EL SALVADOR:
Por Claudia Espinoza
La jueza dijo que si Fiscalía no comprobaba la acusación había una clara «persecución sindical».
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La titular del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador otorgó cuatro meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para demostrar que las capturas de cinco empleados públicos no están enmarcadas en una «persecución sindical», según reveló ayer a LA PRENSA GRÁFICA una representante del Sindicato de los Empleados Públicos de la Imprenta Nacional (SEPIN).
«La jueza le dijo a la Fiscalía que le daba cuatro meses para que le presentara documentación legal, porque a ella le parecía que era persecución sindical», aseguró la fuente.
Esto fue relatado por uno de los cinco acusados que estaba presente en dicha audiencia y fue comunicado al SEPIN, quien ha dado seguimiento al caso.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador habría decretado medidas alternas a la detención para las cinco sindicalistas de la Imprenta acusados de desórdenes públicos, y que fueron capturados el 2 de febrero. Los sindicalistas deberán estar yendo a firmar cada 15 días al Juzgado Segundo de Instrucción, al cual ha pasado el proceso.
Los empleados de la Imprenta Nacional que fueron liberados son Emilia Santamaría, secretaria del sindicato; Esteban Galdámez, secretario de organización; Beraliz Martínez, responsable de la Secretaría de la Mujer; Abraham Torres, de la Comisión de Justicia; y el empleado afiliado Sergio Ramos. En cuatro meses enfrentarán la audiencia preliminar, en la que se determina si siguen o no el proceso.
El día de su captura estas cinco personas, junto a otros compañeros, exigían el traslado del gerente de operaciones de la Imprenta por considerar que realiza un mal trabajo. Pero luego de la protesta llegaron las autoridades y se los llevaron sin mayor explicación.