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Medellín y Bello van para su cuarto desacato a la justicia y se tiran la pelota en obras finales de quebrada La Madera

Juan Felipe Zuleta Valencia

No conformes con haberle hecho el quite a la justicia para dilatar su responsabilidad, alcaldías pararon las obras y aseguran que no hay plata para continuar. El riesgo sigue siendo alto.

Pasaron ya más de seis meses desde que la Alcaldía de Medellín quiso vender como un logro una burla a la justicia que incluso tuvo al alcalde Daniel Quintero a punto de ser sancionado.

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A finales de enero de este año la Alcaldía anunció de manera rimbombante que solucionaría “definitivamente la problemática de inundaciones de la quebrada La Madera, que lleva diez años afectando a la comunidad”.

Realmente lo que estaba haciendo era cumplir con un fallo de la justicia que en agosto de 2021 se pronunció a favor de una acción popular que concluyó que las alcaldías de Bello y Medellín vulneraron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, prevención de desastres y el ambiente sano de los residentes de la franja de la quebrada La Madera y les ordenaron entregar el estudio técnico sobre las condiciones hidrológicas e hidráulicas de la quebrada, así como determinar las obras requeridas para atender la erosión, socavación, taludes y riesgos de inundación en las inmediaciones de la carrera 76C, entre Medellín y Bello.

La Alcaldía de Medellín había decidido hacerle el quite a su responsabilidad pero tras tres incidentes de desacato no le quedó de otra que destinar $3.100 millones para cumplirle a este sector.

Entregar la plata fue lo único que hizo, pues como Bello ya había iniciado las obras que le correspondían, la alcaldía de Quintero hizo la fácil y se acomodó a los diseños y presupuesto de Bello y así zanjó el asunto por su parte.

Con un presupuesto de cerca de $7.000 millones, Bello se hizo cargo de las obras y, en parte, le tocó iniciar desde cero en julio de 2022 luego de una borrasca que mostró el potencial devastador de la quebrada contra los residentes de los barrios Santander, París, Maruchenga y otros.

Pero la pesadilla y el riesgo para los habitantes de estos sectores no acabó. Hace más de mes y medio los trabajadores recogieron herramientas y hasta el sol de hoy.

Según explica Juan José Largo, líder comunitario vinculado a este proceso y aspirante al Concejo de Medellín, la razón es insólita: Bello dice que se acabó la plata. Resulta que tras presentar varios retrasos (la obra debió quedar lista en mayo pasado), Bello ajustó el cronograma para entregar en octubre, pero se le olvidó una ‘bobadita’: no asignó presupuesto para ampliar la interventoría hasta octubre y sin interventoría no puede haber obra.

Esta situación tiene a los equipos jurídicos de ambas alcaldías corriendo de un lado a otro en reuniones para encontrar la solución al nudo jurídico y determinar a quién le toca poner la plata faltante. Ambas se tiran la pelota.

Consultada sobre el tema, Bello respondió que las obras en su jurisdicción van en el 85% y están esperando a que EPM (cuya intervención también fue ordenada por la justicia) termine de tirar las redes que le corresponden para poder avanzar con el arreglo de las vías. Por otro lado, la Alcaldía de Medellín respondió con silencio al ser interrogada sobre esta situación.

Del lado de Bello ya hay construidos 16 de los 20 pilones del diseño original y el muro. Del lado de Medellín están las socavaciones para los pilones y falta el muro. Y mientras las dos alcaldías se enredan en burocracia para cumplirles a estas comunidades las amenazas siguen latentes y la mala calidad de vida siguen a la orden del día.

Tal vez el caso más ejemplar es el de Nora Arroyave Silva, su esposo y vecinos. Resulta que aunque la Alcaldía de Medellín no quiso untarse de las obras, sí se mostró implacable para obligar el desalojo de cuatro predios en alto riesgo sin ofrecer solución de vivienda a sus habitantes.

Según Nora, el día que la Alcaldía armó un operativo para sacarla a ella y a su esposo (ambos mayores de 60 años) de la casa y a tres adultos mayores con más de 80 años, que son sus vecinos, fue tal la vulneración que ella colapsó y fue necesario llamar una ambulancia de urgencia. Cuenta Nora que al ver su delicada situación de salud los funcionarios de la Alcaldía salieron despavoridos y la dejaron tirada en una ambulancia al frente de la León XIII.

El problema es que la quebrada socava parte de la casa que Nora y su esposo han habitado toda la vida y esto genera que haya desprendimiento de material que cae y afecta a los adultos mayores vecinos. Para ellos la interrupción de la obra genera un alto riesgo contra sus vidas porque en caso de ocurrir un nuevo aguacero que haga crecer la quebrada sus aguas golpearían contra el muro que ya tiene construido Bello y al no estar el de Medellín rebotarían contra estas casas y podría arrasarlas.

Construir un muro cuyo valor asciende a unos cuatro millones de pesos es la única solución para evitar que la quebrada siga generando estragos en el inmueble y contener los riesgos. Pero ni ella ni su esposo y menos sus tres vecinos adultos mayores están en capacidad de costear el arreglo. Si alguien puede dar una mano bien sea con material o algo de recursos, puede comunicarse con Nora al 324- 645-96-82.

En cuanto a la incertidumbre de la obra, Juan José Largo dice que ya adelantan el cuarto incidente de desacato porque, lastimosamente, contrario a lo que pregonan, lejos de hacerlo por la convicción de ofrecerle soluciones a la ciudadanía las alcaldías –y sobre todo la de Medellín– solo se mueven a punta de reclamos y procesos ante la ley.

 

 

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