El proyecto de Ley contempla que los municipios y departamentos pueda añadir impuestos para la paz. Aún se discute en el Congreso.
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La reforma a la Ley de Orden Público que presentó el Gobierno de Gustavo Petro y que ya está siendo debatida en el Congreso incluiría permisos especiales para que entidades territoriales impongan dos impuestos encaminados a financiar la paz.
Los nuevos cobros vendrían a nivel departamental y municipal. Uno de ellos se llamaría el “impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana”, que llegaría a través de las facturas de servicios públicos, y el otro sería una especie de impuesto municipal que se sumaría al impuesto predial.
Así lo explicó el exrepresentante a la Cámara por el partido Dignidad, Jorge Gómez Gallego. “Servicios impagables, predial impagable y van a llegar dos cargas adicionales a nombre de la paz, porque no hay cosa perversa que no se impongan a través de causas aparentemente muy nobles”, dijo.
Según se lee en el documento que fue radicado ante la Cámara de Representantes, “los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios, imponer contribuciones fiscales o recibir donaciones de particulares, destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio”.
Ahí es clave la expresión “contribuciones fiscales”, pues esa es la manera técnica y legal como se nombran los conocidos “impuestos”.
De igual modo, el proyecto de Ley plantea que los departamentos puedan, a través de las Asambleas Departamentales, adoptar un nuevo impuesto que buscaría mejorar “las condiciones de seguridad y convivencia del territorio” y se cobraría, según defina cada Asamblea Departamental, a través de la factura de servicios públicos.
“Los recursos recaudados por este tributo serán invertidos a través de los fondos cuentas territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los municipios y distritos podrán establecer una sobretasa al impuesto predial. (…) El hecho generador lo constituye el beneficio por la mejora en las condiciones de seguridad y convivencia del territorio y se cobrará en la facturación del impuesto predial unificado. Los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales. Los recursos recaudados por este tributo serán invertidos a través de los fondos de cuentas territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, dice el articulo 8 del capítulo IV del proyecto de Ley.
Dichos impuestos se constituyen como el segundo “mico” dentro del Proyecto de Ley que han encontrado los políticos y legisladores. El más polémico y reciente tuvo que ver con un artículo dentro de ese mismo documento que le daría facultades especiales al presidente Gustavo Petro para que él mismo diseñara el marco reglamentario para la Ley de acogimiento.
Este último punto fue el que precisamente frenó la discusión en el Congreso e hizo que la discusión se aplazara para este lunes. El proyecto de Ley en cuestión modifica la Ley 418 del 97, que es la que le permite a los gobiernos negociar procesos de paz.