PUERTO RICO:
El grupo cuestiona la respuesta de Alianzas Público-Privadas ante su responsabilidad de rendirle cuentas al consorcio energético.
TOMADA DE:https://www.primerahora.com/
Tras semanas llena de controversias e interrupciones del servicio eléctrico, líderes de la organización sin fines de lucro CAMBIO denunciaron este miércoles “timidez y laxitud” de parte del gobierno de Puerto Rico para fiscalizar el contrato de LUMA Energy tras recibir una respuesta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privada (AAPP) s a una solicitud de información pública del grupo.
La presidenta de la organización, Ingrid Vila Biaggi, indicó en declaraciones escritas que, contrario a las expresiones recientes del gobernador Pedro Pierluisi, su administración no ha tomado en serio la responsabilidad de fiscalizar el contrato de la compañía a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico.
Vila Biaggi indicó que los documentos recibidos muestran que la AAPP ha enviado 16 solicitudes de información a LUMA desde que la empresa tomó control del sistema eléctrico en junio de 2021; nueve de estas se emitieron en los dos primeros meses de operación. No obstante, Vila Biaggi sostiene que, en lo que va del año corriente, AAPP “apenas envió tres solicitudes de información a LUMA”.
“Los documentos provistos por P3 (siglas en inglés de la AAPP) validan que LUMA ha estado campeando por su respeto, negándose a proveer información y datos básicos solicitados, en clara renuencia de la empresa a rendir cuentas… LUMA no ofrece la información y la P3 simplemente deja de dar seguimiento al asunto, abdicando en su deber de fiscalizar para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, dijo la ingeniera.
“Ante las deficiencias constantes del servicio que mantiene a la ciudadanía abatida por los apagones y fuegos, estas acciones son insuficientes y muestran un abandono del gobierno en su deber. Por su parte, las respuestas de LUMA a la agencia siguen el patrón de arrogancia y evasivas que muestra públicamente”, agregó
Además, la otrora secretaria a la gobernación mencionó como ejemplo que, en junio de 2021, durante un periodo con un nivel altísimo de apagones y quejas de alcaldes, ciudadanos y otros sectores, la AAPP solicitó estadísticas diarias sobre las interrupciones del servicio, tiempos de restauración, servicio al cliente y las brigadas regionales, pero LUMA se negó a proveer los datos solicitados dado que la petición representaba una “carga excesiva”.
Asimismo, la ingeniera sostiene que LUMA se negó a proveer acceso a uno de sus centros de llamadas a una delegación de legisladores y un representante de la Autoridad, y la empresa respondió en la negativa también al solicitarle información sobre la localización de estos centros de llamada. Como parte de otra solicitud, la Autoridad le pidió los nombres e información de los contactos regionales de LUMA para responder a solicitudes de servicios, y LUMA respondió simplemente con su número 1-844-888-LUMA.
“Estas respuestas rayan en la falta de respeto, ya no solo al país, sino al propio gobierno que insiste en defender un contrato claramente leonino y nulo, originado mediante un proceso amañado”, dijo Vila Biaggi.
“Por esto no sorprenden las expresiones recientes de la administración indicando que no hay incumplimiento de contrato, pues el gobierno simplemente no ha hecho su trabajo de fiscalización. Lo que hay que preguntarse es si esta falta de fiscalización es por diseño para imposibilitar una determinación de incumplimiento que active el procedimiento de cancelación. Continuamos viendo el patrón de buscar favorecer a LUMA por encima de los mejores intereses del pueblo”, sostuvo.
No obstante, la presidenta y cofundadora de CAMBIO enfatizó que el gobierno tiene la opción de cancelar el contrato en noviembre, pues la relación actual entre LUMA y el gobierno de Puerto Rico se rige por un “Acuerdo Suplementario” al contrato de LUMA.
Según la ingeniera, este Acuerdo Suplementario vence automáticamente en noviembre, si no hay un plan aprobado para reestructurar la deuda de la AEE, a menos que la AAPP solicite una extensión y tanto LUMA como la AEE lo avalen. Si el Acuerdo Suplementario vence sin extensión, ello significaría la terminación del contrato de LUMA e iniciaría un periodo para que la empresa salga de la isla.
Según Cathy Kunkel, gerente del programa de energía de CAMBIO, sería importante establecer por ley, antes de noviembre, una nueva estructura de gobernanza pública que sustituya a la AEE y sirva como sucesora de LUMA y desistir de privatizar el sistema.
“Dado el fracaso con LUMA, traer a otra compañía sin conocimiento del sistema y sin empleados capacitados sería una locura”, abundó Kunkel. “Bajo una nueva estructura pública participativa y democrática, los empleados especializados que quedaron desplazados por la privatización y que hoy son subutilizados en otras agencias tendrían la opción de regresar con todos sus derechos adquiridos anteriormente”, añadió.
Por su parte, la organización apoya la propuesta de Queremos Sol para una transformación rápida hacia la energía renovable en techos para lograr un sistema resiliente, limpio y asequible.