RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.
Esa conclusión se desprende de una investigación publicada por la Universidad de Cartagena, en cuyos apartes se considera que la poca institucionalidad está trayendo de vuelta la violencia.
El “Grupo de Investigación Sociedad, Cultura y Política en el Caribe Colombiano”, de la Universidad de Cartagena, acaba de dar a conocer el documento “Los Montes de María: entre la fragilidad institucional y el regreso al pasado”.
La referida investigación fue emprendida por los docentes e investigadores Amaranto Daniels Puello y Francisco Méndez Beltrán, quienes explican que su propósito es analizar la compleja situación que atraviesan los Montes de María, frente a la implementación del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc en 2016; y frente a la aparición de nuevos conflictos, a partir de las disputas en el territorio por los recursos naturales.
También se incluye la fragilidad estatal e institucional, representada en las gobernaciones de Bolívar y Sucre, y los 15 municipios que hacen parte de lo que fue el Laboratorio de paz.
A lo largo de la historia, Montes de María ha sido un laboratorio en donde se implementaron diversas políticas públicas, para el manejo del conflicto, la violencia y la construcción de paz: la seguridad democrática, la consolidación del territorio, el proceso de justicia y paz, el proceso de reintegración de excombatientes, la ley de restitución de tierras, la ley de atención a víctimas del desplazamiento, a la vez que tuvo el apoyo de la cooperación internacional con el Laboratorio de paz.
Todo ello permitió que, en un momento dado, a partir de 2008 hasta 2017, Montes de María viviera un proceso de disminución en cuanto al número de muertes violentas por presencia de actores armados, cuando el Estado debió recuperar el territorio mediante las políticas públicas mencionadas; pero, obviamente, comenzó a resurgir esa institucionalidad que había quedado apagada, pero no hubo respuesta a unos problemas estructurales, como el problema de la tierra.
En ese sentido, hubo un despojo de más de 100 mil hectáreas de tierra, además de la concentración de la tierra, la fragilidad de los gobernantes y el clientelismo rural, que no ha permitido la construcción de bienes públicos como salud, vivienda, educación y oportunidades en el territorio. Es decir, nunca se dieron los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
Se dice que antes de ese acuerdo, Montes de María era considerado territorio de paz. Por eso, esta subregión de Bolívar no aparece entre los 170 municipios de acción rápida, que se acordó entre el Gobierno y las Farc, cuando se suscribió el acuerdo de La Habana en 2016.
En la práctica, cuando se revisa la constitución de Colombia, se halla que son los gobernadores y los alcaldes los responsables del orden público y la seguridad ciudadana, por mandato del presidente de la República.
Posteriormente, surgen dos leyes, la cuarta y la 41 de 1991, donde se reglamentan las funciones y responsabilidades de alcaldes y gobernadores en materia de seguridad y orden público.
Después, el decreto 2641 crea los consejos de seguridad nacionales, departamentales y municipales, pero esa estructura se volvió dispersa y no atendió políticas públicas que fueran acordes con el territorio; y Montes de María tiene una diversidad cultural compartida por afros, indígenas, víctimas, colonos y campesinos.
Además, es un territorio rico en ecosistemas, que ahora está en disputa entre la palma de aceite, las grandes extensiones de teca del Grupo Argos y la minería de gas y petróleo, que apareció entre 2008 y 2011.
