FERNEY ARIAS JIMÉNEZ |
El comercio organizado de Antioquia afiliado a Fenalco abogó porque la actual coyuntura que atraviesan Mercaderías Justo & Bueno y sus más de 400 proveedores en todo el país no se convierta en un potencial problema social.
Según el gremio se está trabajando en generar espacios de diálogo entre Mercadería Justo & Bueno y sus proveedores para que se aclaren inquietudes y, con un ánimo constructivo, se exploren, entre las partes, posibles mecanismos que ayuden a la organización comercial a superar la situación actual.
Igualmente, se mencionó que a las autoridades se les ha informado de la cantidad de proveedores con los que cuenta Justo & Bueno y los puestos de trabajo que estos empresarios generan, por lo que se están evaluando mecanismos de ayuda, que dentro de los términos legales, y siempre obrando de buena fe, en beneficio de la sociedad en general, permitan continuar a los proveedores con su actividad empresarial.
“Desde Fenalco Antioquia estamos convencidos que al ser La Fuerza que Une, lograremos aportar y apoyar en la situación que atraviesan Mercaderías Justo & Bueno y sus más de 400 proveedores en todo el país. Trabajaremos en conjunto para que esto no se convierta en un potencial problema social en el que se puedan afectar más de 11.000 familias, que dependen de estas empresas. Por esto, venimos realizando un trabajo muy importante, en el que el objetivo fundamental ha estado centrado en articular a proveedores y Mercaderías Justo & Bueno en una mesa de trabajo única que les permita generar confianza y acciones conjuntas”, explicó María José Bernal Gaviria, directora de Fenalco Antioquia.
La agremiación insistió en que su interés principal es trabajar por el desarrollo del comercio y así generar bienestar social. En esta medida, y conociendo la situación jurídica y financiera por la que atraviesa la empresa Mercadería Justo & Bueno, y dada la relevancia empresarial que ha adquirido durante 6 años de actividad empresarial, considera pertinente alcanzar un acuerdo.
En ese sentido, y frente a los reclamos hechos por parte de los propietarios de los locales en los que opera Justo & Bueno quienes manifiestan que hace tiempo nos les pagan, la empresa reconoció que es muy preocupante la situación y que es consciente sobre las dificultades que se están viviendo, por lo que su prioridad ha sido y es trabajar por su recuperación y así poder encontrar una solución responsable para todos.
“Con el objetivo principal de mantener la operación de la compañía, ya se avanza en un plan de salvamento que incluye un esquema fiduciario para aislar el riesgo de los nuevos despachos de inventario y garantizar el pago a todos sus arrendadores y proveedores”, mencionó la compañía la semana anterior en un comunicado.
También se indicó que frente a la situación de los dueños de los locales, es importante aclarar que las normas concursales y comerciales protegen la continuidad del negocio y, en ese sentido, evitan el desmembramiento de la empresa, mientras se resuelve judicialmente la reorganización. En todo caso, una vez iniciado el proceso de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006, la empresa debe estar al día porque esa protección desaparece si hay incumplimientos en los pagos.
Por su parte la Superintendencia de Sociedades recordó que esa compañía fue aceptada el pasado 12 de mayo en el trámite de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (Near), en los términos del Decreto Ley 560 de 2020, sin embargo, se declaró el fracasó del mismo, puesto que la sociedad indicó que no había logrado obtener una financiación para cumplir con los pagos previstos en el acuerdo de reorganización presentado, así como de los gastos de administración.
Actualmente el proceso Near se encuentra pendiente de cierre, debido a que se presentaron diferentes recursos interpuestos por algunos de los acreedores, que, si bien ya fueron resueltos por el juez, se está a la espera de la firmeza de la decisión.
Aun cuando este trámite no haya sido exitoso, los interesados (entre ellos los dueños de los locales) pueden acudir a las distintas opciones de carácter legal dispuestas en la normativa de insolvencia vigente.