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Ni la Casa de Nariño logra hacer mover los casos de corrupción en el Área Metropolitana

El Área Metropolitana ni la Comisión de Moralidad han tomado medidas después del llamado de la oficina de Transparencia.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

Archivo:ElColombiano.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Se están robando el Área Metropolitana de manera descarada y nadie hace nada para evitarlo”. La sentencia aparece en un documento que llegó a la Casa de Nariño a mediados del año pasado y que contenía información pormenorizada para sustentar los duros señalamientos.

Después de eso, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República le ordenó a la dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que hiciera una auditoría interna, a la vez que le remitió el expediente en su poder a la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, un organismo en el que tienen asiento las cúpulas de las contralorías de Medellín y Antioquia (junto a Fiscalía y Procuraduría), las mismas entidades de control que paradójicamente no han mostrado resultados en los dos años y medio previos.

El texto anónimo compilaba una serie de contratos que se otorgaron sin apertura de concurso entre 2020 y 2022 con las entidades sin ánimo de lucro Tenarco, Arca, Cartama, Acopi y Fundaeventos, los cuales comprometieron recursos por más de $32.000 millones.

En varios de esos contratos hay indicios de un direccionamiento que obedecería a conveniencias políticas y vínculos familiares. Por ejemplo, Jorge Hernán Usme, director de la Fundación Tenarco, ha sido cercano al exgobernador Luis Pérez (este asistió a la inauguración de una sede de la entidad en 2021), quien a su vez es aliado político del alcalde de Medellín y tiene a su sobrina Carolina Murillo Pérez trabajando como contratista del área administrativa y financiera.

Igualmente, el director de Acopi en el valle de Aburrá entre septiembre de 2020 y enero de 2021 -periodo en que se habrían celebrado varios contratos cuestionados- era Gabriel Jaime Rico, otro aliado quinterista.

En este relato de presunta corrupción no hay que olvidar tampoco que el Alcalde de Medellín ejerce la presidencia en la junta del Área y a partir de eso, por supuesto, tiene una gran influencia en lo que allí pasa.

Varios funcionarios del Área Metropolitana le han dicho a este medio que Miguel Quintero, el hermano mayor del alcalde, es quien maneja los hilos del poder dentro de la entidad y eso combina perfectamente con otro antecedente: el director del Área, Juan David Palacio, comenzó su vida política al lado del polémico exconcejal y según él mismo ha reconocido son amigos entrañables. Otras fichas cercanas a Miguel Quintero en el Área habrían sido Álvaro Villada -subdirector administrativo y financiero hasta septiembre pasado- y los que posteriormente lo han reemplazado.

Igualmente, entre los funcionarios se comenta la historia de cómo María Camila Salcedo Soto, una joven ingeniera civil oriunda del Eje Cafetero y que tenía sólo 39 meses de experiencia cuando la nombraron jefe de proyectos gracias a que se cambió un reglamento que exigía como mínimo cuatro años de trayectoria profesional para ese perfil. La ventaja sobre los demás aspirantes habría sido su cercanía con el hermano del Alcalde de Medellín.

“Miguel ha controlado toda la contratación a través de ella. También con Villada; que salió el año pasado pero sigue manteniendo su influencia”, explicó una fuente interna del Área.

El Área Metropolitana es la autoridad en los diez municipios del Valle Aburrá para temas ambientales y de planeación territorial. Su presupuesto se acerca a $600.000 millones anuales.

Previamente, otros señalamientos por presunto desperfilamiento técnico de su personal que se dedica a la prevención y atención de desastres en la jurisdicción y la entrega de una contratación millonaria a los bomberos de Itagüí, donde el mandamás ha sido Misael Cadavid, un aliado de Luis Pérez, provocó que el Área saltara a la palestra pública.

Las sospechas de que algo extraño ocurriría con la contratación allí pudieron superar la distancia que hay entre Medellín y Bogotá, pero extrañamente no hicieron espabilar a la Contraloría de Medellín ni la Contraloría de Antioquia -el año pasado la Contraloría de Antioquia ni siquiera hizo su acostumbrada visita de auditoría interna-.

Por eso, Todos por Medellín le pidió recientemente a la Contraloría General de la República que haga uso de la facultad preferente para hacer control fiscal excepcional para ocuparse de los contratos mencionados, así como los convenios interadministrativos firmados con entidades de desarrollo urbano que han creado varios municipios afiliados al Área Metropolitana y que estarían siendo vehículos para adjudicaciones a dedo y triangulación de contratos por más de medio billón de pesos.

Este diario le preguntó a la Contraloría de Medellín, como líder de la Comisión Regional de Moralización, qué se ha hecho a partir de la petición de la Secretaría de Transparencia y la respuesta fue que no ha encontrado la petición de esa oficina de la Presidencia de la República.

Por su parte, Palacio, el director del Área, aseguró que la auditoría interna no halló “irregularidades o hallazgos de carácter disciplinario, penal o fiscal”, algo contrario a la constatación que hicieron periodistas de EL COLOMBIANO con la lectura del documento y que presentamos a los lectores.

La plata que solo cambia de bolsillo

Hasta ahora el efecto más tangible de la queja ante la Presidencia ha sido el informe de auditoría de la oficina de Control Interno del Área, de noviembre pasado. Sus conclusiones no habían sido conocidas de manera pública y EL COLOMBIANO accedió a ellas.

En el caso de Arca, los denunciantes pedían que se esclareciera si el parentesco de un funcionario del Área, Raúl Cano Jaramillo, con una persona ligada a esa sociedad sin ánimo de lucro ha incidido en el desarrollo de 10 contratos y convenios suscritos desde 2016 y que en conjunto le significaron más de 6.000 millones en ingresos. Documentos en poder de este diario muestran el por qué de esa suspicacia. Resulta que existen posibles inconsistencias.

Uno de los convenios es el 202 de 2022 por casi $2.600 millones para fomentar el turismo sostenible en el Valle de Aburrá. Para empezar, no habría rastro de las consignaciones por 30% que Arca debía aportar, un problema que se repite en otros contratos con la misma entidad. Además, de la cuenta bancaria exclusiva de ese contrato se desembolsaron honorarios para Lina López como representante legal de Arca en aquel tiempo, y para Carlos Mario Henao —también del staff administrativo—, un gasto que debía asumir Arca y no el Área. Ese último personaje sería el mismo que ya había figurado en el escándalo de presunta corrupción de Colombia Avanza en el programa Buen Comienzo, en una escena donde dos personas estarían hablando de borrar grabaciones que servirían de evidencias a las autoridades.

Otro vaso comunicante entre los dos temas es una transferencia como pago de transporte por $34’740.000 de Arca a la firma Servicio de Entrega, que igualmente fue intermediaria de Colombia Avanza en la entrega de paquetes alimentarios a beneficiarios de Buen Comienzo. Y la cereza son varios desembolsos por más de $580 millones de Arca a la Escuela Politécnica Interactiva (EPI), que es su apéndice y, por lo menos en ese momento, la directora era la misma: Lina López. Es decir que la plata simplemente pasaba de un bolsillo a otro y sin un detalle pormenorizado de en qué se había gastado.

En septiembre pasado y tras ruidos sobre el tema, reemplazar a la supervisora por otro funcionario pero este renunció al mes siguiente por considerar que no había condiciones para cumplir la misión. En el correo de dimisión al encargo, del 11 de octubre, habló de las transferencias sin soportes debidos para terceros y de otras fallas.

La auditoría interna del Área se detuvo en otros dos contratos con Arca previos a esta administración, por $276 millones, para organizar actividades de cultura y recreación en Copacabana y Barbosa. Sobre ellos mencionó fallas protuberantes que siembran inquietud sobre la manera como se gastó la plata.

Al ser contactada por EL COLOMBIANO, la señora López dijo que ya no trabaja con Arca, pero de todas maneras contestó que tiene cómo demostrar que el 30% que le correspondía a la corporación por el convenio 202 sí se aportó, que los pagos de honorarios a su nombre no son irregulares porque fueron pactados en el Plan Operativo Anual de Inversiones. “El proyecto se ejecutó debidamente y los costos asociados a él corresponden a los del mercado”, puntualizó.

Zancos a precio de oro

Sobre Tenarco, la auditoría interna indicó que se cometieron algunos de los mismos “pecados” de Arca, uno de ellos, que la corporación no habría puesto la plata que le tocaba en los convenios. En el contrato 752 de 2021, el monto total eran $1.926 millones para fortalecer la industria cultural y creativa en el Valle de Aburrá y el aporte debía superar los $578 millones. También se habrían hecho compras sin soportes y en efectivo, lo que está prohibido.

Los auditores profundizaron en los elementos que ya habían trascendido por denuncias de EL COLOMBIANO y la veeduría Todos por Medellín sobre cinco convenios de asociación por casi $6.500 millones de 2020 a 2021 y que involucraban al director Palacio, el subdirector Villada y a Jorge Usme, gerente de Tenarco.

Algo escandaloso en su momento fue que dentro del convenio habrían comprado 15 kits para saltimbanquis (zancos de aluminio y vestuario) a $18 millones cada uno, cuando el costo aproximado en el mercado sería de 2 millones de pesos. Y aunque el argumento para la contratación directa fue la idoneidad basada en una experiencia de once años, Tenarco subcontrató con las fundaciones Cartama y Fundaeventos, que apenas se crearon en 2018 y 2019.

Ante esto, Usme contestó que los zancos valían incluso más porque eran de aluminio, y que los contrataron con corporaciones allegadas debido a que no había más quien los hiciera en el medio. Además dijo que tan es cierto que hicieron los aportes que les correspondían que aún le deben $600 millones a bancos, y la situación se empeora porque, por el escándalo sobre el tema, no han vuelto a contratar con entidades oficiales, que representaban el 90% de su operación. “Estoy a punto de cerrar la empresa”, aseguró.

¿Un político como intermediario?

La denuncia allegada a la Secretaría de Transparencia hizo hincapié en los supuestos sobrecostos y la no entrega de páginas web contratadas con Acopi para que los beneficiarios del acuerdo suscrito dieran su salto al ciberespacio. No obstante, la auditoría interna no mencionó hallazgos al respecto.

En círculos de la entidad se comenta la posible injerencia de Gabriel Jaime Rico, quien ha sido concejal de Medellín y tres veces candidato a la Alcaldía. En los últimos comicios, integró el comité de empalme de la administración de Daniel Quintero y muchos lo reconocen como allegado al polémico Miguel Quintero.

Rico actuó como gerente de Acopi en el Valle de Aburrá de septiembre del 2020 a enero de 2022, años en los que la entidad firmó dos convenios con el Área Metropolitana por casi $8.000 millones para promover emprendimientos digitales, las micro, medianas y pequeñas empresas.

Sin embargo, el político aclaró que los contratos se celebraron antes de su llegada y después de que salió del cargo para ir a un rol nacional. Fuera de eso, tanto él como la directora ejecutiva de Acopi Antioquia, María Elena Ospina, aseguraron, cada uno por aparte, que un acuerdo en la junta al ingresar Rico y justo para evitar suspicacias, fue que él no se encargaría de tramitar este tipo de contratos. “Su tarea era ser el puente, el enlace entre nuestras mipymes, sus necesidades y las entidades locales, regionales y nacionales, para temas de interés. Por ejemplo si las mipymes querían llegar hasta un ministerio, Gabriel Jaime podía hacerlo”, anotó Ospina, quien reiteró que siempre cumplieron con el objeto de los contratos y no incurrieron en sobrecostos.

Así contestó el director del área, Juan David Palacio

“El informe que la auditoria interna le remitió a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República contiene observaciones realizadas que no constituyen irregularidades o hallazgos de carácter disciplinario, penal o fiscal. Estas contemplan observaciones generales encaminadas a implementar acciones de mejora en el ejercicio de la función de supervisión por parte de los empleados de planta de la entidad frente a las cuales se tomaron las acciones pertinentes. Es de resaltar que dicho informe no contiene observación alguna relacionada con vicios de legalidad en la planeación, suscripción y selección; es decir no hay ninguna observación, en la que se dé cuenta de una violación a los principios y normas de la contratación estatal, ni que se evidencia detrimento patrimonial”.

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