Juan Felipe Zuleta Valencia
Aunque la ciudad tenía, sobre el papel, una hoja de ruta desde 2022, no hubo avances significativos.
En cuanto al departamento, el Gobierno Nacional anunció que hay 85 municipios en alerta por deslizamientos.
Volvieron las lluvias a Medellín y Antioquia y la pregunta es inevitable: ¿se prepararon para prevenir emergencias y tragedias como las ocurridas entre 2022 y 2023? Las imágenes que dejaron los primeros aguaceros anticipan que la respuesta a esa pregunta es negativa. El gran interrogante, entonces, es ¿por qué?
En Medellín, las precipitaciones de los últimos días causaron desbordamientos en varios barrios en comunas como Manrique y Villa Hermosa. Después de meses de tregua, los angustiosos videos de las quebradas corriendo por las empinadas calles y cuadras volvieron a llenar los chats de la ciudadanía. Los chaparrones también provocaron días atrás el desbordamiento del río Medellín en puntos críticos, como a la altura de la 33.
Y, en general, en las tres comunas (Manrique, Villa Hermosa y Buenos Aires) y los tres corregimientos (San Cristóbal, San Antonio de Prado y Palmitas) donde históricamente están más expuestos a riesgos ante avenidas torrenciales, inundaciones y movimientos en masa, ya empezaron a dormir con un ojo abierto por el temor de una nueva ola invernal y un territorio que sigue sin estar preparado para prevenir o mitigar riesgos.
El Fenómeno de la Niña, que se prolongó entre 2022 y parte de 2023 en el país, expuso la vulnerabilidad estructural de Medellín para enfrentar la crisis climática. Según reconoció la propia alcaldía en 2022, 42.000 viviendas en la ciudad están en alto riesgo de afectaciones por los efectos del cambio climático. Además, entre las más de 4.100 de quebradas que recorren la ciudad, 470 se encuentran en estado crítico con capacidad potencial de causar tragedias y emergencias.
Sobre el papel, desde noviembre de 2022, Medellín quedó con el plan más ambicioso en su historia para mitigar los riegos y adaptar a la ciudad de manera gradual ante los efectos de la crisis global. El entonces alcalde Daniel Quintero declaró la emergencia climática que, según dijo en aquel momento, se convertía en un plan maestro para que los gobernantes futuros tuvieran un instrumento claro para saber qué era lo que debían hacer para convertir a la capital antioqueña en una ciudad resiliente al cambio climático.
El hoy exalcalde aseguró entonces que con este plan le marcaba al próximo gobernante la hoja de ruta de los grandes proyectos estructurales para transformar el andamiaje de la ciudad que le correspondería hacer en su periodo, tales como la transformación o la recanalización del río Medellín, la renovación de la red de alcantarillado y la actualización de estudios hidrográficos que le permita saber a la ciudad con exactitud cuál es el estado de las 4.217 quebradas y cómo intervenirlas.
Efectivamente, los expertos en cambio climático, hidrología y urbanismo, plantean que estos proyectos son innegociables para garantizar que Medellín sea una ciudad medianamente viable ante el futuro que impone la crisis climática.
Sin embargo, lo que omitió Quintero mientras le tiraba línea a su sucesor fue hablar de lo que él mismo dejó de hacer en su gobierno. El sistema de alcantarillado de la ciudad, tal como lo dijo en su momento, está obsoleto y requiere una inversión que asciende a $10 billones. Sin embargo, paradójicamente fue la administración Quintero la que frenó la modernización a gran escala de la red de alcantarillado de la ciudad, que entre 2015 y 2019 la administración adelantó con EPM y en la que se invirtieron 41,69 kilómetros de redes de acueducto y 48,21 kilómetros de redes de alcantarillado.
Tampoco hubo avance para actualizar los estudios hidrográficos. De hecho, en febrero de 2022 cuando el subsecretario de Medio Ambiente, Camilo Quintero Giraldo, pidió formalmente al alcalde $100.000 en el Plan de Desarrollo para adelantar un plan sin precedentes de gestión y recuperación de quebradas, recibió un portazo y a renglón seguido la Secretaría terminó siendo una de las más desfinanciadas.
Pero tampoco hubo resultados en las acciones concretas y urgentes. Nunca se instalaron, por ejemplo, las talanqueras que se iban a instalar en los deprimidos para evitar tragedias como las ocurridas en Los Músicos (donde ya han muerto cinco personas, dos de ellas en febrero de 2023). Y en cuanto a las obras de estabilización y mitigación en los 60 puntos donde había riesgo inminente de tragedias y colapso de infraestructura –y que le costaron a la ciudad $54.609 millones– el resultado, según el testimonio de las comunidades, es cuando menos preocupante.
En San Antonio de Prado, donde ocurrió una tragedia en julio de 2022 cuando parte de una montaña sepultó a una mujer y una niña, no quedaron tranquilos con las obras de mitigación que adelantó el Dagrd y que entregó el año pasado. Carlos Arturo Quiceno, el líder comunitario que en abril de ese año advirtió ante el Concejo de Medellín que una emergencia allí era inminente y no fue escuchado, dice que las obras que entregó en organismo de gestión del riesgo en la vereda La Verde no mitigan las amenazas que tienen y que en el sector Santa Rita, donde se vino la montaña, prácticamente no hicieron nada. “Los que toman las decisiones en Medellín no dimensionan el riesgo tan grande con el que convivimos en San Antonio de Prado. Y si este invierno es medianamente duro cientos de vidas aquí van a estar otra vez en peligro”, advierte.
Tanto Quiceno como otros líderes comunitarios de Manrique y Villa Hermosa coinciden en que la actual alcaldía debió haber asumido un rol más activo para ayudar a preparar en estos meses a las comunidades vulnerables y no lo ha hecho. “El decir de los funcionarios de esta alcaldía es que encontraron un desorden de la administración pasada, pero ya les hemos dicho que basta, por favor, que ya van casi cuatro meses y que los riesgos en los territorios no entienden de esas excusas. No se pueden quedar llorando sobre la alcaldía fallida pasada”, expresó Quiceno. Líderes de barrios de las comunas 8, Villa Hermosa, y 2, Santa Cruz, también señalan que estos cuatro meses han tenido nulo relacionamiento con la alcaldía para continuar proyectos orientados a mitigación y adaptación del territorio al cambio climático.
EL COLOMBIANO buscó al Dagrd para conocer qué panorama encontraron y qué acciones están ejecutando ya en los barrios y corregimientos ante una temporada de lluvias que volvió a coger con los calzones abajo a la ciudad. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta.
Lluvias en Antioquia ya dejan muerte y pérdidas económicas
El pasado Fenómeno de la Niña se cebó particularmente contra Antioquia. Solo en 2022, en el periodo más crítico de la Niña, 51 personas perdieron la vida en el departamento en medio de emergencias como inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos. Además 78 de los 125 terminaron con alertas por posibles deslizamientos.
Y en esta nueva ola de lluvias que comienza, y que es apenas un anticipo del Fenómeno de la Niña que casi en un 70% de probabilidad llegará en junio, el departamento ya ha sentido el rigor. Según el director del Dagran, Carlos Ríos, las 9 subregiones quedan en alerta ante fenómenos amenazantes como vendavales, movimientos en masa, tormentas eléctricas, crecientes súbitas, inundaciones y avenidas torrenciales.
En Urabá esos pronósticos ya se hicieron realidad. En Chigorodó las primeras lluvias del fin de semana dejaron a 247 familias de su zona rural damnificadas que están aguardando por ayuda. Por tal razón, la alcaldesa Tulia Irene Ruiz, decretó el estado de calamidad pública con el fin de poder tomar acciones que contribuyan a restablecerle la vida normal a la gente que sufrió la anegación de sus casas, pérdida de enseres y víveres, así como de animales y cultivos. En este territorio la población vive de cultivar arroz, yuca, cacao, plátano, aunque también suelen combinar esos productos con la crianza de gallinas para el consumo familiar.
“La preocupación es que este fue apenas el primer aguacero; sigue lloviendo y que Dios nos ampare de lo que se venga”, dijo la alcaldesa visiblemente atemorizada, pues en el pasado han sido frecuentes las inundaciones. Según dijo, si bien se han construido algunos jarillones para evitar los mencionados represamientos, estos nunca han sido suficientes debido al manejo indebido que hacen los finqueros de las aguas.
Carepa, donde está lloviendo sin cesar desde el 19 de abril, también declaró calamidad pública para poder atender a más de 1.000 personas entre damnificadas y en grave riesgo de inundaciones. En dicho municipio falleció el pasado lunes una persona en medio de una creciente súbita.
El director del Dagran señaló que para afrontar esta temporada de lluvias fortalecieron el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia –SAMA– un instrumento que, según dijo, será clave para mejorar la capacidad de respuesta de consejos municipales de gestión del riesgo, alcaldías y comunidades organizadas ante riesgos de emergencias y desastres.
El Gobierno Nacional anunció que le pidió directamente a los 691 alcaldes en alto riesgo de deslizamientos tener listos los planes de prevención, mitigación y atención de emergencias. Antioquia tiene 17 municipios en alerta roja, 30 en naranja y 38 en amarillo. Es el departamento con mayor cantidad de municipios bajo alerta.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que si bien en los últimos días de abril y los primeros de mayo las lluvias cederán un poco, luego arreciarán y con ellas vendrán las emergencias, por lo que el Gobierno recordó a los alcaldes la orden que tienen desde 2022 de tener listo el mapa de riesgos de su territorio y, en consecuencia, el plan de acción. De que haya un diálogo fluido entre Gobernación de Antioquia y Gobierno Nacional dependerá qué tanto éxito tiene el departamento para superar la temporada de lluvias que apenas comenzó.
