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Presunto hallazgo fiscal por más de 14 mil millones en Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena

Erix Montoya Bustos

La Contraloría Distrital de Cartagena realizó ejercicio de Actuación Especial de Fiscalización vigencia 2022 en la compañía.

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El órgano de control evidenció un presunto hallazgo administrativo con alcance fiscal por $14.622.189.000 al considerar que la liquidación y administración del capital a su disposición para ejecución del contrato de gestión integral del servicio de acueducto y alcantarillado (GISAA) OTROSI No 3, no corresponde al esquema de liquidación pactado desde la firma del contrato inicial.

Según el informe definitivo de Auditoría, el detrimento patrimonial se debió a la aplicación de la rentabilidad de la inversión a los accionistas no oficiales (distintos al Distrito) sobre el cien por ciento del capital, aun cuando ya se había ejecutado un reintegro del 75 por ciento.

En otras palabras, El Distrito de Cartagena (categoría A) reintegró la inversión realizada por los otros accionistas (categoría B y C), sin descontar la devolución para pagarle los dividendos que generaban el capital entregado al inicio de la operación para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en la década de los noventa.

Cabe aclarar que, la sociedad Aguas de Cartagena es la empresa de servicios públicos al frente de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en toda la ciudad, esto a través de un contrato de concesión firmado con el Distrito, que en principio se firmó para 26 años de operación ( de 1994 hasta 2020), no obstante, en el 2015, bajo la administración de exalcalde de Dionisio Vélez Trujillo, se firmó un otrosí extendiendo la operación por 13 años más del plazo inicialmente pactado, es decir que llegaría a su final en Junio de 2034.

Dentro del proceso de negociación con los socios de Aguas de Cartagena (Clase B y C) se estableció la devolución del capital por ellos invertidos a lo largo de las operaciones, de tal forma que a la finalización del contrato (año 2020), ya estaría devuelto en su totalidad el capital invertido por cada uno y también, todos los bienes, entregados y adquiridos por la sociedad Aguas de Cartagena y, de este modo, retornarían a las arcas del Distrito.

Ampliado el plazo, se otorgó el reconocimiento de las utilidades sobre la inversión, desconociendo que para la fecha de la firma (2015), ya el capital de los inversionistas clase B y C había venido siendo reintegrado, de tal forma que en ese momento el valor de la inversión inicial ya no era un 100 por ciento, porque habían transcurrido 20 de 26 años, es decir poco más del 75 por ciento.

Así las cosas, en ese momento, el capital propiedad de los accionistas, distintos del Distrito, sólo era aproximadamente de un 25 por ciento de su capital inicial, por tanto sus utilidades debían ser liquidadas sobre esa inversión y no sobre la inicial, tal como lo señala en su informe la Contraloría Distrital.

Por este motivo, el organismo del control concluyó que se habría configurado un posible detrimento de $14.622.189.000, considerando los dividendos liquidados sobre la inversión inicial de los socios B y C y no sobre el saldo del capital a partir del 2015.

Con la firma del OTROSI No. 3 en 2015 se extendió el plazo de ejecución del contrato y, según lo indicado por la Contraloría en su informe, dividiendo (prorrateo) la devolución de la inversión pendiente de reintegro (25% del capital inicial) entre los 5 años faltantes para la terminación inicial, más los 13 años del otrosí firmado, esta operación no genera complicaciones por cuanto corresponde a un pacto entre socios, lo que no ve con buenos ojos el organismo de control es que se reconociera rentabilidad a partir de 2021 de un capital ya reintegrado a los socios B y C (distintos al Distrito de Cartagena), es decir, seguían recibiendo utilidades por su capital inicial el cual, ya había sido devuelto.

“Originalmente el Distrito de Cartagena debía ser el dueño del cien por ciento del capital social de Aguas de Cartagena al finalizar el plazo inicial de la sociedad que era de 26 años. Al momento de la reforma estatutaria que nos ocupa, se encontraban a menos de 5 años de que tal circunstancia se consumara. No obstante, mediante la modificación de los estatutos se otorgó 13 años más de beneficios en las utilidades a los socios privados clase B y clase C, obteniendo estos la rentabilidad equivalente a su inversión inicial por aproximadamente 18 años adicionales, cuando en la realidad en virtud de la figura de reversión del capital privado, su real inversión en la empresa se encontraba mermada a índices que difícilmente podrían superar el veinticinco por ciento de la inicial”, sostiene la comisión auditora de la Contraloría.

Según la entidad de control, en la auditoría se encontraron serias inconsistencias en su celebración, advirtiendo que ha significado una presunta carga onerosa para la entidad territorial al posponer por trece años adicionales la expectativa de control y explotación de forma autónoma o mediante un nuevo esquema más beneficioso para el socio público, de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a causa de la celebración del Otrosí Nº 3 al contrato de GISAA.

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