JULIE GONZÁLEZ ORTEGA
En los últimos años se ha recrudecido la violencia en los Montes de María, solo en 2022 hubo 102 asesinatos. Las comunidades piden acciones al Gobierno.
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Montes de María se ha caracterizado por ser un territorio lleno de resiliencia. Si bien los años más álgidos del conflicto armado dejaron profundas heridas que aún están siendo curadas, lo cierto es sus habitantes han buscado la manera de quitar el estigma de violencia para que esta subregión sea reconocida como un territorio de paz.
Sin embargo esa lucha se ha visto truncada por el resurgir de los grupos armados ilegales que en los últimos años han ido ganando fuerza en los 15 municipios que hacen parte de este territorio. En Bolívar se trata de Marialabaja, Zambrano, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, El Guamo y Córdoba; mientras que en Sucre, de Ovejas, Chalán, Colosó, Los Palmitos, San Antonio Palmito, San Onofre, Morroa y Toluviejo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, solo en 2022 se registraron 102 homicidios en esta subregión, superando así los registros de años anteriores, pues en 2021 se presentaron 90 y en 2020, 64.
Los municipios con mayor número de muertes violentas fueron El Carmen de Bolívar (33), San Onofre (18), Marialabaja (14), San Jacinto (10) y Ovejas (7).
Frente a esta situación, en diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el riesgo que corren las comunidades de los Montes de María frente a la expansión y consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, que en algunas zonas incluso estarían usurpando funciones del Estado en cuanto a la resolución de conflictos e imposición de sanciones.
“Hemos encontrado que las AGC buscan imponer su dominio sobre liderazgos sociales, comunitarios, comunales, juveniles y personas defensoras de derechos humanos. Para ello, acuden a las amenazas directas e indirectas, provocan desplazamientos o atentan contra su vida o bienes”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
A esto se sumó un llamado de la Procuraduría General de la Nación al Gobierno nacional para atender la crítica situación que se vive en el territorio. “La Procuraduría solicitó al Comisionado de Paz convocar de manera urgente a una reunión interinstitucional que permita tomar decisiones frente a las múltiples afectaciones que están padeciendo los pobladores de esta región del país”, dijo el ente de control a través de un comunicado.
Aún así, las comunidades no han sentido el respaldo del Gobierno para controlar la situación. Frente a esto, los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización de los Montes de María emitieron una proclamación pública en la que le insistieron al Estado atender sus requerimientos.
“Se ha solicitado reiteradamente al Gobierno nacional, por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, a dialogar con la sociedad civil sin obtener una respuesta clara. Muy a pesar del llamado de la Procuraduría General de la Nación para tomar decisiones urgentes dado el accionar violento y sistemático del Clan del Golfo, aún no tenemos respuesta alguna de ningún ministerio o entidad gubernamental”, manifestaron.
La ausencia del Estado
De acuerdo con Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, el reposicionamiento del Clan del Golfo en los Montes de María se da por la falta de garantías que ha tenido la población para el pleno goce de sus derechos, aún después de la Ley de Justicia y Paz en 2005 y de la firma del Acuerdo de Paz del 2016.
“El Clan del Golfo ha ido evolucionando hacia una organización de estructuras fragmentadas que se moviliza en grupos de entre 4 y 10 integrantes. A la vez, construye una red de alianzas, franquicias y múltiples actores como base para el despliegue de actividades ilegales como microtráfico, extorsión, depredación de los recursos públicos, naturales y la venta de seguridad”, explicó el profesor.
102
muertes violentas se registraron en los Montes de María durante el 2022.
A esto se suma una relación con las comunidades basada en la coerción a través del apoyo en tareas comunitarias como arreglos de vías o ayudas escolares.
“Siempre se consideró que Montes de María era el territorio que el Estado había recuperado, desafortunadamente esas fueron políticas gubernamentales, no políticas públicas. De allí que la no continuidad de esas políticas y la reducción del pie de fuerza en los últimos años hayan facilitado a los actores armados ilegales el manejo del territorio”, aseguró Daniels.
Otro factor que anota el docente es la limitada capacidad institucional que tienen los municipios de los Montes de María, que hasta el año 2020 no superaban los 45 puntos en el índice de desempeño municipal calculado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual va de 0 a 100.
“En Montes de María la mayoría de los municipios a lo largo de las últimas décadas no logran tener el mínimo del índice de capacidad de desempeño municipal. Esto refleja que la cantidad de recursos que están llegando a los municipios son mal utilizados, hay procesos de corrupción y no logran darles la garantía de bienes y servicios a la población”, afirmó Daniels.
Piden plan de choque
El Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena ha estado acompañando a los Consejos Territoriales de Paz de los Montes de María en la creación de un modelo de seguridad territorial para esta subregión.
“Hay que hacer un plan de choque con educación, salud y prevención, porque hay muchos jóvenes en el microtráfico y hay que tener fuentes de generación de empleo. Además un plan de choque en materia de soberanía alimentaria porque la gente en estos momentos está pasando hambre”, aseguró el profesor Amaranto Daniels.
Para el experto, el plan de choque debe ir más allá de la seguridad ciudadana y el orden público e incluso también pensar en aspectos como la gestión ambiental.
En algunas zonas, el Clan del Golfo ha usurpado funciones del Estado.
“En el estudio realizado por la UdeC es llamativo cómo con las explotaciones de gas y petróleo adelantadas por el Bloque Sinú – San Jacinto se han perforado más de 40 pozos y según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, municipios como El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, Colosó y Marialabaja desde 2008 presentan deficiencias hacia el futuro en la provisión de agua potable”, alertó Daniels.
Este aspecto también contribuye a la continuidad del conflicto ya que hay una disputa alrededor del agua entre productores de palma, ganaderos y arroceros. Es por esto que dentro del plan de choque también se le debe prestar atención a la protección de los recursos naturales.
“La seguridad territorial implica que el territorio debe garantizar una estabilidad desde la gestión ambiental, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático de la población”, dijo el director, ya que fenómenos como sequías e inundaciones también afectan a los habitantes de estas zonas.
En este sentido, el llamado es al Gobierno nacional a dialogar con las comunidades y así poner en marcha este plan de choque. “La comunidad tiene fe en que la Paz Total llegue a Montes de María, pero cuando ocurren casos como asesinatos, la gente tiene mayor incertidumbre, preocupación, temor y miedo porque no ven que hayan en este momento condiciones de seguridad”, puntualizó el profesor.
Por ahora, lo que esperan desde los Consejos Territoriales de Paz es que se pueda concretar la reunión con los representantes del Gobierno y así comenzar a dar pasos contundentes para devolver la tranquilidad a los Montes de María.
