Organización Región de los Dos Ríos pide que se garantice permanencia de la comunidad en el territorio.
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La organización Región de los dos Ríos, que cobija al Nordeste, Bajo Cauca y al barrio Moravia como a uno de sus hijos, expresó este jueves su rechazo al desalojo anunciado del que serían objeto varias familias habitantes del Morro por parte de la alcaldía de Medellín en los próximos días.
Para intentar frenar el operativo -que busca ponerle fin a una presunta ocupación ilegal del territorio con la llegada de nuevos pobladores al Morro donde años atrás se había construido un jardín para evitar nuevos asentamientos humanos- el barrio fue declarado en emergencia humanitaria desde el pasado 17 de abril, figura con la que se busca encarar lo que consideran la defensa de sus derechos.
En un largo comunicado en el que menciona los antecedentes de cómo se formó el barrio y las intervenciones de que ha sido objeto y que han afectado a sus habitantes, Los Dos Ríos culpó a la alcaldía de Medellín de lo que ha venido pasando en este sector cercano al centro de Medellín desde 1984, cuando se decretó el cierre del basurero, luego de lo cual se han venido planteando diferentes proyectos para la rehabilitación del suelo, los cuales han fracasado porque los recursos se han embolatado “en los bolsillos de contratistas”, dice el comunicado.
Señaló que la Alcaldía tiene una deuda histórica con el territorio, debido a que no ha atendido a esta comunidad con servicios públicos adecuados, lo que ha generado riesgo y ha aumentado su precariedad y marginación social en la zona.
“Para pagar la deuda ambiental la administración municipal adquirió una serie de compromisos consistentes en el reasentamiento de las familias en el mismo sitio y la recuperación de suelo para hacerlo nuevamente habitable; sin embargo, todos los compromisos adquiridos por la administración han sido incumplidos”, señala la Organización, por lo cual el Morro fue declarado como Refugio Humanitario desde febrero para exigir la instalación de una mesa de diálogo, la cual, dicen, recibió como respuesta una orden de desalojo, hecho que la comunidad rechaza exigiendo que este procedimiento se detenga y se garantice la permanencia de la comunidad en el territorio.
El pasado lunes 18 de abril, en la vía Regional junto al Morro de Moravia hubo manifestaciones contra el fallo de un juez de segunda instancia que destrabó la orden de desalojo que ya había dado la alcaldía y que había sido detenida por un fallo de otro juez de primera instancia.
El desalojo busca detener la ocupación presuntamente ilegal que varias familias han hecho del Morro desde mediados del 2021 y que tiene en riesgo el territorio
Hay que recordar que en 2013 se concluyó la reubicación de más de 1.700 familias que poblaban el Morro, que se transformó en un gran jardín público, sobre el que hoy hay nuevos asentamientos y construcciones, que se han convertido en una dificultad que las autoridades tratan de resolver.
La Secretaría de Gestión y Control Territorial calculó que para mediados del año pasado eran al menos 100 las viviendas que se habían levantado ilegalmente en la zona. Líderes del sector han dicho, sin embargo, que las personas que empezaron a asentarse allí pertenecen a familias que en 2013 no alcanzaron a ser reubicadas.
Pese a que el desalojo ya fue autorizado por un juez, el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, manifestó que la administración municipal, antes de ejecutar el operativo, adelanta una caracterización de la población para llevar la oferta institucional de todas las secretarías.
Este viernes en la mañana los líderes de Moravia anunciaron una rueda de prensa en la cual ampliarán esta información y ofrecerán su versión de lo que acontece en su territorio.