Jacobo Betancur Peláez
Más de 600 familias viven ya en el morro de Moravia, en una invasión de la zona se convirtió en un lucrativo negocio. La posibilidad de un desalojo reavivó las tensiones en el barrio.
En menos de tres años, el jardín que alguna vez cubrió el morro de Moravia y puso a Medellín ante los ojos del mundo como un ejemplo de transformación urbana se convirtió en poco más que un recuerdo. Tras sufrir una invasión impulsada por ilegales, y que prosperó en medio de la desidia de las instituciones locales, todo apunta a que la ciudad tendrá que empezar de cero una intervención social que tardó una década y media en consolidarse.
Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta el tamaño del nuevo asentamiento que volvió a abrirse paso en el antiguo basurero municipal, clausurado desde 1984 por su alto riesgo, la Secretaría de Medio Ambiente apuntó a finales de enero pasado que ya podría ascender a más de 600 familias, dato que sólo podrá confirmarse cuando se realice un censo que ordenó un juzgado y que quedó pendiente desde el gobierno pasado.
Según informó el gobierno Distrital, este jueves varias dependencias de la Alcaldía se reunieron en una mesa técnica que fue instalada para buscarle salidas al lío.
Pese a que por ahora no se sabe las fórmulas que se preparan desde La Alpujarra, el inicio de ese análisis volvió a reavivar las tensiones en el barrio, desde donde se teme un desalojo, con policía antimotines a bordo, como ocurrió en años anteriores.
Y es que los planes para revertir la nueva invasión se muestran complejos por varios frentes, tal como lo advierten varias fuentes en terreno. Mientras por un lado, en el lugar hacen presencia grupos armados que convirtieron esa urbanización ilegal en un lucrativo negocio, el morro también se llenó de población vulnerable, compuesta por migrantes, adultos mayores, niños y hasta familias que quedaron pendientes de ser reubicadas desde hace más de una década, que quedarían en medio de las confrontaciones en caso de un operativo policial.
Una invasión sin control
Para comprender el problema hay que remontarse a los primeros meses de 2021, cuando en plena pandemia arribaron a la zona los primeros invasores, en una oleada inicialmente compuesta por construcciones de madera.
Aunque en gran medida aquella avanzada inicial se facilitó gracias la pandemia, en un momento en el que los esfuerzos oficiales estaban volcados en contener el coronavirus y mitigar la crisis económica que abrieron los múltiples confinamientos que tuvieron que implementarse, los grupos armados también cumplieron un papel crucial en dicho proceso.
Tras arribar al lugar y adueñarse del jardín, los armados empezaron a lotear el terreno y vender pedazos desde $6 millones.
Según narran fuentes del barrio, cuando empezó esa feria aparecieron personas de todos los rincones, incluyendo familias que en el pasado habían poblado el morro y ya habían sido reubicadas por la Alcaldía en otros proyectos de vivienda.
Pese a esas ventas iniciales, tal como pudo constatarlo este diario en varios recorridos por el lugar, la mayoría de los nuevos pobladores han llegado allí en calidad de arrendatarios, pagando mensualidades que oscilan entre los $450.000 y los $600.000.
Tanto para compradores como arrendatarios, muchos de ellos conscientes de los riesgos que implica habitar un lugar asentado sobre más de un millón y medio de toneladas de desperdicios que emanan gases y en cualquier momento pueden derrumbarse o encenderse, la esperanza para la mayoría es quedar incluidos en un nuevo proyecto de reubicación.
Si bien desde 2021 comenzaron a emitirse múltiples alertas buscando frenar el fenómeno, que de acuerdo con los estimativos oficiales comprendía unas 100 casas durante ese año, el problema continuó engordándose.
Salvo una intervención que intentó realizarse en noviembre de 2021, en la que la policía antimotines fue enviada al lugar para intentar un desalojo por la fuerza, el tema pronto cayó en el olvido. Primero porque un juzgado ordenó suspender la acción policial, pero también, según denuncian conocedores del barrio, porque el tema nunca estuvo entre las prioridades del gobierno local, que dejó abandonadas a su suerte a muchas de las organizaciones que adelantaban proyectos allí.
En medio de ese panorama, la cifra inicial de 100 familias continuó engrosándose hasta alcanzar las 600 que hoy estima la Alcaldía. No obstante, en el barrio creen que la cifra puede ser mayor, y estar por encima de las 800 familias asentadas.
Además de ese crecimiento poblacional, muchas de las incipientes construcciones de madera empezaron a ser reemplazadas por casas de adobe, algunas de hasta dos pisos de altura y con acabados que poco difieren a los de un barrio de clase media.
A falta de redes de servicios públicos, los pobladores ya han realizado por cuenta propia conexiones informales de acueducto y energía. Sobre los techos de algunas casas sobresalen incluso hasta antenas de televisión satelital. De igual forma, el antiguo sendero peatonal que antes serpenteaba por los jardines, ahora es un callejón que conduce a una cima en la que se levantó una cancha de fútbol y hasta un improvisado parque de juegos infantiles.
La invasión también abrió grietas entre las decenas de líderes del barrio, ya que mientras unos consideran que la Alcaldía debe reubicar a un asentamiento de familias que llegaron allí en medio de la pobreza y la crisis que dejó la pandemia, otros creen que con esa urbanización muchos están pescando en río revuelto para hacer negocio.
Y es que además de los armados que vendieron el morro, también es sabido que hubo personas que compraron dos, tres y hasta cinco lotes para arrendarlos a los nuevos pobladores, obteniendo jugosas rentas y al mismo tiempo esperando quedar en el censo que tendrá que adelantar la Alcaldía y que podría derivar en una reubicación.
La secretaria de Medio Ambiente, Ana Ligia Mora, señaló hace unas semanas que desde la Alcaldía se inició una mesa técnica en la que tienen asiento los nuevos encargados de las secretarías de Seguridad, Gestión y Control Territorial, entre otras, buscando revisar qué hacer con el problema.
Este diario consultó con la Alcaldía en qué avanzaban esos análisis, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.