POR NELSON MATTA COLORADO |
Noventa y tres bandas, integradas por aproximadamente 2.925 personas, son las priorizadas por las autoridades para luchar contra el crimen organizado del Valle de Aburrá en el cuatrienio, según la más reciente actualización del Inventario Criminal Unificado 2020.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento, elaborado para definir los objetivos comunes, articular los esfuerzos de diferentes organismos de seguridad y hablar, entre todos, un idioma común en cuanto a estructuras delictivas y cabecillas se refiere.
La actualización se produjo hace un mes, tras una serie de conversaciones en las cuales participaron 25 delegados de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, los grupos especiales de la Policía (Dijín, Dirán, Sijín, Sipol, Gaula, etc.), Fiscalía, CTI y Cuarta Brigada del Ejército. Las mesas técnicas son mensuales, aunque las principales actualizaciones son de carácter semestral o anual, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.
De las cerca de 350 bandas que actúan en el área metropolitana, los investigadores seleccionaron 93, por considerar que son las más estructuradas, de mayor capacidad financiera y militar, y que se constituyen en una amenaza latente para la comunidad.
Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa, están clasificadas de dos maneras: 1). Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que son confederaciones de bandas con influencia en una o más comunas y municipios al mismo tiempo, de las que el inventario reconoce 10; 2). Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), con injerencia en uno o varios barrios, de los cuales se priorizaron 83.
La mayoría de estos grupos están concentrados en Medellín (5 GDO y 67 GDCO), le siguen los municipios del Aburrá Sur (2 GDO y 11 GDCO) y el Aburrá Norte (3 GDO y 5 GDCO).
Según el Inventario, por encima de estas organizaciones hay tres macroestructuras que las coordinan, las cuales tienen tentáculos en el área metropolitana y varias subregiones de Antioquia. Las primeras dos son facciones rivales dentro de la mafia conocida como “la Oficina”: una es denomina el “Cuerpo Colegiado”, que agrupa 5 GDO y 43 GDCO, lo que significa el 51 % de la bandas del catálogo; la otra es la “Alianza de Estructuras Criminales”, con 3 GDO y 36 GDCO (42 %).
La tercera macroestructura es el “Clan del Golfo”, que en este territorio asocia 2 GDO y 4 GDCO (7 %).
De esta manera, la clasificación de las autoridades reconoce tres niveles, en los cuales se interrelaciona la compleja maraña ilegal: las macroestructuras o facciones (Valle de Aburrá), los GDO (comunas) y los GDCO (vecindarios).
Y, una vez hecho esto, les asigna las misiones a los equipos, agencias y fiscales responsables de atacar cada blanco. Para 2020 hay 46 operaciones planeadas y ya se han ejecutado cuatro; para 2021, hay 26 diseñadas hasta ahora.
Varias de esas operaciones están focalizadas en mitigar el impacto de dos conflictos activos: el de Bello, que enfrenta a “Pachelly” contra “el Mesa” y “Niquía”; y el de Castilla, que involucra a “los Mondongueros”, “los Machacos” y “la 40”.
Para Jorge Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la UPB, algo positivo de este Inventario es “la caracterización de los grupos y su conformación, para seguir entendiendo la estructura del crimen organizado en el contexto urbano y de operación transnacional. Al tener esta identificación se pueden establecer áreas de priorización y de intervención estatal”.
No obstante, hace énfasis en que también debería reconocer las conexiones de estos grupos por fuera de Antioquia, “se va complejizando cada vez más la confrontación a las estructuras delictivas, teniendo en cuenta que su estructura nodal permite que rápidamente se rearmen, además porque el apoyo externo se los permite”.
Unos entran, otros salen
Los organismos que participan en este proceso, consideran que el Inventario Criminal Unificado es un triunfo de la cooperación y el intercambio de información, que facilita entender la ilegalidad y focalizar los esfuerzos; no obstante, su implementación desde 2017 no ha estado exenta de polémicas.
“A veces se presentan discusiones entre agencias y se llega a acuerdos sobre la inclusión o exclusión de un grupo en esa lista. En algunos casos, la exclusión se justifica, porque se trata de una banda debilitada, que ya no genera amenazas; pero en otros, termina beneficiando a grupos que quieren mantener un bajo perfil y evitar investigaciones en su contra”, expresó uno de los investigadores que participa en estos debates, solicitando la reserva de su identidad.
En septiembre de 2019, por ejemplo, se tomó la decisión de descender de categoría a la organización “Picacho”, que delinque en las comunas de Castilla y Doce de Octubre, así como en el suroccidente de Bello, articulando combos de esos sectores. Al cambiarla de GDO a GDCO, la consecuencia fue que la investigación en su contra ya no estaría asignada a la comisión de la Dijín que fue enviada desde Bogotá y maneja recursos del nivel central de la Policía, sino a cargo de la Policía local.
Otra estructura que fue recategorizada y bajada de GDO a GDCO fue “San Pablo”, que coordina combos de las comuna Popular y Manrique, y la vereda Granizal de Bello.
En el caso de “Pachelly”, que delinque en Bello, Copacabana, Barbosa, el Norte y Nordeste de Antioquia, los participantes en estas juntas de Inteligencia la bajaron a GDCO en 2017, pero la volvieron a subir en 2019, al darse cuenta de que durante el tiempo en el que no fue priorizada, se fortaleció al punto de convertirse en un riesgo para varias subregiones del departamento.
Este bajo perfil también permitió que “el Mesa”, que durante mucho tiempo fue considerado un simple combo de Bello, lograra extender sus tentáculos hasta consolidarse en amplios sectores de Bogotá y Cundinamarca. Solo hasta el año pasado fue considerada una GDO y priorizada su persecución desde el Inventario.
De igual manera, fue polémica la decisión tomada en 2018 y sostenida hasta ahora, de recategorizar a los combos del Centro de Medellín, autodenominados “convivires”, los cuales serían cerca de 16 (“Convivir del Bronx”, “Convivir de La Aurora”, “Convivir de San Antonio”, etc.). A juicio de los participantes en el debate, hoy esas “convivires” funcionan como extensiones de las GDO “Caicedo” y “la Terraza”, por lo que al mirar el mapa criminal del Centro, apenas salen esos dos actores. Para ciudadanos que trabajan en la zona, consultados por este diario, es un contrasentido, pues quienes les cobran extorsiones y vacunas por vigilancia informal, se siguen llamando “convivir” y son varios grupos, con jurisdicciones que cambian de una manzana a otra.
Entre las novedades del último listado está la inclusión del GDCO “Aguasfrías”, que luego de haber padecido varios operativos entre 2010 y 2012, había salido del panorama. Sus actividades se reactivaron en la frontera de Altavista con Belén (suroccidente de Medellín).
Ideas para ser más efectivos
Jorge Giraldo, docente de la Escuela de la Escuela de Humanidades de Eafit y estudioso del crimen organizado, comentó que para ser más efectivos en la lucha contra las bandas, los organismos de seguridad deben ampliar el espectro de su interpretación sobre el fenómeno.
“Por lo general, la clasificación de estos grupos se basa en actividades de narcotráfico y homicidios, pero en esos dos delitos no se agota la delincuencia, hay muchos grupos involucrados en economías legales, por ejemplo”, dijo.
“Los Triana”, “Pachelly” y “París” se están lucrando cada vez más de la comercialización de productos de la canasta familiar y la distribución de gas reenvasado en pipetas; “la Agonía”, “los Negritos de Miramar”, “los Pájaros” y “la Camila” obtienen millonarios ingresos por la venta de lotes, por citar algunos casos.
“Muchos grupos del Valle de Aburrá tienen fuertes raíces sociales y económicas, por eso la estrategia convencional de solo capturar cabecillas no sirve para desmantelarlos. Valdría la pena que se preguntaran por lo que hacen las bandas alrededor de los centros comerciales, las centrales de abasto y las economías barriales. La invitación a las autoridades es a ampliar su visión del crimen”, afirmó el experto.
Sobre este punto, otra de las novedades del Inventario es gestionar ante las instancias superiores del nivel central, la inclusión en el listado de “dos organizaciones de trata de personas de carácter transnacional, con sus orígenes y coordinadas desde Medellín”, según el documento.
Rico señaló que “es fundamental que se comience a enlazar a este inventario, los enlaces nacionales con grupos armados que operan en el territorio colombiano y que se enlazan a su vez con otros internacionales”.
Ejemplo de esto son las alianzas entre “el Mesa” y el Eln, “Pachelly” y las disidencias de las Farc o “La Sierra” y el “Clan del Golfo”.
Para eso, propone que se establezca una integración nacional, mediante “una mesa multilateral estratégica entre ciudades, que tengan el interés común de la lucha contra el crimen organizado”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
GOLPES ARTICULADOS DESDE EL INVENTARIO
En 2020 se han presentado capturas de objetivos importantes, que habían sido priorizados en el Inventario Criminal. Entre ellos:
– Dairon Muñoz (“el Indio”), cabecilla del GDO “Trianón”, capturado en Envigado el 23 de julio.
– John Pabón (“Toño”), cabecilla del GDO “Robledo”, detenido en Copacabana el 23 de julio.
– Cristian Duque (“Cristian Chata”), cabecilla del GDO “Los Chatas”, arrestado en Santa Rosa de Osos el 20 de junio.
– Josué Osorio (“Chepe”), enlace del “Cuerpo Colegiado”, capturado en El Carmen del Viboral, el 23 de abril.
– Andrés Bustamante (“Tréllez”), cabecilla del GDO “La Terraza”, detenido en Bello el 11 de febrero.
