Los 8 integrantes de la banda criminal, fueron condenados a 6 años de prisión.
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En el caso que adelantó una fiscalía especializada delegada ante el Gaula, se estableció que en febrero de 2017 en una vereda del municipio de Togüí (Boyacá), cinco personas llegaron encapuchadas y portando armas de fuego a una finca, donde raptaron a una mujer y a su hijo, un menor de edad.
Las víctimas fueron llevadas hasta un cañaduzal a campo abierto a cinco kilómetros, donde las mantuvieron retenidas por minutos y después les dijeron que debían esperar su llamada.
Al día siguiente, el dueño de la finca, tío de la mujer, comenzó a recibir llamadas extorsivas en las que le exigían cien millones pesos a cambio de no atentar contra la vida los secuestrados.
Tras la denuncia, el mismo día de los hechos, el ente acusador inició la investigación y, gracias a las pruebas técnicas en terreno, así como al análisis link y la triangulación de las antenas de celular del sector, se identificaron las líneas telefónicas usadas antes, durante y después del secuestro, al igual que algunos de los participantes.
Después de la individualización y captura de las primeras 4 personas implicadas en el hecho, se determinó que otras 4 más, estaban involucradas; junto a las cuales conformaban la banda delictiva denominada Los Oportunistas.
Los ocho participantes en la extorsión aceptaron su responsabilidad durante las audiencias preliminares.
El Juzgado Penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Tunja (Boyacá) dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de los cuatro integrantes restantes de la organización criminal Los Oportunistas por el delito de concierto para delinquir.
Se trata de José Luis Camacho, William Rincón Zarate, Juan Carlos Chacón Rincón, y Luz Ángela Benavides Walteros, quienes admitieron haber participado en el caso de extorsión y deberán cancelar una multa de 3.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta sentencia se suma a la proferida en días pasados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí (Boyacá), en contra de las hermanas Claudia Esperanza y Laura Daniela Barrera Castellanos, Jorge Armando Ardila Sánchez y Beatriz Castellanos Rubiano, también miembros de la citada estructura delictiva, responsables del delito de extorsión.
El caso busca dejar un precedente ante este tipo de delitos que siguen creciendo en Boyacá.