POR JAVIER ALEXANDER MACÍAS |
La ampliación de la concesión hasta 2051 del peaje El Trapiche, ubicado en el municipio de Barbosa (Antioquia), y la continuidad del llamado “peajito social”, en Niquía, llevaron a que los alcaldes de Barbosa, Copacabana y Girardota alzarán su voz de protesta por lo que consideran un atropello para las comunidades que representan por el impacto económico que les ha generado en estos 20 años.
El primero en pronunciarse fue el mandatario girardotano Diego Agudelo Torres, quien solicitó el traslado de los dos peajes por considerar que con ellos obligan a la comunidad a pagar la doble calzada hasta el Magdalena Medio y, para esto, solicitó ayuda al gobernador (e) de Antioquia Luis Fernando Suárez.
“Esta concesión, que ya tiene 20 años, se vence el 14 de abril de 2021 y nos quieren montar otra concesión por 30 años más, hasta 2051, para que las personas del norte del Valle de Aburrá paguen la doble calzada hasta el Magdalena Medio. Eso es una infamia”, asevera.
Voces de apoyo
La inconformidad de los otros dos alcaldes del norte del Valle de Aburrá pasa por tres temas básicamente: lo económico, el medioambiente y la infraestructura vial.
En el caso de Barbosa, el mandatario local Édgar Augusto Gallego Arias coincide con su homólogo de Girardota en que los peajes son una injusticia, y expresa que en los municipios del sur no hay estos cobros y han logrado desarrollarse económicamente.
“Las empresas se han dejado de asentar en nuestro territorio hace muchos años, no se quedan gracias al peaje; el turismo se ha visto afectado, no se desarrolla, no progresa, no evoluciona porque la gente para venir acá a disfrutar debe pagar los costos del peaje y entonces prefieren no venir”, expresa Gallego Arias.
El alcalde de Barbosa asevera que han tocado puertas en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); en el Ministerio de Transporte y en la Gobernación para buscar solución, “pero esto también es de movimiento ciudadano, porque es la inconformidad de la gente y apoyaremos este movimiento siempre y cuando sea cívico y pacífico y ejerza el derecho a la protesta”.
Desde Copacabana, el alcalde Héctor Monsalve, insiste en que este peaje ya cumplió su vida útil y financiera, y en 20 años logró la recuperación de la inversión. “Yo estoy en total oposición al prolongamiento. Con el gobernador (e) tuve una reunión la semana pasada y le expuse que ese peaje se eliminara de esta jurisdicción y de todo el Valle de Aburrá”.
A su vez, Monsalve indica que su municipio se ve afectado, además, por el llamado “peajito social” porque muchas personas lo evitan y “dan la vuelta por Copacabana para salir más adelante del cobro y ya tenemos un deterioro evidente de la infraestructura vial e incluso, del medioambiente en la localidad”.
Es un tema nacional
Ante el clamor de los tres mandatarios, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Juan Pablo López Cortés, explicó a EL COLOMBIANO que lo que sucederá con el peaje El Trapiche, a partir de abril de 2021, es que se abrirá una nueva concesión, además, de que es un tema de importancia nacional porque la vía tiene esa condición.
“Esto es un proyecto que estructuró la Nación en el marco de las Autopistas de Cuarta Generación y creo que fue en 2016. Se llama Vinus, Vías del Nus, y recoge lo que se llama Hatovial. Hace unas obras nuevas como la doble calzada que va hasta Cisneros; además, realiza mantenimientos, operación y otras obras hasta el Alto Dolores”, dice.
Según el secretario de Infraestructura del departamento, la Gobernación ha sido un articulador en el asunto entre los alcaldes y el Gobierno nacional, pero aclara que no tiene injerencia en lo contractual en el momento.
Sin embargo, al consultar a la ANI respondieron: “En el momento los peajes están a cargo de la Gobernación de Antioquia que tiene un contrato de concesión afecto a los mismos. Sin embargo, una vez la Gobernación revierta la infraestructura, en mayo de 2021, la ANI estudiará la adopción de medidas contractuales correspondientes”.