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En el Oriente antioqueño no quieren más pequeñas hidroeléctricas

Los habitantes de Argelia radicaron una carta de rechazo ante Cornare por sus procedimientos para otorgar licencias a PCH. FOTO: CORTESÍA CLAUDIA FRANCO

Miles de personas han protestado en los últimos días por la proliferación de PCH que acabarían con si riqueza hídrica.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

El Colombiano

Miles de habitantes en el Oriente antioqueño están desesperados por la proliferación de las pequeñas hidroeléctricas, o PCH, como se conocen desde años esta serie de proyectos, cuyo verdadero beneficio para los territorios ha sido ampliamente discutido en la Asamblea y concejos municipales.

En el Oriente antioqueño hay 17 hidroeléctricas en funcionamiento. Cornare otorgó licencias ambientales para 19 PCH más y adicional a esto desde 2017 la corporación autónoma otorgó 95 permisos para adelantar estudios sobre más pequeñas hidroeléctricas en el futuro. La denuncia fundamental que hacen los habitantes de los diferentes municipios de la subregión es que con el aval de las autoridades departamentales decenas de privados están saqueando de manera irreversible el recurso hídrico sin el cual queda comprometido el futuro y la vida en estos territorios.

En Cocorná, por ejemplo, ya se construyeron tres PCH y sobre el río Cocorná, un patrimonio natural de la región, podrían haber hasta cinco PCH, pues hay una construida, otras dos están licenciadas, una más en trámite y otra que pese a tener un revés podría volver a tramitarse.

Por eso los habitantes de este municipio salieron a marchar la semana pasada pidiendo que cese la presión sobre los ríos que amenaza su futuro, pues además de los pocos recursos que reciben los municipios por las PCH los modelos económicos que han planificado durante años, como el agroecoturismo, serían imposibles de realizar si el recurso hídrico se concentra casi en su totalidad para el beneficio de un privado, así lo denunció el líder social Santiago Agudelo.

Y es que, en el caso del río Cocorná, llegaría a desaparecer hasta el 80% en medio de su uso para la generación de energía que, además, está destinada en gran medida para exportación, dejando a los habitantes del Oriente sin su propio recurso hídrico.

Según Agudelo, ante los reclamos de las comunidades por las afectaciones desencadenadas tras el otorgamiento de licencias, Cornare les ha respondido que la diferencia entre río y quebrada, de acuerdo con los volúmenes de caudal, es técnica y no cultural, de manera que para Cornare, según el líder comunitario, no existe desaparición de ríos, a pesar de que los efectos sí los sientan miles de habitantes.

Los habitantes de Argelia también marcharon esta semana. Más de siete chivas viajaron hasta la sede de Cornare en Sonsón para realizar un plantón en el que exigieron cesar el otorgamiento de licencias y los procesos en los que, según los argelinos, los han dejado por fuera. Las comunidades campesinas en Argelia recogieron 551 para radicar ante Cornare su rechazo por la posibilidad de que el río La Paloma, un afluente crucial en la región, llegue a tener hasta cuatro PCH.

En la carta radicada denuncian en medio de estos proceso de licenciamiento sus modelos de desarrollo alrededor de la ganadería, la agricultura y la extracción artesanal de material de playa han sido desestimados. También señalaron que sus prácticas y saberes culturales alrededor de sus ríos han sido invisibilizados, al igual que su conocimiento y defensa de la fauna y flora de la región.

El conflicto socioambiental alrededor de las PCH en el Oriente antioqueño es una bomba de tiempo. El diputado Camilo Calle ha denunciado que las PCH le transfieren al territorio solo el 6 % del ingreso bruto, que se va para las entidades territoriales y corporaciones autónomas.

Calle ha señalado que además de que es un porcentaje pírrico respecto a los recursos que ganan los privados con la generación de energía las condiciones sociales en esas zonas en las que se extrae la riqueza hídrica no solo no mejora sino que empeora con la llegada de estos proyectos.

En el Oriente antioqueño le piden al gobierno de Gustavo Petro que revise la normativa que permite estos proyectos y emprenda los cambios necesarios que durante años las autoridades departamentales y nacionales se han negado a tomar.

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