El dinero fue sacado de la tesorería del municipio en cuatro transacciones.
La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos (DECDI), permitió que un juez de conocimiento de Bogotá condenara a ocho años de prisión a Ada Luz Pérez Ayola.
Según la investigación, la sentenciada hizo parte de una organización ilegal que en 2017 hurtó más de 1.135 millones de pesos del presupuesto del municipio de Gama, en el departamento de Cundinamarca.
El material de prueba evidenció que Pérez Ayola junto con otras personas ingresó fraudulentamente a los sistemas informáticos de la tesorería municipal para instalar un programa malicioso que les permitió acceder a una serie de claves con las que extrajeron la referida suma mediante cuatro transacciones.
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La evidencia física acreditó que por este hecho ilegal, la ahora sentenciada recibió más de 421 millones de pesos en dos consignaciones realizadas el 27 y el 31 de julio de 2017. Dicha suma fue retirada de una entidad bancaria en Cartagena.
La procesada fue encontrada responsable de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, y hurto por medios informáticos y semejantes agravados.
Los cargos fueron aceptados. Además de la condena impuesta, Pérez Ayola deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 21, 2023
Hackers robaron $2.700 millones de las cuentas de Nocaima, en Cundinamarca
Recientemente, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, tras el apoyo de la Alcaldía del municipio de Nocaima, anunciaron la captura de 19 personas señaladas de estar presuntamente relacionadas con delitos cibernéticos.
En cuestión, los hechos a los cuales se hace referencia parten de una banda organizada que accedió a las cuentas bancarias del municipio.
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Según la información suministrada por parte de las autoridades a SEMANA, una persona se encargaba de reclutar gente para que prestaran sus cuentas de ahorros, con el propósito de desviar hurtos de dinero. El golpe más fuerte que realizaron fue justamente con la Alcaldía de Nocaima, logrando robar más de dos mil millones de pesos de las cuentas bancarias de la institución.
Las personas fueron detenidas en diferentes zonas, tales como Soacha, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Piedecuesta. García informó que en la operación se determinó que los delincuentes usaron un software tipo troyano que tomó dominio de los equipos de cómputo que manejaba la cuenta de la Alcaldía de Nocaima. Además, indicó que los ‘hackers’ habrían accedido a las cuentas bancarias de la institución por medio de un enlace.
“Gracias al trabajo de la Policía Nacional de los Colombinos, la Sijín y la Dijín, se capturaron 19 personas involucradas en el delito cibernético que dio como resultado el robo de 2.700 millones a la Alcaldía de Nocaima”, declaró el gobernador al mencionar que, entre los puestos en detención, se encontraba alias Cracker.
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Las autoridades también revelaron que durante diez meses se llevó a cabo una investigación para dar con la ubicación y posterior captura de los sospechosos. Lo cual permitió que el dinero hurtado se recuperara, debido a que tuvieron acceso a videos en los cuales los implicados se repartían el material. En la grabación, se muestra a una mujer separando 900 millones de pesos de una montaña de dinero en efectivo, los cuales serían entregados a la ‘persona adecuada’.
Al interior de la Alcaldía, se dieron cuenta por medio de correos electrónicos que les llegaban notificaciones del retiro del dinero, pero que eran borrados al momento. Esto despertó la alerta y se pusieron manos a la obra para, con las autoridades, esclarecer el asunto.
En el primer semestre, también se conoció que 11 entidades de la Alcaldía de Medellín habrían sido víctimas de una agresión cibernética, la cual le suministraría documentos privados a extraños.
La Fiscalía investigó la supuesta filtración de 100.000 documentos sensibles que le fueron arrebatados a la Alcaldía de Medellín en un ataque cibernético. Al parecer, los archivos revelaban procedimientos judiciales adelantados por la Policía Nacional y el Ejército, al igual que la operación de once agencias distritales.