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Nicolás Petro confesó que entró dinero irregular a la campaña de Gustavo Petro

Nicolás PetroFoto: AFP

El hijo del presidente está vinculado formalmente a una investigación penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía expone los argumentos por cuáles debe ser enviado a prisión domiciliaria.

TOMADO DE: elespectador.comnotification icon

Redacción Judicial

La audiencia para definir la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro arrancó con una bomba. Luego de las presentaciones protocolarias, el fiscal del caso, Mario Burgos, tomó la palabra y le dijo al juez del caso que pediría una medida restrictiva de la libertad para el hijo del presidente Gustavo Petro, luego de escuchar una confesión de carga mayor del hijo del presidente, imputador por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

(En contexto: El Espectador le explica el caso de Nicolás Petro Burgos)

El fiscal Mario Burgos explicó que, en interrogatorio, Nicolás Petro entregó información que no se conocía sobre varios hechos. En primer lugar, se refirió a la campaña presidencial del hoy presidente, Gustavo Petro y de cómo fue su financiación y que, al parecer, “habría superado los topes electorales y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades”, dijo el fiscal.

En este sentido, Nicolás Petro, según el fiscal, dijo que sí recibió altas sumas de dinero de Santander Lópesierra, conocido como el hombre Malboro, Gabriel Hilsaca Acosta, Óscar Camacho. El dinero habría sido utilizado para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada. “Otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022″, dijo el fiscal.

En este punto, Mario Burgos reiteró que Nicolás Petro habló sobre ingreso de dinero de grandes empresarios a la campaña de Gustavo Petro, los cuales no fueron reportados, por lo que anunció que la Fiscalía abrirá nuevas líneas investigativas. Además, el fiscal dijo que Nicolás se comprometió a entregar todas las pruebas al respecto y a presentar su renuncia a la Asamblea del Atlántico y de cualquier actividad política.

Nicolás Petro fue imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que su expareja, Daysuris Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales. Ambos fueron capturados el pasado 29 de julio en Barranquilla.

(Le puede interesar: Petro pide fiscal ad hoc para su hijo Nicolás cuando se elija el reemplazo de Barbosa)

De acuerdo con los datos que reveló la Fiscalía durante la imputación de cargos, el caso arrancó cuando la propia Day Vásquez dejó su teléfono celular a disposición de las autoridades, para que estudiaran conversaciones, chats, llamadas y demás medios probatorios que pudieran demostrar que el hijo mayor del presidente se enriqueció ilícitamente y lavó dinero que supuestamente iba para la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Según la imputación, Vásquez recibió hasta $400 millones en efectivo por parte de Samuel Santander Lópesierra, quien fue condenado y extraditado por narcotráfico, y quien ahora es candidato a la alcaldía de Maicao (La Guajira). Que ella misma guardó esa plata en maletas, morrales y en la caja fuerte, que estaba custodiada por cámaras de vigilancia en la casa de Petro.

(Lea: ¿Agentes encubiertos en caso Nicolás Petro? Esto fue lo que reveló uno de ellos)

Eso sí, Day Vásquez reconoció que esos dineros nunca entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro, si no que iban a ser destinados para la compra de una mansión en la zona de Villa Campestre, en Barranquilla, que tenía un valor de $1.600 millones. Del Turco Hilsaca, señalado por presuntos nexos con el paramilitarismo, Vásquez estableció que a Nicolás Petro le entregaron hasta $600 millones, en dos entregas, en Barranquilla.

Además, Vásquez reveló que Nicolás Petro habría recibido “altas sumas” de dinero de empresarios de Cúcuta. Y, por si fuera poco, que un “megacontratista de Villavicencio”, cuyo nombre no reveló el fiscal Burgos, le regaló al investigado una camioneta de placas JCZ – 858, que terminó en el esquema de seguridad personal de quien entonces era diputado de la Asamblea del Atlántico. En estos momentos, el fiscal Burgos sigue revelando las pruebas que tiene en contra de ambos, para que el juez decida dónde deben permanecer ambos investigados mientras avance el proceso en su contra.

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