI). El artículo 2 señala que están sujetas a las disposiciones de la AFI las dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno de la República, las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, incluso las entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del Estado.
La economista Tatiana Marroquín, quien en la legislatura anterior fue asesora en temas fiscales, consideró preocupante que un funcionario afirme que no se apegará a la ley. «Lo que está en la ley debería predominar en términos legales y términos financieros, porque le da estabilidad a las finanzas públicas», agregó.
También consideró que es posible que la información de plazas y sueldos de empleados de la ASA no coincidan entre el proyecto de presupuesto y las actas de la junta directiva porque las instituciones tienen un «margen de maniobra» para modificar.
Al interior de cada una de las instituciones de Gobierno Central o descentralizadas hay un nivel de margen en modificaciones dentro del presupuesto, sin necesidad de que pase por la Asamblea Legislativa. Es decir, el presupuesto es eso, un supuesto, pero se puede modificar en el camino y sobre todo al interior de las instituciones, y eso lo puede realizar el Ministerio de Hacienda junto a las autoridades máximas de esa institución», explicó Marroquín.
El experto que habló bajo anonimato dijo que no reportar en el presupuesto el gasto real en remuneraciones es una práctica recurrente en las instituciones y en estos casos suelen cubrir las brechas haciéndolas pasar como honorarios por servicios.
A principios de noviembre, cuando LA PRENSA GRÁFICA reportó que la autoridad de agua no declaró toda la información sobre sus remuneraciones en la Ley de Salarios, ambientalistas señalaron que hay opacidad en la institución.
«En el país estamos en crisis con el tema del agua y aún más con el tema presupuestario asignado a la ASA. Es importante conocer cuánto de presupuesto va a ser para salarios, para proyectos, pago de servicios, para alquileres, para hacer un monitoreo de contraloría social del funcionamiento de la institución», dijo en aquel momento Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
La ASA se creó tras la aprobación, el 21 de diciembre de 2021, de la Ley General de Recursos Hídricos. Según el anteproyecto de presupuesto que presentó Hacienda a los diputados, para 2023 tienen asignados $17,370,341.
Hasta la fecha, la institución ha aprobado 10 permisos exploratorios para explotación de agua
