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Las casas ilegales en Bello se van para el suelo

Las llamas se propagaron como un virus por la ladera del imponente cerro Quitasol, en el municipio de Bello, entre el 8 y el 11 de agosto de 2020. El fuego arrasó con el bosque, y para contenerlo se requirió el esfuerzo combinado de 16 bomberos, nueve socorristas de la Defensa Civil, 16 uniformados del Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea con un helicóptero equipado con una canasta de agua.

Con la vegetación tostada y la humareda aún bramando dentro del pasto negro, la secretaria de Seguridad Daniela Ortega sentenció: “Los incendios no fueron producto de hechos naturales, sino con fines criminales, se produjeron para la venta ilegal de lotes y su posterior invasión”.

TOMADO DE: elcolombiano.comAntioquia - Medellín | El Colombiano, noticias.

Advirtió que “no permitiremos ninguna construcción ilegal, judicializaremos a todo el que llegue con materiales de obra y se intente apoderar de esos lotes. Estaremos demoliendo toda construcción que no cumpla los requisitos”.

La urbanización ilegal en Bello es un fenómeno que entró en auge en esta década, pero en los últimos tres años se disparó de la mano de las bandas criminales, que encontraron en ese negocio un lucrativo ingreso financiero.

Estas organizaciones, tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, utilizan su poder armado para copar territorios y mapear lotes, que son vendidos a personas de escasos recursos, por precios que llegan hasta los $15 millones. También suelen venderles los materiales, que adquieren en depósitos por medio de la extorsión a sus dueños.

En muchos casos, estos ranchos o casas son erigidos en sitios considerados como reserva forestal o áreas protegidas, por su biodiversidad. Tal es el caso del cerro Quitasol que da sombra al costado occidental del municipio.

Luis Fernando Saldarriaga, director de Espacio Público de la localidad, explicó que la ocupación de las laderas de esa montaña es bastante grave, en particular en los sitios que colindan con la zona urbana. “Eso está por todos los lados, pero sobretodo uno encuentra esas construcciones en la parte alta del barrio El Mirador, en Niquía Camacol y Bellavista”, comentó.

El funcionario indicó que el problema se observa en otras cumbres distintas al Quitasol, como en La Camila, Nuevo Jerusalén, Araucarias y la parte alta de la urbanización Amazonía. “Los combos se apoderan de esos sectores, hacen las quemas, dividen los lotes y los venden mediante actos de compraventa”, dijo.

Fuentes de la Policía indicaron a este diario que las bandas más involucradas en ese negocio son “los Chatas”, “Niquía Camacol”, “la Camila” y “Pachelly”, que delinquen desde los años 90 en el norte del Valle de Aburrá. Los ingresos que les deja esta actividad se suman a los del narcotráfico, la extorsión, sicariato, lavado de activos y pagadiario, entre otros.

De acuerdo con Saldarriaga, son frecuentes los recorridos en los que encuentran ranchos levantados en el bosque, los cuales son desmantelados de forma manual.

En respuesta a un cuestionario enviado por EL COLOMBIANO, la Secretaría de Seguridad bellanita afirmó que este año también se han demolido otras edificaciones e invasiones no autorizadas “en predios de propiedad del Municipio de Bello, en sitios como: Tierradentro, Niquía, La Camila, Villa Linda, Guasimalito, El Tapón y Panamericano”.

En agosto, en el barrio Santa Ana, sector Serramonte, incautaron elementos de construcción e intervinieron algunas excavaciones, en las que desconocidos pretendían erigir viviendas.

Y la semana pasada, en una revisión rutinaria para chequear los efectos de la temporada de lluvias, los técnicos de la Oficina de Gestión del Riesgo encontraron más construcciones invasivas en los sectores Girasoles, Potrerito, San Martín y Molinares.

Plazas de vicio al suelo

Además del loteo ilegal en terrenos baldíos o de reserva forestal, en esta localidad del norte del Valle de Aburrá (al igual que en otras del área metropolitana) se presentan fenómenos de destinación ilícita de inmuebles en el área urbana, también aunados a los grupos criminales.

El pasado 1 de septiembre la Alcaldía, la Policía y el Ejército ejecutaron un operativo en los sectores El Tapón y El Hueco, a un costado de la quebrada La García. Allí fueron demolidas con maquinaria pesada 25 casas: siete que estaban en riesgo de ruina, y 18 que “estaban siendo utilizadas para el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas”, declaró el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En esas propiedades se surtían las plazas de vicio de las bandas “el Tapón” y “el Mesa”. Según el oficial, destruyéndolas “se afectan sustancialmente las rentas criminales de las estructuras delincuenciales que tienen su accionar en este municipio”.

En las siete casas que estaba a punto de caerse, vivía el mismo número de familias. La secretaria Ortega manifestó que 30 días antes se realizó el censo correspondiente, y que a estas personas se les dio un subsidio de arrendamiento por tres meses, para que se ubiquen en otro vecindario.

En el lugar donde fueron demolidas las plazas de vicio habrá un proceso de embellecimiento del espacio, con ornato, huertas comunitarias y un gimnasio al aire libre.

Que el Estado llene el vacío

Por estos casos de loteo ilegal y destinación ilícita de propiedades no hay ningún responsable capturado hasta el momento, según la Secretaría de Seguridad, “pero queremos invitar a los ciudadanos que han sido víctimas de estos actos ilegales a que denuncien. Como administración municipal ya hemos denunciado estas acciones y no vamos a permitir que se sigan presentado, tenemos una ruta de intervenciones que se llevarán a cabo en todas las invasiones que tenemos identificadas”.

Jorge Andrés Rico, docente de Ciencias Políticas de la UPB, expresó que “derribar la infraestructura utilizada por la delincuencia debe ir acompañado de un proceso de ocupación institucional, en el que no solo sea la Policía, sino otras áreas del Estado, las que comiencen a operar allí, evitando que se agudice el problema”.

A su parecer, el plan de las demoliciones “debe ser complementado con acciones que busquen la sostenibilidad de la medida, a partir de no abandonar el espacio y sus fronteras. Esta es una estrategia relevante, teniendo en cuenta que significa tener una revisión de la seguridad articulada a lo urbano, lo cual propone que el urbanismo haga parte de una consolidación de la sociedad, en donde no es solo infraestructura sino la generación de un contexto seguro e integrado a la ciudadanía”.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

· Otro método que emplean las bandas criminales de Bello para apoderarse de propiedades, según la Policía, es extorsionar a los constructores de edificios. Les piden varios apartamentos, a cambio de permitirles hacer la obra en los territorios bajo su dominio.

· Las bandas más involucradas en esta dinámica son “los Chatas”, “Pachelly”, “Niquía Camacol” y “el Mesa”.

· Precisamente a esta última, la Policía y la Fiscalía le embargaron 100 bienes el mes pasado, valorados en $200.000 millones. Se trata de casas, fincas, apartamentos y locales, entre otros, ubicados en los departamentos de Antioquia, Sucre y Vaupés.

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