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Ni con toda la plata del impuesto vehicular alcanza para reducir el hambre de 2 millones de antioqueños

FOTO: JULIO HERRERA
Juan Felipe Zuleta Valencia

Aunque en la Asamblea reconocen que la propuesta del gobernador tendrá la inversión más alta en la historia en un proyecto social, advierten que no existe todavía un verdadero plan para que la ejecución de recursos realmente ayude a reducir el hambre.

TOMADA DE:elcolombiano.com

Archivo:ElColombiano.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Si le preguntaran a los antioqueños qué es lo que más define hasta ahora al gobierno de Andrés Julián Rendón que cumple dos meses, seguramente la mayoría coincidiría en que es su propuesta para combatir el hambre. Gran parte de su agenda la ha destinado a promover esta iniciativa.

Por ejemplo, ha salido a las calles a repartir volantes y a pedirle a la gente que pague a tiempo su impuesto vehicular, recursos que, según le ha explicado a la ciudadanía, irán destinados a reducir el hambre que padecen dos millones de antioqueños.

Tras recibir el espaldarazo en las calles sobre la importancia de priorizar la lucha contra el hambre y también de recibir apoyo de las diferentes fuerzas políticas que le han manifestado su intención de acompañarlo en este propósito, Rendón radicó el pasado 14 de febrero el proyecto de ordenanza para que le aprueben la creación de un fondo alimentado con el impuesto vehicular con el fin de combatir la inseguridad alimentaria en Antioquia. Sin embargo, en el debate en el que los diputados lo discutieron por primera vez el proyecto no salió bien parado.

El diputado Luis Peláez, quien citó dicho debate el pasado martes 27 de febrero, señaló que si bien reconoce que esta será la inversión más importante en el departamento en un proyecto social (2,3 billones en el cuatrienio, según la Gobernación), lo que precisamente le preocupa es que no existe, por ahora, tal proyecto. Según señaló Peláez, hasta ahora lo que se tiene es un diagnóstico en el que todos coinciden sobre la gravedad del panorama. De acuerdo con cifras de Antioquia Cómo Vamos, el departamento tiene 490.000 hogares bajo inseguridad alimentaria. Es el 60% de los hogares. En números absolutos, está por encima del resto de departamentos. Y también quedó claro, al menos en líneas generales, la fuente de financiación. Lo que no se sabe, sostiene Peláez, es cuál es el plan, qué es lo que realmente propone Rendón para combatir el hambre, cómo piensa hacerlo, qué acciones ejecutará. Nada de eso, insiste, está en el proyecto de ordenanza radicado.

“Estamos hablando de una inversión histórica, pero la historia nos va a condenar si no somos capaces de generar resultados contundentes”, señaló Peláez, quien aseguró que, por ahora, la iniciativa del gobernador es solo un “relato bonito y eficiente” para recaudar impuesto, pero que es necesario, en primer lugar, aterrizar la expectativa y reconocer que no existen recursos para erradicar el hambre en dos millones de personas. Mantener este discurso, a la luz de los datos –según el cabildante– sería comparable a incurrir en “publicidad engañosa”, usando términos del derecho privado.

Y lo segundo, pide Peláez, es sentarse a construir la estrategia, la herramienta con la que van a atacar la inseguridad alimentaria estos cuatro años, apoyados en las organizaciones que llevan años de experiencia como el propio Buen Comienzo y su estrategia para garantizar alimentación 365 días del año a los menores beneficiados. El diputado insiste en que si el departamento se enfoca en esta estrategia la plata alcanzaría perfectamente.

Hay que hablar de cifras. Según Mónica Ospina, directora de Antioquia Cómo Vamos, la problemática que enfrenta el departamento es tan grande que en primer lugar habría que aceptar inicialmente la imposibilidad de cubrir a las familias con inseguridad alimentaria leve y a la población entre 18 y 59 años para concentrarse en las que la padecen de manera moderada y severa. Por ejemplo, excluyendo a Medellín de estas cifras, Antioquia tiene 116.000 niños de 0 a 5 años con inseguridad alimentaria de moderada a severa, 258.000 menores en edad escolar entre los 6 y 17 años bajo la misma situación y 158.000 adultos mayores en similares condiciones.

Puesto en términos de plata, se entiende mejor la dimensión del problema que tiene Antioquia y ahí es donde la meta del gobernador de reducir el hambre en dos millones de personas se queda corta ante el complejo panorama del departamento. Según Ospina, partiendo de costos que manejan los programas más o menos eficientes para enfrentar la inseguridad alimentaria en Colombia, arroja que, sin contar a la población de Medellín, se necesitarían más de $1,8 billones para atender a esos 532.000 niños de 0 a 5 años, población en edad escolar y adultos mayores que padecen graves riesgos de inseguridad alimentaria. Atenderlos de manera parcial con programas nutricionales que, en el caso de la primera infancia, podrían cubrir hasta el 70% del aporte nutricional requerido por cada niño; el 40% en el caso de la población escolar mediante una comida diaria en comedor escolar; y el 60% del aporte nutricional requerido por cada adulto mayor, ofreciéndole dos comidas diarias en comedor social.

Ofrecerle un aporte nutricional costaría cerca de $20.000 por persona, sin contar logística y partiendo del hecho de que solo se atendería a los adultos mayores en cascos urbanos.

Ospina recalcó que la magnitud del problema obliga a tomar decisiones adecuadas en cuanto a la distribución de recursos y la priorización de población. Por eso es necesario no solo hablar de recursos sino de estrategias para llegar a cada población con intervenciones complementarias: los complementos nutricionales a lo que les ofrece un programa in situ (estilo Buen Comienzo), en caso de la primera infancia; la entrega de mercados en los hogares, adicional a lo que la población escolar recibe en el PAE; y los bancos de alimentos para llegar a la población entre 18 y 59 años.

Entre las soluciones que plantea Antioquia Cómo Vamos para que la destinación de recursos disponibles sea eficiente en la lucha contra el hambre están focalizarse en poblaciones y regiones críticas. En Urabá y Bajo Cauca, por ejemplo, el 85% de los niños menores de 5 años padecen inseguridad alimentaria entre moderada y severa. Erradicar el hambre allí, entre esta población, significaría reducir drásticamente los índices de inseguridad alimentaria en primera infancia en Antioquia.

Ospina también señaló que hay que atacar el problema de la falta de agua potable que se ha agudizado en Antioquia. “Nada hacemos alimentándolos, pero teniendo deficiencias de acueducto y alcantarillado”.

La FAO también es partidaria de llevar la estrategia de lucha contra el hambre a un nivel superior, más allá de los programas de asistencia de alimentación. Y es que las cifras de la FAO revelan la grave crisis de soberanía alimentaria que tiene Antioquia. Según Yesenia Vélez, coordinadora técnica de la organización, Antioquia compra por fuera el 74% de la comida que consume (64% a otros departamentos y el 10% restante a otros países). Son 972 millones de dólares al año en alimentos como frijol, arroz y maíz que, de haber una sólida agricultura local, podrían reinvertirse y erradicar el hambre en el departamento.

El 26% restante de alimentos se producen en apenas 32 de los 125 municipios, lo que delata un grave problema de producción, distribución y acceso de alimentos.

Por eso la propuesta de la FAO es apoyar y poner a disposición del departamento lo que lleva haciendo hace años para descentralizar el abastecimiento y distribución de alimentos con estrategias de agrologística y asociatividad, algo que ya les ha arrojado resultados en Urabá, Norte y Bajo Cauca.

¿Qué es lo que propone entonces Rendón y qué tan viable es el fondo que propone?

Una de las principales preocupaciones que debía resolver la Gobernación en la Asamblea era la viabilidad del fondo y dar garantías del buen manejo de los recursos del impuesto vehicular.

En líneas generales, las explicaciones que entregó el secretario de Hacienda, Eugenio Prieto, dieron tranquilidad a los diputados. Prieto compartió un dato que es fundamental para entender la inversión que tendrá la lucha por la seguridad alimentaria en Antioquia durante este cuatrienio. En los últimos ocho años, apuntó Prieto, Antioquia destinó $188.000 millones en recursos propios para combatir el hambre. En contraste, solo para este año, la Gobernación planea un paquete por $324.000 millones para este fin.

También debió explicar Prieto que la distribución que tiene por ley el recaudo del impuesto vehicular no se tocará. Dicho de otro modo, solo una parte de ese recaudo realmente se destina a la lucha contra el hambre y el resto de los recursos necesarios durante estos cuatro años saldrán de otros sectores, por ejemplo, con la reducción del gasto administrativo. La cuantía proyectada de recaudo de impuesto vehicular en 2024 son $534.643 millones, pero tras descontar lo que debe destinarse al Fondo Nacional de Pensiones, a la ley 99 y a los municipios, quedan cerca de $381.000 para libre destinación. De allí sería la plata que salga de dicho impuesto para combatir el hambre.

Por su parte, Carlos Roldán, subsecretario de Prevención del Daño Antijurídico, intentó apaciguar las dudas sobre la viabilidad del fondo que pretenden crear para acopiar estos recursos contra el hambre. Roldán explicó que el fondo no tiene personería jurídica, no modifica la estructura administrativa y lo único que hace es tomar decisiones para invertir el recurso, garantizando el derecho de las veedurías y control ciudadano de hacer seguimiento a esta plata y su ejecución.

Lo que ha sostenido Rendón es que el objetivo del fondo es “evitar la intermediación a través del fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias y sociales, de los sitios más apartados de Antioquia, para que sean ellos quienes, siguiendo una minuta estricta del Ministerio de Educación Nacional, le provean alimentación escolar a nuestros niños y jóvenes de manera directa”.

Pero en lo que volvió a patinar la administración Rendón fue explicar el cómo, en especificar cuál es la propuesta que soporta la millonaria inversión. El secretario de Inclusión Social, Luis Giovany Arias, habló en su intervención sobre la posibilidad de dar continuidad y fortalecer las seis líneas estratégicas que vienen desde el gobierno anterior para afrontar la inseguridad alimentaria. No obstante, Luis Peláez le señaló que si bien era importante dar continuidad a los programas que funcionan, la inversión histórica de la que se habla obliga a tener una estrategia nueva y específica de este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión de Aníbal Gaviria frente a la lucha contra el hambre tuvo serios vacíos. “No tiene sentido ampliar de semejante manera el presupuesto para quedarse con las mismas metas viejas, que ya en sí eran pobres”, insiste el diputado.

La Asamblea le ratificó el apoyo al gobernador en esta iniciativa, pero le reclamaron, al menos desde el discurso, que es urgente definir cuál es la verdadera ruta más allá del discurso. Incluso corporados de la coalición llamaron la atención sobre la necesidad de que la administración Rendón entienda que el alcance de este proyecto tiene que ser mucho mayor al que hasta ahora asoma. El diputado David Fernández, de Creemos, lamentó, por ejemplo, que la secretaria de Agricultura, Rosa Acevedo, no haya comparecido en el debate. Pero de todos modos, pese a que desde los argumentos parece haber consenso en que el proyecto está cojo tiene todo el ambiente a su favor para que la bancada de coalición la apruebe como una aplanadora. “Ese es el problema de esas coaliciones incuestionables el primer año de mandato, que están en las mieles con el gobierno de turno, le aprueba de todo y no dimensionan las consecuencias que esas decisiones tienen posteriormente. Ya vimos lo que pasó en Medellín con el gobierno anterior”, recalca.

Peláez, quien le pidió al gobernador que modifique el proyecto de acuerdo y lo presente nuevamente, dice que quedó más preocupado después del debate. Tal como está planteado, lo que están pidiendo es tener más plata para obtener los mismos resultados. Peláez insiste en que con $595.000 millones, que los hay, es posible una cobertura total para atender a primera infancia y madres gestantes y luego crecer de manera progresiva con un verdadero programa de alimentación sostenible, eso sí, si el Gobierno Rendón es capaz de sentarse con organizaciones como Buen Comienzo, FAO, Fundación Éxito y Antioquia Cómo Vamos. Que pase del relato a la construcción de un plan aterrizado para intentar erradicar el hambre que agobia al departamento. El gobernador tiene los votos para aprobar el proyecto tal como está, concluye Peláez. Lo que falta ver es si existe la real voluntad de combatir el hambre de manera eficiente en el departamento y en ese sentido acepta robustecerlo como se requiere.

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