La Fiscalía dice que ni el hijo ni la pareja de la mujer le brindaron los cuidados necesarios y eso aceleró la enfermedad que le causó la muerte.
En la cárcel, con detención domiciliaria y sin la pensión terminaron tres allegados de una adulta mayor por presuntamente apropiarse ilícitamente de la jubilación de ella. Entre los judicializados están un hijo de la mujer y el compañero sentimental.
La Fiscalía confirmó que los argumentos expuestos por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena, de la Seccional Bolívar, fueron suficientes para que un juez de Control de Garantías judicializara a Eulises Rivas Castellón, Joaquín Fernando Herrera Barrios y a Anita Aguirre Gambo. Le puede interesar: Cae segundo implicado en crimen de joven con discapacidad en Flor del Campo
“Estas personas fueron imputadas, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno aceptó su responsabilidad frente a los cargos”, señala el ente acusador.
Las investigaciones de la Fiscalía, dice un reporte oficial, evidenciaron que Eulises Rivas Castellón, hijo de Yadira Castellón Trujillo, de 67 años, no habría administrado de manera adecuada la pensión de su madre, facultad que le había sido dada por el estado de salud de la mujer.
“La falta de atención y de cuidado, al parecer, aceleraron la enfermedad de la pensionada, que falleció en febrero del 2021. Por su parte, Joaquín Fernando Herrera Barrios habría utilizado medios fraudulentos para demostrar la convivencia, por más de 18 años, con Yadira Castellón Trujillo. Esto le permitió cobrar la mesada pensional, en calidad de sobreviviente”, explica el organismo judicial. Lea también: Los dos horrendos asesinatos que han estremecido este año a Marialabaja
Entre los documentos que sirvieron para acreditar esta situación estarían las declaraciones juradas que ante una notaría realizó Anita Aguirre, quien habría afirmado la supuesta condición de compañeros permanentes de Herrera y Castellón.
El fiscal del caso demostró en las audiencias concentradas que una vez los dineros eran cobrados por Herrera, los entregaban al hijo de la causante, a cambio del reconocimiento de un porcentaje de dichas sumas.