POR: David Pereda
Los casos de los congresistas Rosselli Amuruz, vicepresidenta del Parlamento e integrante de la bancada de Avanza País, Juan Carlos Lizarzaburu y David Jiménez, ambos de Fuerza Popular; Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial; Nelcy Heidinger; de Alianza para el Progreso (APP); y Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular, quedaron pendientes en la Comisión de Ética de este poder del Estado tras cerrar un año profuso en cuestionamientos, faltas y blindajes a legisladores, pese al gran descrédito desde la ciudadanía.
Aunque este grupo de trabajo solo puede lograr que se suspenda a congresistas cuestionados, es una instancia con expectativa en la ciudadanía. Lo que concluya la comisión debe ser definido luego por el Pleno del Parlamento, si coincide o no.
Ética es presidido por el legislador Diego Bazán, de Avanza País. Cerró el año con un blindaje a Alejandro Soto, presidente del Congreso muy cuestionado.
Más visibles
Amuruz es investigada en este grupo por haber negado que organizó la conocida fiesta del exparlamentario Paul García, que terminó con un muerto hace unos meses, pese a que diversas declaraciones e indicios la contradicen. Este caso está por pasar a audiencia: es decir, como parte de la indagación preliminar, y la congresista tendrá que presentar su defensa a Ética para que luego la comisión defina si el proceso avanza o prefiere archivarlo.
El caso de Amuruz estalló el 1 de octubre el año pasado cuando se supo que una fiesta iniciada el día anterior en que había participado acabó con una pelea en la que un invitado asesinó a otro. Ella negó a la prensa haber organizado el evento, pero en el programa ‘Punto final’ se difundieron chats y un audio en los que ella hacía coordinaciones.
Después de tres meses, la parlamentaria y actual tercera vicepresidenta del Poder Legislativo no ha recibido sanción.
El fujimorista Lizarzaburu es el más reciente en el elenco de los cuestionados en Ética tras ser descubierto cuando hacía comentarios obscenos sobre partes íntimas de sus compañeras de bancada. Recién ha entrado la denuncia contra el legislador en este grupo de trabajo. En la primera sesión del año se debería decidir si se le empieza a investigar en un caso.
Jiménez, también ‘naranja’, es sindicado de aprovecharse para pagar con dinero público a una trabajadora de su instituto particular. La tenía como contratada en el Congreso, con remuneración de esta entidad del Estado, pero la hacía laborar en su negocio propio, el Instituto Franklin Roosevelt, según un reportaje del 10 de setiembre. Este caso ya tuvo audiencia en la comisión, en su última sesión el 15 de diciembre, y está a la espera de que se evalúe y vote el informe final en esta instancia.
Gutiérrez es investigado porque propuso un proyecto de ley sobre las pensiones alimenticias que lo beneficiaría a él mismo en un caso judicial que enfrenta en relación con su hija, según denunció el programa ‘Al estilo Juliana’, el 30 de agosto, con información obtenida por el Centro Liber. El informe de Ética sobre este caso está por presentarse.
Heidinger fue denunciada de tener un asesor sin contrato usando fotocheck de identificación de otro trabajador del Congreso, tras un reportaje de Willax. Está por programarse la audiencia para ver el caso.
Sin acuerdo
Flores Ancachi, de AP, es sindicado de reducir el sueldo a sus trabajadores. En la última sesión de la Comisión de Ética, el 15 de diciembre, quedó sin acuerdo el informe final que declaraba fundadas las denuncias y recomendaba al Pleno lo suspenda en el cargo por 120 días.
Flores fue grabado cuando alegaba que sus trabajadores debían darle 10% del sueldo y 50% de los bonos, según un reportaje de ‘Cuarto poder’ del 9 de julio. El caso sigue impune.
De esta manera, los cuestionamientos a los congresistas ya acumulan bastante trabajo a la Comisión de Ética para iniciar este año, aunque también le pesa el historial de blindajes.
Luque: Percepción ciudadana del blindaje es cierta
La congresista Ruth Luque dijo que la percepción de blindaje que tiene la ciudadanía es cierta, debido a la ausencia de sanción oportuna en el pleno.
“Es fundamental que en este año no se dé esta situación. Es responsabilidad política de las bancadas representadas en la Comisión de Ética evaluar si el prestigio del Congreso ante el blindaje debe continuar. Y reflexionar si la comisión debe ser integrada por congresistas que sancionen a congresistas. Hay propuestas para una conformación mixta y otra por no congresistas. Ese es el tema de fondo. En el último periodo se incorporó la flagrancia, pero no se ha aplicado. Las bancadas dicen una cosa y deciden otra”, anotó.