EL SALVADOR:
Por Claudia Espinoza
Tras una reunión de emergencia, el gobierno decidió aumentar su presencia en las calles, pero expertos consideran que la medida solo muestra ignorancia del tema y poca planeación.
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El gabinete de seguridad de El Salvador recibió la orden de aumentar la presencia policial y militar en el territorio, como respuesta al alto número de feminicidios con el que empezó 2023: cinco casos confirmados hasta el sábado 11 de febrero, más uno más en el que se sospecha de un suicidio feminicida por inducción (ver nota aparte).
De los cinco feminicidios ya confirmados, cuatro sucedieron la semana pasada lo que generó una reunión de emergencia entre el presidente Nayib Bukele y los titulares de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; Defensa Nacional, René Francis René Merino Monroy; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, según informó Casa Presidencial en sus redes sociales.
Fuentes policiales confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que en dicha reunión se definió como estrategia «desplegar más elementos policiales y militares en las calles» para resguardar la seguridad de los habitantes. Pero especialistas en el tema consideran que esa no es la manera adecuada para evitar que las mujeres sean asesinadas por sus victimarios.
“La única respuesta que se les ocurre es sacar a los policías y el Ejército a las calles como una medida de intimidación y como un intento represivo de agarrar al azar a los posibles agresores”.
Verónica Reyna, SSPAS.
Para Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), esta estrategia, que aún no se ha hecho pública, no es «para nada acertada», debido a que estos casos se dan en la intimidad del hogar, sitio donde no tiene impacto un patrullaje o la presencia policial y militar. «Esto más bien obedece a una descomposición social, una pérdida de valores, problemas económicos y problemas sentimentales que han derivado en estos hechos», aseguró.
Señaló que lo que pretenden es «tapar el sol con un dedo» porque «son decisiones poco inteligentes y que denotan el desconocimiento sobre estos temas, que son de orden sociológico y psicológico». Reyes dijo que se necesita el involucramiento de los ministerios de Salud, Trabajo y Educación para abarcar este fenómeno que, según él, tiene muchas aristas.
Faltan planes
Silvia Juárez de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), dijo que «si esta es la manera en la que el gobierno pretende enfrentar el fenómeno de los feminicidios, quiere decir que aún no ha entendido el problema de seguridad que enfrentan las mujeres».
«Si está es la respuesta de un Gabinete de Seguridad, sigue siendo crítica la situación de inseguridad para las mujeres. No hemos entendido que las estrategias diferenciales implican atender el entorno de confianza de las mujeres y esto solo se puede responder con una verdadera estrategia de implementación de cero tolerancia en todas las instancias públicas: judicatura, servicios policiales, servicios fiscales, servicios de salud, educación, incluso en los servicios de gobiernos locales», argumentó.
Juárez dice que considera alarmante la situación si no se incluyen planes de seguridad de violencia contra la mujer desde un enfoque diferencial, para enfrentar temas como «el machismo, la misoginia y el odio hacia las mujeres».
Consideró que para contrarrestar este tipo de delitos es necesario tener en cuenta tres elementos básicos: evitar la impunidad, los sistemas de alerta temprana y considerar el machismo y misoginia como criterios de riesgos de peligrosidad.
“Si esta es la respuesta de un Gabinete de Seguridad, la situación para las mujeres sigue crítica. No hemos entendido que las estrategias implican atender el entorno de confianza donde ellas están”.
Silvia Juárez, ORMUSA.
También remarcó que hay sistemas de denuncias que no garantizan acceso a las víctimas, que culpabilizan a las mujeres, que minimizan los hechos, que niegan otorgar medidas o no les dan seguimiento. Se refirió a puestos policiales que se niegan a hacer capturas en flagrancia y servicios judiciales que se niegan a dar medidas de protección a las víctimas.
«¿Cuántas medidas de protección se están legislando? ¿Cuántos registros de agresores tienen en El Salvador? ¿Cómo se mide el otorgamiento de armas de hombres que tienen antecedentes de agresión contra las mujeres?», cuestionó la especialista.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), aseguró que el principal error de las actuales políticas de seguridad es que «no se enfocan en la violencia de género, sino que más bien son represivas y solo se concentran en los homicidios y atacar a las pandillas».
Recordó que la labor de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil es «entender las variables de los delitos, los elementos situacionales en que ocurren y diseñar políticas de abordaje que permitan prevenir, atender y reparar estos hechos de violencia».
«La única respuesta que se les ocurre es sacar a los policías y al Ejército a las calles como una medida de intimidación y como un intento represivo de agarrar al azar a los posibles agresores para que no se cometa ese delito. La visión punitiva de este gobierno sobre cómo atender la violencia responde a esta lógica de, ante cualquier delito, responder con la presencia de estos elementos de seguridad y la fuerza bruta que ellos pueden ejercer, incluso fuera del marco de la ley» aseveró.
